Los integrantes del Colectivo de Protección de la Embajada que fueron arrestados durante la redada policial en la sede diplomática de Venezuela en Washington fueron puestos en libertad este viernes.

Un juez federal del distrito de Columbia, Estados Unidos (EE.UU.), determinó este viernes la liberación de los cuatro activistas estadounidenses que fueron arrestados durante la redada policial en la embajada de Venezuela en Washington (capital).

Los integrantes del Colectivo de Protección de la Embajada que habían sido detenidos ayer tendrán que presentarse nuevamente ante el magistrado el próximo 12 de junio. Son acusados de un delito menor de clase A, cuya pena puede ser de un año de cárcel y una multa de mil dólares, informó la corresponsal de TeleSUR en EE.UU., Alina Duarte.

Asimismo, el juez impuso la condición de que los activistas no intenten regresar a la misión diplomática y se les exigió estar lejos de al menos diez propiedades pertenecientes al “Gobierno de Venezuela reconocido por Estados Unidos”.

Según trascendió, la Casa Blanca pidió medidas aún más restrictivas como la retención de pasaportes, a lo que el tribunal no habría accedido.

“La orden de arresto fue ilegal. Ellos reconocen al gobierno imaginario de Guaidó. Me siento muy satisfecha de haber luchado en contra del intento golpista de EE.UU.”, declaró a TeleSUR la militante por los derechos humanos, Adrienne Pine, minutos después de ser puesta en libertad.

Los activistas recordaron que “cuando entró la policía literalmente estaba invadiendo el territorio de Venezuela” y narraron que al momento de ser detenidos les leyeron a los efectivos distintos artículos de la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas, sobre la inmunidad e inviolabilidad de las embajadas.

David Paul, Kevin Zeese, Margaret Flowers y Adrienne Pine, pertenecientes a distintas agrupaciones antibelicistas de EE.UU. fueron arrestados el pasado jueves por efectivos del Servicio Secreto y de la policía local, tras haber residido durante casi un mes en la embajada venezolana con la anuencia de las autoridades legítimas de la nación suramericana. Protegían el edificio de la toma por parte de representantes de la oposición liderada por Juan Guaidó, en el marco del golpe de Estado apoyado por EE.UU.

La irrupción ilegal en la sede diplomática constituyó una violación de distintos convenios internacionales que sienta un peligroso precedente para que cualquier país del mundo designe a autoridades diplomáticas extranjeras, a su conveniencia, cuando esté en conflicto con otra nación.