A las nueve y media de la mañana una multitud de hombres se arremolinó junto al club Al Nasr, con el horizonte salpicado de rudimentarias viviendas. Entre el público, hubo quien se acercó, tentado por la curiosidad, a bordo de motocicletas haciendo rugir sus motores. Otros, en cambio, optaron por aproximarse a pie y unirse al círculo humano que, móvil en mano, observaba expectante el centro del corro. En las primeras filas, los niños se sentaron atropelladamente sin desviar la mirada de la escena. En las últimas, los más rezagados disfrutaron de una visibilidad tardía encaramándose sobre los vehículos. Desde todos los ángulos, en el centro del improvisado escenario, tendidos sobre una manta de rayas, se hallaban Wadah Refat y Mohamed Jaled. Los dos jóvenes, de 28 y 31 años respectivamente, fueron los protagonistas. El tumulto formado por grandes y pequeños acudió a ver sus últimos estertores.

Ambos fueron condenados a pena capital hace unos meses por raptar, violar y asesinar a Mohamed Saad, de 12 años. Los hechos sucedieron el pasado mayo. El muchacho jugaba junto a la casa de uno de sus verdugos en el distrito de Al Basatin, en la urbe del sur de Yemen convertida en capital del Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, respaldado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Los reos le arrastraron hasta el hogar y le violaron entre sus muros. “Tras la violación, no pudieron acallar los gritos del niño que suplicaba ayuda. Uno de ellos agarró un cuchillo y le rajó el cuello”, detalla el veredicto de tribunal. En el suceso fueron implicadas otras dos personas. También fue condenada a muerte una mujer de 33 años, pariente de uno de los violadores, por ayudar a descuartizar el cuerpo. Su ejecución pública, sin embargo, fue aplazada por su embarazo. Tendrá lugar cuando expire el periodo de lactancia. La cuarta persona involucrada fue sentenciada a dos años entre rejas.

Enfundados en pantalón y camisas azules, esposados y rodeados de uniformados, Wadah y Mohamed perecieron bajo las ráfagas de un pelotón de fusilamiento, el método habitual con el que las fuerzas de seguridad aplican las penas capitales dictadas por las cortes del país más pobre del Golfo Pérsico, deshecho por cuatro años de guerra civil en la que Irán y Arabia Saudí litigan por su hegemonía regional. El código penal contempla como alternativas la lapidación, el cadalso y la decapitación. A pesar de las trincheras que recorren su geografía, las ejecuciones públicas unen a los bandos en liza. En Saná, controlada por el grupo rival de los hutíes, un puñado de criminales acusados de violaciones y asesinatos de niños han sido fusilados en la céntrica plaza Tahrir. Sus cadáveres fueron luego colgados de una farola. Los fotogramas de las ejecuciones mostraban el mismo gentío subido a marquesinas y paradas de autobús, ávido de seguir en directo la muerte de los condenados. “He presenciado alguna ejecución y la gente la disfruta. Grita ‘justicia, justicia'”, relata a EL MUNDO.es el periodista yemení Ahmad al Gohbary.

“La ejecución pública es una violación de los derechos humanos aún más grotesca, particularmente en un país donde la capacidad de los acusados para obtener una representación legal adecuada y la cobertura del proceso es altamente limitada”, apunta a este diario Sarah Leah Whitson, directora regional de Human Rights Watch. La penúltima ejecución multitudinaria ocurrió en enero en Abb, a unos 200 kilómetros al sur de Saná. El ajusticiamiento, celebrado en un abarrotado estadio, recibió tal atención que fue grabado con un dron y distribuido después por la televisión. El preso que pereció sobre el campo se llamaba Yusef al Zawabi y había sido acusado de violar y asesinar a Alaa al Hamiri, una adolescente de la urbe. Padeció la misma agonía que Wadah y Mohamed: un batallón de agentes, provisto de rifles automáticos, abrió fuego sobre su corazón, siguiendo las indicaciones de un galeno. Arropado por una estruendo de vítores y flashes.