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Procuraduría de Colombia exige protección para líderes sociales

teleSUR 9 enero 2019
El Procurador Fernando Carrillo pidió se convoque en carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para detener lo que calificó como un “baño de sangre” en la nación suramericana.

El Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, exigió este miércoles al Gobierno que convoque en carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para detener lo que calificó como un “baño de sangre”, en referencia a la oleada de homicidios de líderes sociales y militantes de los derechos humanos en el país.
“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto, sigan sin cumplirse”, alertó el Procurador.
En este sentido, Carrillo Flórez advirtió sobre los siete líderes sociales asesinados en lo que va de año y destacó el “fracaso de los esquemas de protección personal” implementados desde el Estado, además de insistir en “un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.
Es necesario “comenzar a derivar responsabilidades en relación al exterminio de líderes sociales que es una verdadera tragedia humanitaria en Colombia”, indicó el Procurador, al tiempo que también exigió acciones territoriales donde se puedan ver los resultados.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos en el marco del acuerdo de paz entre el Gobierno y el extinto grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se planteó como un espacio de articulación estatal con representantes de organizaciones de la sociedad civil que debía trazar políticas públicas para avanzar en el desmantelamiento de los grupos criminales que atentan contra la vida de líderes sociales en el territorio nacional.
Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo precisó que hasta finales de 2018, unos 164 líderes sociales fueron asesinados, de los cuales 86 homicidios ocurrieron desde la juramentación del presidente Iván Duque.
Entre las víctimas se encuentran activistas por los derechos humanos, comuneros, campesinos, indígenas y exguerrilleros desmovilizados, quienes murieron a manos de grupos violentos ilegales que operan en varias zonas del país, sin la presencia del Gobierno colombiano para enfrentar la situación.