El FMI prosigue su labor de policía económica, cualquiera que sea el precio que deban pagar las poblaciones afectadas, para que ninguno de sus 189 Estados miembros se desvíe del camino neoliberal que les ha sido trazado. Ecuador y Argentina ilustran la situación actual.

Ecuador está experimentando un poderoso levantamiento insurreccional. Desde el 3 de octubre, la ira se ha desatado en las calles del país en respuesta al anuncio de un paquete económico antisocial a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI. El 3 de octubre se convocó una huelga general de transportes para impugnar las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, elegido en 2017 como sucesor de Rafael Correa.

Entre ellos se encuentra el Decreto 883, que incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles por un total de 1.300 millones de dólares, vigentes en el país desde hace 40 años. Esta medida impopular duplica automáticamente los precios de los surtidores (123% de aumento en los precios de la gasolina) y también aumenta los precios de los alimentos al transportar los alimentos desde las áreas de producción. Es un elemento clave de un paquete de reformas económicas llamado “paquetazo” neoliberal. También incluye incentivos fiscales para las empresas exportadoras y una reforma laboral para reducir de 30 a 15 días las vacaciones remuneradas de los funcionarios. El Presidente Moreno, que optó por restablecer los vínculos con el FMI, que Correa rompió en 2006, debe ahora apreciar el alcance de sus implicaciones.

En respuesta al levantamiento insurreccional de movimientos populares, indígenas y estudiantiles, que tuvo lugar en todo el país, Moreno declaró el estado de excepción el 3 de octubre. Por su parte, el poderoso movimiento indígena ecuatoriano Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) declaró el 5 de octubre su propio estado de emergencia, amenazando con detener a los policías o militares que se aventuren en territorio indígena: “Los militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán detenidos y sometidos a la justicia indígena”, dijo la organización. Al mismo tiempo, mientras realizaba su amenaza y retenía a unos 50 policías, la Conaie continuó su avance hacia Quito, la capital, que irrumpió el 8 de octubre, con algunos manifestantes que incluso entraron brevemente en la Asamblea Nacional gritando “nosotros somos el pueblo”.

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