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Trump permitirá volver a comerciar con “diamantes de sangre” y otros minerales

21 Febrero 2017

El presidente pretende eliminar la ley que obliga a las empresas de EEUU a no comprar materias primas que financien a grupos armados en Congo

En su afán por “hacer de nuevo grande a América”, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado un paso más en eliminar todo aquello que cueste dinero a las empresas de su país, incluso si, según las organizaciones de derechos humanos, es a costa de vidas humanas en un lugar lejano: la República Democrática del Congo. Por ello, la nueva Administración norteamericana ha elaborado un borrador de orden ejecutiva que acabará con la norma legal que obligaba a las compañías de su país a controlar el origen de materias primas como el oro, los diamantes, el estaño, el tungsteno, el cobalto y el tantalio, este último extraído del coltan, materiales de alto valor añadido pues se utilizan en la industria aeroespacial y militar, la electrónica, la informática, la telefonía móvil y la alta joyería.
El objetivo de esta norma, la disposición 1502 de la ley Dodd-Frank, es que las compañías norteamericanas no compren los “minerales de conflicto”, también llamados “de sangre”, procedentes de Congo y sus países vecinos; es decir, aquellos que han servido para financiar el conflicto bélico en la zona de los Grandes Lagos de África y a los más de sesenta grupos armados aún activos en el este de la antigua colonia belga. Sólo entre 1998 y 2007, más de seis millones de personas murieron en el país africano a causa de dos guerras sucesivas que implicaron a nueve estados de la región.

En virtud de esta ley, aprobada en 2010 pero que empezó a aplicarse en 2014, las empresas tienen que investigar de dónde vienen los minerales y declarar si proceden de África central en un informe anual a la Comisión de Seguridad de las Transacciones (SEC por sus siglas en inglés), una institución oficial independiente cuyas tareas se pueden comparar con la Comisión del Mercado de Valores en España, pero que, en este caso, tiene atribuciones para monitorear la actividad empresarial de las compañías norteamericanas fuera de las fronteras del país.