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Los deportados salvadoreños en tiempos de Trump

Por Edgardo Ayala, IPS,16 marzo 2018

Este
reportaje especial forma parte de un trabajo monográfico de IPS sobre los
deportados salvadoreños en tiempos de Trump

David
Antonio Pérez, de 42 años, pasó recluido cinco años en varios centros de
detención para indocumentados en Estados Unidos, lo que duraron sus recursos
ante la justicia para evitar la deportación. De regreso a El Salvador, donde ya
fue deportado otras dos veces, su futuro está marcado por la derrota y la
incertidumbre. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

SAN
SALVADOR, 16 mar 2018 (IPS) – Cargando un saco de nylon rojo, en el que trae un
par de zapatos viejos y unas pocas pertenencias más, David Antonio Pérez llega
a El Salvador, deportado de Estados Unidos.

David
Antonio, de 42 años, 12 de ellos viviendo en la nación norteamericana y padre
de dos hijos, ha pasado cinco años preso en centros de detención de
indocumentados de tres ciudades del estado de California, porque su caso
migratorio se fue alargando por los recursos que interpuso en los tribunales
del país expulsor para evitar que se consumase su repatriación.
“Después
de ese encierro, mis planes son salir, ahorita quiero ir a comer, y el resto de
la tarde caminar y sentir la libertad”, cuenta a IPS tras finalizar el proceso
de ingreso al país, en el gubernamental Centro de Atención al Migrante,
dependiente de Dirección
General de Migración y Extranjería
(DGME) y ubicado en el este de la
capital.
David
Antonio retorna a El Salvador un miércoles, junto a otras 96 personas, en uno
de los vuelos fletados por la administración federal estadounidense, procedente
de la sureña ciudad Houston, del estado de Texas.
“Tengo
sentimientos encontrados, me siento contento, estoy en el lugar donde nací,
estoy libre, pero no quería venir en estas condiciones”, asegura David Antonio,
mientras da sus primeros pasos por las calles de San Salvador, en busca de un
lugar para comprar cargador para su teléfono celular para comunicarse con sus
familiares.
Cálculos
internos sitúan en unos 2,8 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos,
una diáspora que se intensificó en la década de los 80, cuando muchos
decidieron huir de la guerra civil que entre 1980 y 1992 azotó a este país de
7,3 millones de habitantes.
El
Salvador, el país más pequeño de América Central y el tercero en población, es
el que cuenta con más emigrantes del istmo, según datos de las Naciones Unidas.
Al menos
tres aviones, procedentes de Estados Unidos, y tres buses, de México, llegan
semanalmente a ese centro con un promedio de más de 460 personas deportadas.
Los
sueños de los deportados de encontrar un mejor horizonte se convirtieron en
pesadilla el día en que la “migra”, como se conoce a la policía migratoria
estadounidense, o autoridades mexicanas los detuvieron y comenzó el proceso de
devolución a su país.
Pese a la
existencia de algunos programas gubernamentales de apoyo a las personas
deportadas –escasos y de poco alcance—, los repatriados llegan a El Salvador
con pocas posibilidades de reinsertarse económica y socialmente, sobre todo
aquellos que han pasado una o más décadas viviendo en los Estados Unidos.
Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Muchos
llegan sin siquiera el dinero necesario para transportarse hacia sus lugares de
origen, en ciudades, pueblos y aldeas del interior del país.

“Ahorita
estoy viendo cómo me voy para la casa, donde viven mis padres, no tengo dinero
y estoy viendo quién me da jalón (transporte gratis) al menos hasta San
Miguel”, explica a IPS un deportado, que como otros muchos no quiere
identificarse por el estigma que pesa sobre ellos: el prejuicio de que se les
expulsó por haber cometido algún delito en Estados Unidos y que en cualquier
caso fracasaron.
San
Miguel es la capital del oriental departamento del mismo nombre, y desde ahí
debe viajar hasta Santa Rosa de Lima, su destino final, a unos 160 kilómetros
de San Salvador.
El personal
del centro brinda alimentación, llamadas telefónicas gratis, transporte a las
tres terminales de autobuses en San Salvador, ropa, kits de higiene y consultas
sanitarias, en coordinación con médicos del Ministerio de Salud, señala a IPS
la jefa del Área de Retorno Terrestre de la DGME, Krissia Borja.
En 2017,
casi 27.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos y México, lo que
globalmente representa una reducción de 50,68 por ciento, en comparación con
2016, según cifras oficiales. Los llegados por carretera desde México, unos
11.000, fueron los retenidos por ese país en su territorio antes de lograr
cruzar la frontera con Estados Unidos.
David
Antonio, oriundo de San Salvador, dice que la situación social y económica de
su país no le augura un panorama alentador, pero pese a ello el volver a
reemprender otro azaroso viaje a Estados como indocumentado, no está por ahora
entre sus proyectos.
“No estoy
cerrado a la posibilidad de establecerme aquí, estuve muy estresado encerrado,
no me gustaría volver a repetir la historia”, subraya.
Asegura
que las políticas antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump no
lo animan a emprender nuevos periplos a ese país, después de los tres que ya
realizó desde 2002 y que culminaron con una deportación cada vez.
El temor
a un aumento de las deportaciones ha cobrado un auge inusual desde finales del
2017, cuando ya se vislumbraba la administración republicana de Trump
cancelaría un programa de estatus de
protección temporal
 (TPS, en inglés), que amparaba desde 2001 a
unos 190.000 salvadoreños en Estados Unidos.
El 8 de
enero se anunció oficialmente la eliminación del TPS, lo que deja en el limbo a
los beneficiarios del programa, aunque ha brindado 18 meses para que busquen
una solución, mientras el legislativo Congreso estadounidense podría venir en
su auxilio con una ley que les conceda residencia permanente, actualmente en
estudio.
Sin
embargo, las especulaciones de deportaciones a gran escala por esta medida no
se concretarán, explica a IPS el analista César Ríos, director ejecutivo del no
gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante.
“El fin
del TPS no es sinónimo de deportaciones masivas, no habrá mares de gente
llegando, los deportables de TPS son los que no han respetado leyes, que tienen
antecedentes”, asegura.
El
especialista calcula que, de aquellas 190.000 personas perjudicadas por la
medida, unas 30.000 podrían legalizar su situación migratoria por la vía
normal, es decir, apelando a los recursos ya establecidos por el sistema de
inmigración estadounidense.
El resto,
no obstante, podría decidir quedarse en Estados Unidos como indocumentados, y
habrá quienes intenten establecerse en Canadá pero de una forma desordenada,
viajando a la frontera que divide a esos países, como se ya han reportado casos
desde que Trump y su política antiinmigrante se estableció en la Casa Blanca,
en enero del 2017.
Sí habrá
quienes regresen a El Salvador, pero no será masivamente, acota Ríos.
“Lo menos
que quiero hacer ahora que estoy de regreso en El Salvador, es irme a encerrar
a una casa, quiero sentir el aire de la libertad”, contó David Antonio Pérez,
quien pasó cinco años detenido en centros para inmigrantes indocumentados en
Estados Unidos. Después de sentarse un buen rato en la plaza de La Libertad, en
el centro histórico de San Salvador, se fue a dormir a un pequeño hostal, para
recuperar fuerzas antes de dirigirse al día siguiente a casa de sus padres, al
sur de la capital. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Las
deportaciones, empero, sí pueden incrementarse pero con los salvadoreños
que siempre han estado como indocumentados y que, por no calificar, no entraron
a la protección del TPS, y que son la gran mayoría de los 2,8 millones viviendo
allá. No hay cifras exactas de cuantos salvadoreños viven en Estados unidos en
situación irregular.

Ese grupo
puede verse afectado si se incrementan las redadas y detenciones de inmigrantes
por las autoridades estadounidenses, lo cual afectaría el envío de remesas a
sus familiares, y que son parte vital de la economía salvadoreña.
Las
remesas
El
Salvador obtuvo 5.021,3 millones de dólares en remesas en 2017, lo que
representó un aumento de 9,7 por ciento en comparación con 2016, año en que
totalizaron 4.576,1 millones de dólares, según cifras del estatal Banco Central
de Reserva. Las remesas representan 17 por ciento del producto interno bruto de
este país centroamericano.
David
Antonio ha sido repatriado dos veces previamente, desde que llegó por primera
vez a Estados Unidos en 2002. Ahí trabajó en restaurantes de comida rápida, 16
horas diarias.
Ahora sus
perspectivas de vida son inciertas.
“Allá por
recoger basura en un parque es buena paga, aquí no es igual, el salario aquí es
extremadamente bajo”, dice.
El
salario mínimo en El Salvador va desde 200 dólares al mes para los recolectores
de caña y café, hasta los 300 dólares para los que laboran en los sectores
servicios y en la industria.
Además,
“llevo mucho tiempo separado de este país, no tengo las conexiones que me
puedan decir te voy a ayudar a buscar trabajo”, sostiene David Antonio,
divorciado y padre de dos hijos, de 10 y 15 años, que viven en El Salvador con
su madre.
Puesto a
soñar, a él le gustaría “asegurar mi futuro, sin depender de salario, no vivir
de pensión, sino que con un ahorrito poner mi negocio y poder vivir bien, con
mi familia, aquí o donde sea”.