Colombia: profesor Miguel Ángel Beltrán sale de la cárcel
por Sergio Segura, Redacción ProMosaik América Latina, 12-9-2016
El sociólogo Miguel Ángel Beltrán fue liberado el 1 de septiembre de la cárcel La Picota en Bogotá luego del fallo que la Corte Suprema de Justicia anunciara a su favor, siendo absuelto de la condena que cumplía hacía más de un año.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo había condenado a ocho años de prisión por el delito de rebelión desde el año 2009, luego de la ‘cacería de brujas’ contra diferentes sectores de la academia y promotores del pensamiento crítico que se recrudeció durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010).
Supuesta información encontrada en dispositivos electromagnéticos recuperados de la Operación Fénix, un bombardeo que vulneró la soberanía ecuatoriana en 2008 para dejar sin vida a Raúl Reyes y otras 22 personas de las FARC-EP, fue un hecho que resultó siendo la justificación para incriminar a diferentes profesores y políticos con la insurgencia durante este periodo. Incluso desde el Gobierno se ofreció dinero para que estudiantes delataran a compañeros que fueran colaboradores o simpatizantes de alguna organización de izquierda, lo que generó especulación y una “inteligencia” mediada por los sobornos, violaciones a las libertades individuales y los falsos positivos (también judiciales). La actual ministra de Educación, Gina Parody, congresista uribista para entonces, fue una de las principales gestoras de la criminalización a las protestas en las universidades públicas.
El ente investigador acusó al educador de la Universidad Nacional de ser Jaime Cienfuegos, un supuesto integrante de una comisión internacional de la guerrilla. En una maniobra policial entre México y Colombia en el año 2009, momento en el que se encontraba realizando un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue expulsado hacia Bogotá en un avión militar colombiano, permaneciendo dos años privado de la libertad y absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en agosto de 2015, fue detenido nuevamente en un control policial tras la orden del Tribunal de Bogotá que acudió a la petición de un fiscal de la Unidad contra el Terrorismo, quien solicitó revocar su libertad, un fiscal cuestionado por su culto público al militarismo. El procesado siempre negó ser un jefe de la subversión y se declaró inocente.
Miguel Ángel Beltrán es sociólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Profesor de sociología latinoamericana y coordinador de grupos de investigación en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.
Sus libros son La vorágine del conflicto colombiano: una mirada desde las cárceles; Crónicas del otro “cambuche”; antes de ser capturado por segunda vez, publicó con ediciones Desde Abajo el libro “Las FARC 1950-2015, luchas de ira y esperanza”, obra lograda en gran parte por la dedicación que persistió desde las celdas de la prisión.
Otros de los trabajos elaborados en diferentes universidades de Latinoamérica desde los años 80 son: La violencia en los llanos orientales (1949-1953), La oposición al Frente Nacional (1958-1974) y Los orígenes del MRL (1957-1961).
El terrorismo de Estado y la triple condena
Bajo engaños, la inteligencia estatal mexicana y colombiana capturaron al profesor sometiéndolo a un agresivo e innecesario operativo donde fue expuesto desde los titulares de prensa de varios países como una nueva hazaña de la cooperación internacional contra el terrorismo, como aseguró el polémico expresidente y senador generador de la intolerancia y polarización en Colombia, Álvaro Uribe Vélez: “a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC (…) porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México”.
De inmediato, la mayoría de medios de comunicación, como de costumbre, reprodujeron las declaraciones de la Casa de Nariño, condenando por anticipado a un ciudadano que le habían sido violado sus derechos fundamentales con el aval del expresidente mexicano Felipe Calderón, quien no escatimó esfuerzos para autorizar su detención sin ningún tipo de cumplimiento protocolario, rompiendo a la vez una larga tradición de refugio político en este país a intelectuales y luchadores sociales perseguidos de todo el mundo desde hace 100 años.
Ahora bien, la universidad que lo vio crecer y desde donde desarrolló sus principales aportes académicos, le dio la espalda. La Universidad Nacional como institución no le brindó ningún tipo de asesoría jurídica o psicológica, por el contrario, fue condescendiente con la muerte laboral pretendida por la Procuraduría General de la Nación, quien lo inhabilitó por 13 años para ocupar cargos públicos, utilizando las mismas pruebas que ya habían sido excluidas en la investigación penal y obviando la declaración de la inteligencia mexicana que ya había aceptado que a pesar de las vigilancias y seguimientos, el profesor no tenía actividades ilícitas. El profesor Renán Vega, uno de los intelectuales que no ocultó su indignación, relató que las directivas de la universidad enviaron un abogado a la cárcel, pero para amenazarlo con una sanción disciplinaria si no se ponía al día con el inventario de su anterior oficina en el claustro educativo. Al salir de la cárcel se reincorporó a la universidad, pero tuvo que exiliarse por amenazas de muerte.
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| No fue suficiente mostrarlo con chaleco antibalas y repetir que era un peligro para la sociedad, desde los medios hegemónicos insistieron en que era “Cienfuegos”, incluso estando libre. |
El Procurador Alejandro Ordóñez, experto en destituir políticos de izquierda y quien ha sobrepuesto arbitrariamente su culto religioso para juzgar la moral y la política, aseveró que el docente escribía artículos y formaba grupos de investigación con “sentido político”, donde se hablaban de los orígenes del conflicto armado, catalogando de “apología al terrorismo” el hecho de documentar las históricas rebeliones campesinas.
Se violó la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, pero parte de sus colegas investigadores y docentes guardaron silencio. Cuando el decano de la Facultad de Ciencias Humanas quiso homenajearlo, incluyendo su nombre durante un evento en la Universidad Nacional por los aportes académicos como egresado y en un acto mínimo pero simbólico de solidaridad, surgió una carta de otros docentes que solicitaron que el profesor, que continuaba en prisión, no fuera tenido en cuenta para ninguna distinción: “La decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (Ricardo Sánchez), decidió incluir el nombre del polémico y destituido profesor Miguel Angel Beltrán (condenado por la justicia por vínculos con grupos de guerrilla), en la lista de docentes a ser reconocidos por su labor en la institución. A juicio de un grupo de profesores, la decisión del Decano legitima y ensalza la lucha armada y confunde la acción política con la docencia y la investigación, creándose el imaginario de que el mejor docente es el activista comprometido con alguna causa política”.
Fue una vergonzosa actitud, típica de académicos dedicados a sumar puntaje y acumular réditos personales, para quienes la investigación comprometida con la realidad les resulta incómoda, pues no tuvieron inconveniente en arrogarse esta postura maniquea del ‘deber ser’ de un docente universitario profesional de las humanidades. Días después de conocer su libertad, uno de los docentes firmantes de la carta, Fabián Sanabria, le pidió perdón al profesor mediante un video por haber “dudado” de su inocencia.
El profesor tuvo acompañamiento de tipo social, múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos vociferaron cuanto pudieron, parte de la comunidad educativa del departamento de sociología denunció simbólicamente al Estado y los estudiantes realizaron numerosas movilizaciones, acciones que sin duda suben el ánimo y fortalecen la dignidad de un preso político, pero que no significan un determinante de presión para que el sistema judicial actúe en consecuencia al derecho o acelere la justicia.
El pensamiento crítico en libertad
Lo mostraron como un trofeo de autoridades con hambre de legitimidad en una ilegítima política de seguridad democrática, estrategia de Estado que persiguió al movimiento social como no se sentía hacía décadas. Los medios de comunicación, sobre todo los que sirven de caja de resonancia de Gobierno y Fiscalía para respaldar la manipulación institucional cuando no logran con pruebas su cometido, pusieron en tela de juicio el honor de un individuo intachable.
Las pruebas contra el profesor Miguel Ángel Beltrán resultaron inválidas, está en libertad desde el pasado 1 de septiembre, el fin de siete años de persecución política, estigmatización académica y maltratos de toda índole. Las acciones de apoyo hoy lo ponen a sonreír de nuevo junto a su familia y al alma mater que tuvo su rostro en los muros de la universidad durante un proceso tan lento y tortuoso como la justicia colombiana misma.
Miguel Ángel Beltrán fue torturado en múltiples ocasiones y convivió con más presos en una celda oscura de 3×4 metros. En entrevista con FM La Caterva de Argentina, denunció el evidente abandono a los presos enfermos, la represión dentro de la cárcel y la corrupción entre el INPEC y los paramilitares.
“En el tema de salud prácticamente es una pena de muerte lenta, ya que al enfermar en la cárcel, realmente las posibilidades de salir con vida son muy pocas. Porque no existe una jeringa, agua oxigenada, cosas elementales para darles una atención médica a los presos. Eso solamente en temas de salud. Hay otras condiciones que tienen que ver con el hacinamiento, epidemias generadas por ese mismo hacinamiento, por una política contrainsurgente que todavía mantiene el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), donde es frecuente que los guardias golpeen a los presos sociales (…) También me parece importante decir que la cárcel la padecemos no solamente quienes estamos allí, sino nuestras familias, que son víctimas directas del maltrato cuando van las visitas, de padecer las discriminaciones, los insultos y las requisas inhumanas, violatorias de todos los derechos. Yo ahora que salgo, salgo con ese dolor, pero también con la gran convicción de cambiar las políticas penitenciaras basadas en la venganza y en la represión.”
El profesor finalizó celebrando los acuerdos paz de La Habana y puntualizó en la necesidad de reformar el sistema penitenciario con el fin de sumarle a la construcción de paz en el país, exigiendo a la vez la liberación de Huber Ballesteros, David Ravelo y “todos los campesinos judicializados por pensar distinto”.
¿Y los demás presos?
Según la fundación Solidaridad Jurídica, de las más de 157.000 personas privadas de la libertad, en 2016 llegaron a 10.000 las sindicadas y condenadas por delitos políticos. Casos como el de este artículo representan una preocupación, si se tiene en cuenta que el Estado durante los últimos años ha sepultado el delito político y el INPEC ha dispersado los patios donde dicha población exigía sus derechos de manera colectiva, siendo juzgados desde el mismo enfoque punitivo que ostentan contra los delitos comunes.
Cabe resaltar que en Colombia persisten alrededor de 13.000 demandas contra el Estado por el irrespeto al debido proceso, la violación a la presunción de inocencia y el prejuzgamiento argumentado bajo hechos falaces comprobados. Por otro lado, frente a quienes compete la justicia transicional de los acuerdos de paz, las FARC solo reconoce a una parte como integrantes de su organización, prevaleciendo miles de casos sin resolver, como estos montajes judiciales, donde son comunes los testigos falsos, la manipulación de pruebas, la presión para aceptar la imputación de cargos, chuzadas telefónicas ilegales, amenazas, hostigamientos, tergiversación de la información y vulgaridad investigativa, dejando inocentes en el exilio, nombres mancillados, atemorizados, tejidos sociales y familiares destruidos y una perplejidad igual de perturbadora a la impunidad y el olvido.
