Se cumplen 44 años de la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania. Este artículo, publicado hace cuatro años, mantiene toda su actualidad.

El 19 de enero de 1976, en torno a las seis y media de la tarde, cientos de saharauis celebraban una gran asamblea en un campo de refugiados levantado junto a la localidad de Tifariti, en el este del Sáhara Occidental. Un sonido alteró poco a poco la paz del desierto y en el horizonte aparecieron las siluetas de dos cazabombarderos marroquíes F-5, de fabricación estadounidense. En unos segundos la reunión se convirtió en un caos de gente huyendo y cuerpos que caían abatidos por la potente munición que salía de las ametralladoras de los reactores.

Aquel episodio no fue el peor. Asentamientos como Guelta Zemur, Um Dreiga o Amgala, que habían acogido a miles de saharauis que huían de la ocupación y represión marroquí, recibieron también en aquellos días de enero la visita de los bombarderos, pero en estas ocasiones armados con napalm y bombas de fragmentación y de fósforo blanco. Después vendría una larga guerra entre el Frente Polisario, organización de liberación nacional saha­raui, y los ejércitos de Mauritania y Marruecos, este último muy superior. Las consecuencias del conflicto fueron la ocupación de la gran mayoría del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos, el exilio en los campos de refugiados de Tindouf (sur de Argelia) de más de 150.000 saharauis, la partición de la excolonia española en dos áreas separadas por un muro militar levantado por Marruecos y la congelación de un conflicto que se alarga ya 40 años. ¿Cuál fue el papel del Gobierno español en esta historia?

Para la ONU,. España es jurídicamente, aún hoy en día, la potencia administradora del territorio

“España dio la orden de abandonar el Sáhara, el territorio y a sus habitantes a toda prisa”, explica el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos José Luis Rodríguez, que acaba de publicar Agonía, traición, huida. El final del Sahara español. “Quienes dieron esa orden asumieron una responsabilidad”, una decisión que “afectaba al pueblo saharaui, que era y es, por derecho, el titular de la soberanía del Sáhara atlántico”.

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