Arabia Saudí: La pena de muerte, arma política contra la población chií mientras aumentan las ejecuciones en todo el país
12 Julio 2017
El gobierno de Arabia Saudí está utilizando la pena de muerte como arma política para silenciar la disidencia, ha afirmado Amnistía Internacional tras la ejecución de cuatro chiíes en la Provincia Oriental de Arabia Saudí el 11 de julio.
Yussuf Ali al Mushaikass, padre de dos hijos, fue ejecutado junto con otros tres hombres por delitos relacionados con el terrorismo, vinculados con su participación en protestas antigubernamentales en la Provincia Oriental, de mayoría chií, entre 2011 y 2012. Fue declarado culpable de delitos que incluían “rebelión armada contra el soberano”, “desestabilizar la seguridad y provocar la sedición uniéndose a un grupo terrorista”, “disparar en una comisaría de policía en Awamiyya dos veces, causando lesiones a un policía” y “participar en disturbios”. Según los informes, no se comunicó de antemano la ejecución a la familia de Yussuf al Mushaikass, que tuvo noticia de ella después, al ver en la televisión la lectura de una declaración del gobierno.
“Estas brutales ejecuciones son el episodio más reciente de la persecución que las autoridades de Arabia Saudí llevan a cabo contra la minoría chií. Se está utilizando la pena de muerte como arma política para castigar a esta minoría por atreverse a protestar contra el trato que reciben y para silenciar a otros mediante la intimidación”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de Investigación de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut.
“Yussuf al Mushaikass fue declarado culpable tras un juicio manifiestamente injusto que se basó en gran medida de una ‘confesión’ obtenida mediante tortura. La comunidad internacional debe mostrar firmeza ante Arabia Saudí para asegurar que otras personas en peligro de ser ejecutadas después de procedimientos judiciales que adolecieron de profundas deficiencias no corren la misma suerte. Arabia Saudí debe anular sus condenas a muerte y declarar la suspensión oficial de las ejecuciones.”
Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos otros 34 hombres chiíes condenados actualmente a muerte. En todos los casos fueron acusados de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado, un conocido tribunal antiterrorista. Entre las personas que en la actualidad están en espera de ejecución hay cuatro nacionales de Arabia Saudí que fueron declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes.
Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, que fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años, respectivamente, han agotado todos los recursos de que disponían y corren el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento.
El 10 de julio se confirmó en apelación la condena a muerte de Abdulkareem al Hawaj. Fue declarado culpable de delitos cometidos cuando tenía 16 años.
Los cuatro jóvenes fueron declarados culpables de delitos relacionados con la seguridad tras participar en protestas contra el gobierno. En los cuatro casos, la sentencia del Tribunal Penal Especializado parece basarse en “confesiones” que, según los jóvenes, se obtuvieron mediante tortura y otros malos tratos, denuncias que el tribunal no ordenó investigar.
Aumento de las ejecuciones
La ejecución de Yussuf al Mushaikass y los otros tres hombres son las últimas de un repunte de las ejecuciones en Arabia Saudí desde el final del Ramadán, periodo en el que se ha ejecutado a 15 personas, 13 de ellas sólo en los tres últimos días. En 2017, hasta la fecha, han sido ejecutadas 55 personas en el país.
“El gobierno de Arabia Saudí no da muestras de aminorar su uso de la pena de muerte, de la que ha hecho un intenso uso desde la tradicional pausa del Ramadán”, ha afirmado Lynn Maalouf.
“El uso de la pena de muerte continúa en gran escala, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos y a menudo después de juicios manifiestamente injustos y en algunos casos de motivación política”.
Información complementaria
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde se lleva a cabo un número mayor de ejecuciones, con más de 2.000 personas ejecutadas entre 1985 y 2016, cuando 141 países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica, de los que 105 han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades para que declaren de inmediato la suspensión de todas las ejecuciones como primera medida para la abolición de la pena de muerte.
