El Estado venezolano consideró que el reporte cuenta con una visión “selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación” que existe en el país suramericano.

El Gobierno venezolano rechazó este jueves lo mencionado en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación que vive Venezuela.

Mediante un comunicado, el Estado venezolano consideró que el reporte cuenta con una visión “selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación” que existe en el país suramericano.

Para el máximo estamento político en Venezuela, en el escrito presentado por Bachelet “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

¿Qué objeciones pone el Gobierno?

-Para la elaboración de su informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) prioriza entrevistas obtenidas fuera del territorio venezolano en lugar de basarse en las dos visitas que realizó la institución al país durante 2019.

-El informe omite los logros gubernamentales en Venezuela en materia de derechos humanos, por lo que recordó al ente internacional presentar una evaluación “objetiva e imparcial”.

-La Oacnudh tampoco hace referencia a los avances obtenidos en materia de beneficios sociales y el impacto positivo que las medidas gubernamentales han tenido en el pueblo venezolano.

En este punto, se hace referencia a las medidas como “el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas domestico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras”. 

– En el informe de Bachelet se habla de una “escasez” en la disponibilidad de alimentos, lo que rechaza el Gobierno que preside Nicolás Maduro, que refiere a las inversiones de recursos públicos para asegurar a la población el derecho a la alimentación.

En este punto, se recuerda la omisión en el informe de la visita de la Oacnudh a dos establecimientos de expendio de alimentos en Venezuela y basó su argumento en las entrevistas realizadas fuera de Venezuela.

-Sobre el sector salud, la comisión internacional visitó tres establecimientos de salud, en el que se mostró el acceso de las personas “a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios”, en lo que quedó demostrada “la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal”.

-Se rechaza desde el Gobierno venezolano que las personas beneficiadas por el Carnet de la Patria estén bajo “estructuras locales del partido gobernante”, por lo que se refiere a que los favorecidos por este sistema son determinados “por las diversas instituciones del Estado responsables de cada uno de esos programas”.

-Se menciona en el reporte que se deben “adoptar medidas para superar la crisis económica” en Venezuela. Sin embargo, no se refieren en ningún momento a las sanciones unilaterales ejercidas desde EE.UU., que buscan minar la calidad de vida del pueblo venezolano y así generar un clima de desestabilización y zozobra en el país.

En este punto, el ente gubernamental insta al organismo a que promueva el levantamiento de estas medidas coercitivas, ya que repercuten, principalmente en “las clases más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres”, quienes se ven imposibilitados de acceder a los medicamentos, alimentos y servicios vitales para satisfacer sus derechos como ciudadanos.

-Sobre el “supuesto cierre de medios de comunicación”, el Gobierno suministró a la Oacnudh el proceso de renovación de concesiones, así como las consiguientes normas que deben seguir estos medios.

-Asimismo, la Oacnudh no hizo mención a hechos violentos promovidos por sectores de la derecha venezolana durante los años 2013, 2014 y 2017, y las implicaciones en fomra de fallecidos y heridos que significaron esos sucesos. 

-De igual forma, sobre los centros de detención del país, se desconocen en el informe los avances gubernamentales sobre el régimen penitenciario, hechos que habían sido reconocidos previamente desde la Oficina internacional.

-Incluso, en el reporte de Bachelet se informa de una “supuesta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, obviando que se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva a la población indígena, por lo que se ha respondido a la demanda de 73 por ciento de solicitudes presentadas y se han beneficiado a 683 comunidades indígenas.