Edgar Romero G. RT, 5/3/2021. El domingo, una red de organizaciones denunció que, hasta el 1 de mayo, se han reportado 21 muertes desde el inicio del paro nacional.

Colombia amaneció este lunes con un pedido: “[Iván] Duque, pare la masacre”. El mensaje, dirigido al presidente, se empezó a difundir por redes sociales tras confirmarse la muerte del joven Nicolás Guerrero, quien falleció después de haber recibido un disparo en la cabeza, durante una manifestación en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. 

A pesar de que el mandatario colombiano decidió retirar la propuesta de reforma tributaria que alentó las protestas, el descontento en la calle continúa y la represión también. Por ese motivo, la población solicita que se detenga el accionar de los cuerpos policiales contra los manifestantes.

La noticia de la Guerrero, que falleció la madrugada de este lunes, conmocionó a la opinión pública de ese país, ya que el joven se encontraba en una manifestación pacífica en el barrio Siete de Agosto, en el nororiente de la urbe, cuando habrían llegado agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y dispararon contra los manifestantes.

“Quiero contarle que Nicolás es hijo de mi primo, es un muchacho de Floralia, un muchacho bien”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien confirmó la noticia.

La noche de este domingo también se informó y difundieron imágenes sobre movilizaciones ciudadanas, que fueron reprimidas por la policía, en el sector Calima, de la misma ciudad.

Además de Cali, hubo protestas en Palmira, también en Valle del Cauca, donde denunciaron una cruenta represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los descontentos.

Ciudadanos publicaron videos en las redes sociales y denunciaron que varias personas resultaron heridas. En ese mismo espacio también hubo reportes de presuntas capturas y desapariciones, aunque no se conocen cifras.

Estos episodios se repitieron en Pereira, capital del departamento de Risaralda; en Popayán, Cauca; en Facatativá, Cundinamarca; en Ibagué, Tolima; así como en varios sectores de Bogotá.

La mañana de este lunes las movilizaciones continuaron en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, donde se registraron denuncias de intervención violenta y desproporcionada por parte de la policía.

Protestas que hicieron recular al Gobierno

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril con un paro nacional en rechazo a una reforma tributaria enviada por el gobierno de Duque al Congreso, bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, con la cual, entre otras cosas, pretendía incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y servicios, así como ampliar el padrón de contribuyentes del impuesto a la renta.

La medida se ponía en marcha cuando, a la par, la semana pasada un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaba que en el marco de la pandemia del coronavirus, unos 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020.

En concreto, la pobreza monetaria pasó de 17,5 millones en 2019 a 21 millones el año pasado; mientras, la pobreza monetaria extrema subió de 4,7 millones a 7,5 millones.

Ante la presión en las calles, el pasado viernes, el mandatario informó que haría modificaciones al proyecto de ley, especialmente las concernientes al IVA y al impuesto a la renta.

Sin embargo, eso no detuvo a los colombianos, que continuaron en las calles. Finalmente, este domingo, tras esos varios días de manifestaciones, el mandatario reculó y anunció la retirada del proyecto de ley y la preparación de uno nuevo.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, declaró Duque.

En ese contexto, trascendió la notica sobre la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aunque esta no ha sido confirmada. De igual forma, medios locales aseguran que junto a él, saldría del cargo su viceministro Juan Alberto Londoño. La posible dimisión de ambos está entre las peticiones de los manifestantes.

Más de una veintena de muertes

Además de la muerte de Guerrero y las presuntas capturas y desapariciones en distintos puntos del departamento del Valle del Cauca, las denuncias contra las acciones de la policía y, en particular, del Esmad durante los días de las protestas han sido recurrentes.

No hay cifras claras sobre el número de víctimas fatales y heridos que han dejado estas jornadas, en las que, además de marchas, hubo cierres de vías y enfrentamientos entres manifestantes y uniformados.

La Campaña Defender la Libertad ofreció un balance la tarde de este domingo, con datos hasta el 1 de mayo, en el que informaban sobre 21 muertes desde el inicio de las manifestaciones.

En ese reporte se da cuenta de 503 detenciones, que en su mayoría se denuncian como arbitrarias; 208 heridos, 18 de ellos con lesiones oculares; 10 hechos de violencia sexual; y 42 agresiones a defensores de derechos humanos y reporteros independientes.

La mañana de este lunes, la misma agrupación, junto a concejales de Bogotá, dieron cifras particulares del saldo de las protestas en la capital colombiana. Al respecto, informaron sobre 301 detenciones arbitrarias del 28 al 1 de mayo, 95 personas heridas (incluyendo algunas con lesiones oculares) y 21 casos de agresiones a defensores de derechos humanos.

Del lado oficial, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo el pasado sábado que se están investigando cuatro homicidios en el contexto de las protestas en Cali.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por su parte, en un balance sobre las manifestaciones, precisó: “Han resultado heridos 159 civiles, tres personas han fallecido en Cali, tres muertes se encuentran en verificación, un deceso ocurrió en Neiva, uno en Bogotá y el capitán Jesús Alberto Solano de la SIJIN (Cuerpo Técnico de Investigación y las Seccionales de Investigación Criminal) falleció en Soacha”.

La cifra que otorga la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, entretanto, es de 16 personas fallecidas.

Ante la situación, casi un centenar de organizaciones colombianas enviaron una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que ofrecen información sobre “las violaciones a derechos humanos” cometidas durante las protestas y exigen que se inste al Estado colombiano a adoptar “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.

Gobierno acusa a “organizaciones criminales”

Entretanto, el ministro Molano ha descalificado a la protesta social y ha asegurado que Colombia “enfrenta la amenaza terrorista”, de supuestas “organizaciones criminales, que disfrazados de vándalos, acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para desestabilizar”.

Según el funcionario, las acciones en las calles de estas ciudades colombianas han sido supuestamente organizadas y financiadas por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De momento, el Comité Nacional de Paro ha dejado claro que la huelga nacional se mantiene. “La gente en la calle exige mucho más que el retiro de la tributaria”, dijo Francisco Maltés, presidente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El comité ha convocado una movilización nacional para el próximo miércoles 5 de mayo.