Perder el acceso a la salud universal empujó a buena parte de este colectivo a dejar de visitar sus centros de atención primaria (CAP), donde los médicos de familia juegan un rol fundamental a la hora de observar signos de violencia en las mujeres y empujarlas a denunciar.

El real decreto ley 16/2012 del PP pretendía “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Abolirlo fue una de las prioridades del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y por eso lo sustituyó en julio del año pasado por el RDL 7/2018, que devolvía (en teoría, porque no evitó del todo las irregularidades) la asistencia a toda la ciudadanía de España, sin excepciones. Con todo, los seis años de exclusión sanitaria pasaron factura. La ley del 2012 supuso un cambio de paradigma de la atención sanitaria: para ser atendida, la persona debía trabajar y estar asociada a la Seguridad Social, lo que excluyó a aquellas en situación irregular y que no tenían un permiso de trabajo.

“La reforma sanitaria del 2012 hizo descender las probabilidades de que las mujeres inmigrantes denunciasen a su agresor”, sostiene Judit Vall, profesora del departamento de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), investigadora del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) y autora, junto a Caoimhe Rice (University of York), del estudio ‘Hit where it hurts: healthcare access and intimate partner’ (‘Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género’). El estudio, en el que también ha participado la Universitat Pompeu i Fabra y que se presenta este lunes en la Jornada Inmigració i Salut del IEB, analiza cómo estas limitaciones de acceso a la sanidad afectaron a las estadísticas sobre las denuncias por violencia machista entre la población inmigrante.

“Miedo a ser deportada”

Los motivos por los que el colectivo de mujeres inmigrantes denunció menos fueron fundamentalmente dos. “Si el sistema es más restrictivo con ella, la mujer se siente más desamparada, menos empoderada. Aquellas mujeres que viven una situación de irregularidad legal tienen más miedo a ser deportada”, cuenta Vall, quien apunta el segundo motivo. “Si pierdes el acceso al sistema de salud universal, vas menos al médico. Y el médico de cabecera es uno de los actores más importantes para convencerlas de que denuncien”.

“Si el sistema es más restrictivo con ella, la mujer se siente más desamparada y vive con más miedo a ser deportada. Por eso denuncia menos”

Judit Vall

Investigadora del Institut d’Economia de Barcelona

Judit Vall valora como “muy alta” la importancia del médico de familia a la hora de detectar la violencia machista. “Una parte muy grande de las denuncias vienen motivadas por una simple visita al médico de cabecera. Él es, a menudo, el que detecta los primeros síntomas. Los médicos de la primaria tienen formación en violencia de género y o bien anima a denunciar, o deriva el caso a los servicios sociales”, dice la investigadora. Por eso es tan importante que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la atención primaria, ya que es la manera de “empoderarlas” y que denuncien.

Según el estudio, las denuncias por violencia machista entre las mujeres inmigrantes descendieron “en todas las regiones de España”, si bien en algunas comunidades como Catalunya, que crearon sus propias leyes autonómicas para esquivar el RDL 16/2012, el descenso no fue tan acusado. Con todo, esta bajada de denuncias oscila entre el 16% (en las comunidades donde el impacto de la ley ‘popular’ fue menor) y el 19% (aquellas en las que la norma se implementó de manera “más estricta”).

Descenso “automático”

La investigadora catalana explica por qué este descenso de denuncias entre las mujeres inmigrantes es atribuible a la retirada de la cobertura universal en sanidad. “Mediante la recogida de datos mensuales, vemos que automáticamente desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria, en septiembre del 2012, se reducen el número de denuncias por violencia doméstica. Y estas denuncias caen solo en el caso de las extranjeras, no entre las nativas españolas”.

Además, hay un segundo motivo por el que atribuir este descenso de las denuncias al RDL 16/2012. “Con el análisis diferenciado de las comunidades autónomas, vimos que el impacto fue distinto. En aquellas regiones en las que se implantó de un modo más estricto la ley, las denuncias por violencia doméstica bajaron más [hasta un 19%], mientras que en aquellas donde no fue así, estas descendieron menos [un 16%]”, añade. Catalunya, Asturias o Galicia fueron las comunidades donde esta ley estatal tuvo un menor impacto. Por el contrario, Madrid, Islas Baleares o Murcia, aquellas en donde el impacto fue mayor.

Una ley “confusa”

El decreto del PP prestaba atención a “situaciones especiales” en las que embarazadas, menores, víctima de trata, refugiados y cualquier persona que necesitara acudir a las Urgencias sí podían acceder a la sanidad pública aunque su situación fuera irregular. Pese a ello, se dieron casos de exclusión en personas que sí tenían derecho a ser atendidos pero lo desconocían. “Hay evidencias de personas que no tenían que perder el acceso al sistema de salud, pero lo perdieron debido a la confusión que generó esta ley”, asevera Vall.

El estudio ‘Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género’ sostiene que la reducción del acceso a la atención médica disminuye los incentivos de las víctimas de violencia machista a buscar ayuda. Se trata de un trabajo relevante a la hora de informar sobre las discusiones actuales sobre los impactos de las políticas de inmigración.

“En muchos países ha habido un aumento de la afluencia de inmigrantes indocumentados -como demuestra la crisis europea de refugiados-, algo que genera temor en la población residente por sus posibles consecuencias negativas. A su vez, esto ha empujado a muchos políticos a limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. Nuestro trabajo evidencia las consecuencias negativas que estas limitaciones tienen en la salud pública”, recogen las conclusiones de este documento.

Cómo se hizo el estudio

Para realizar este estudio, Vall y Rice recogieron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Poder Judicial, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Observatorio Nacional Contra la Violencia de Género desde el primer trimestre del 2009 al cuarto trimestre del 2016 (año en que comenzaron a hacer el estudio y realizaron la recopilación de datos). Sin embargo, el Poder Judicial no distingue entre mujeres extranjeras con y sin residencia española y, por lo tanto, las autoras no han podido identificar cuántas mujeres inmigrantes estaban indocumentadas y cuántas no. “Solo tenemos datos de las mujeres extranjeras. Sabemos, eso sí, que si las hubiéramos podido identificar el porcentaje de bajada de las denuncias habría aumentado mucho más”, cuenta Vall.

Este estudio prueba que las denuncias por violencia machista entre las extranjeras son, proporcionalmente, son muchas más que entre las españolas, independientemente del RDL 16/2012. Analizando los datos de todos los trimestres de los ocho años que recoge el estudio y de todas las comunidades autónomas, la media de denuncias por violencia machista en mujeres españolas es de 355 por trimestre y comunidad autónoma, mientras que para las extranjeras es de 165. Con respecto al total de mujeres de cada grupo (nativas españolas y extranjeras), la media es de 3,35 denuncias por cada 10.000 mujeres españolas para cada comunidad autónoma y trimestre, mientras que, en el caso de las inmigrantes, la media es de 16 denuncias por cada 10.000 mujeres extranjeras para cada comunidad y trimestre.