Ante esto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) declaró que la defensa por el respeto de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos de los estudiantes y la comunidad LGBTI y la lucha por la tierra “parece convertirse en una prueba de fuego para muchos activistas que son neutralizados e incluso asesinados por los gobiernos de derecha latinoamericanos a través de distintos mecanismos”.

Señaló como ejemplo a Honduras, donde “el gobierno culpa a la delincuencia común por el asesinato de 500 activistas en los últimos cinco años”, de acuerdo con el activista hondureño de derechos humanos, Wilfredo Méndez.

Como prueba “de esta realidad” está el caso de Berta Cáceres, líder indígena asesinada el 3 de marzo pasado por su labor en defensa del territorio lenca, ante la construcción de una presa hidroeléctrica, así como la crisis financiera que sufrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la cual evidencia la falta de acuerdos sólidos que tienen los Estados para fortalecer los instrumentos locales e internacionales en Derechos Humanos, según el informe.

El documento también apunta que la mayor causa de violencia es la desigualdad en la región, más la indiferencia de los gobiernos que defienden los intereses de las grandes compañías.

Igualmente, un reporte de Front Line Defenders arrojó que, en Honduras, activistas por los derechos humanos de la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersex (LGBTI) representan el 15 por ciento de los 87 asesinatos contra activistas en América Latina, siendo el segundo grupo más afectado en la región luego de los activistas por el medioambiente y la tierra.

Los activistas de América Central, Colombia, México, Perú y Ecuador, que defienden los derechos de la tierra ante grandes proyectos mineros y de tala de árboles en zonas pertenecientes a comunidades indígenas, son los que mayor riesgo corren al llevar a cabo su trabajo, informó el reporte publicado el pasado 6 de enero de 2016 en el portal web Expansión.

América Latina es una “región que ha entrado en una espiral de violencia inconcebible y debe parar ya. Se han perdido demasiadas vidas y el acoso a defensoras y defensoras continúa impunemente. Es hora de que los gobiernos actúen, sin más excusas y demoras”, dijo el subdirector regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Asier Hernando.

“Es indudable que las dinámicas del negocio extractivista que no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada y construye proyectos a gran escala sin autorización de las comunidades, generó un clima de violencia generalizada en contra de los ciudadanos que se oponen a estas obras en sus territorios. Lo más grave, es que en la mayoría de los casos todo esto ocurre con el apoyo de los gobiernos, quienes conceden licencias sin tener en cuenta los protocolos internacionales”, agregó.

Los países que resaltan en el mapa latinoamericano de asesinatos a activistas son México, Honduras, Brasil, Colombia y Guatemala.