Cien historias de desplazamientos forzados por los Juegos Olímpicos
26 Agosto 2016
Más de 2.500 personas fueron expulsadas de sus hogares por las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Agência Pública ha realizado un reportaje multimedia en el que recoge el testimonio de 100 de estas familias.
Detrás de la puerta de metal de la calle Camerino, en el centro de Río de Janeiro, dos escaleras carcomidas conducen a la segunda planta, donde, en ausencia de ventanas, todo es maloliente y oscuro. Allí, con otras cinco o seis familias, viven los niños viven Jackson, Jasmin, Jamile, Carolaine, Iuri, Karolyn, Cauane y Janderson, hijos de Jailson Lourenço da Costa, un negro alto, guapo y analfabeto. Comparten una vivienda de dos habitaciones al precio de 700 reales al mes (192 euros); una de ellas tiene nevera, estufa y colchón de matrimonio. En la otra hay una cómoda, una televisión y una cama que comparten todos los niños.
Hace siete años que Jailson fue expulsado de la mansión azul, antigua casa de campo que se encuentra en la ruta de la LRT (tren ligero), una de las atracciones de Porto Maravilha –a su vez uno de los grandes legados de los Juegos Olímpicos de 2016 a Río, según la Prefeitura (Ayuntamiento). “Dijeron que iban a reformar el muelle del puerto y que iba a pasar ese tranvía, y no podían tener una vivienda allí”, recuerda. El caserón, abandonado, había sido ocupado por residentes de la región: vendedores ambulantes, recogedores, trabajadores con salarios pobres como él. Fue allí donde Jailson conoció a su mujer. En junio de 2009, fueron desalojados en apenas diez días. La promesa era que “ellos [la Prefeitura] darían casas de Minha Casa Minha Vida [proyecto lanzado por Lula para financiar viviendas a familias con pocos recursos] para cada residente, y no dio nada, lo canceló, después no le dieron nada a nadie”. Hace tres años que la familia vive en el ‘cortiço’ [tipo de viviendas colectivas de Brasil y Portugal] en la calle Camerino. “No puedo decir que soy feliz, no veo a mis hijos muy felices, no tienen espacio, no tienen nada”. “Añoro el caserío, vivir allí, estaba bien. Era tranquilo”, lamenta.
Detrás de la nostalgia de Jailson y miles de familias desalojadas para dar lugar al espectáculo de los Juegos Olímpicos de 2016, hay varios violaciónes de derechos humanos que impregnan todo el proceso, intrínsecamente vinculado también a la participación de Río como sede de la Copa del Mundo 2014.
Las familias entrevistadas por Pública para el proyecto 100 relataron haber sufrido violencia psicológica y física. Trece de las 62 familias escuchadas hasta la fecha de publicación dijeron haber sido directamente amenazados para que abandonaran sus casas. “Ellos dijeron que iban a mandar a la policía contra nosotros, que echarían abajo la casa con nosotros dentro”, recuerda Eunice dos Santos, un ex residente de Estrada da Boiúna, hoy residente en la colonia Juliano Moreira, del programa Minha Casa Minha Vida, en la zona oeste. Márcia da Silva recordó el trauma de su hija, que entonces tenía tres años, al ver la antigua casa siendo demolida. La niña comenzó a tener pesadillas recurrentes. “El pediatra dijo que tal vez iba a necesitar tratamiento psiquiátrico”, dice Márcia. Otras presiones fueron más veladas, pero continuas. “Las amenazas eran más psicológicas. Decían: ‘Ah, pero usted no lo ve, que todo el mundo se está yendo. Hay que pensar en la familia, porque su familia puede sufrir las consecuencias más tarde “, relata José Ronilson da Silva, residente en Vila Autódromo.
El 3 de junio de 2015, la Guardia Municipal agredió a los vecinos de esta villa, donde vivían alrededor de 500 familias al borde de la laguna de Jacarepaguá y donde hoy se levanta el Parque Olímpico, durante un intento de demolición. Las imágenes de los vecinos de Ronilson con las cabezas ensangrentadas y las marcas de balas de goma en los brazos circulan por las redes. La persistencia de los residentes a permanecer en el lugar resultó en una pequeña pero simbólica victoria: 30 casas fueron construidas para los vecinos de Vila Autódromo. Además de las casas, dos escuelas y zonas de recreo constituyen el plan de desarrollo de la comunidad anunciada por el Ayuntamiento en marzo de 2016, cuando la mayoría de las familias ya habían abandonado el lugar.
No hay datos
Durante la administración del alcalde Eduardo Paes, del PMDB, Río de Janeiro vio un ciclo de demoliciones masivas sin precedentes en la historia. Su tamaño real aún se desconoce. Sólo en julio de 2015, el Ayuntamiento dispuso datos generales en un blog: entre 2009 y 2015, fueron realojadas 22.059 familias en Río. El Ayuntamiento sostiene que el 72,2% del total, 15.937 familias, fueron desalojadas porque había riesgo de deslizamiento de tierra, inundaciones, o estaban viviendo en condiciones insalubres. El gobierno municipal sólo reconoce como demoliciones vinculadas a mega-eventos las realizados en Vila Autódromo. “Ningún otro proceso de reasentamiento en marcha hoy en la ciudad tiene vínculos con las instalaciones deportivas creadas para los Juegos”, dice el texto del Ayuntamiento.
No es lo que verifican las entrevistas a las víctimas. La gran mayoría de los desalojos fueron informados por parte de los empleados de la municipalidad, que dijeron claramente que había relación con las obras de los Juegos Olímpicos. En algunos casos, como en el almacén abandonado que daba a la calle Ipadu 700, en Curicica –eliminado para dar paso a la BRT Transolímpica [vía rápida de transporte público]– el expediente, documento inicial del proceso de demolición, llevaba el logo de los Juegos Olímpicos. Joshua Lima, ex residente de la favela Metrô Mangueira, resume: “No me gusta recordar, no. Construimos nuestra vida allí. Y verla destruida por los Juegos Olímpicos no está bien. Si fuera a causa de una guerra, por una bomba, lo aceptaríamos, pero por los Juegos Olímpicos …?”.
El Ayuntamiento nunca publicó los datos oficiales detallados sobre las demoliciones olímpicas. No se sabe, por ejemplo, cuántas personas fueron desalojadas de las comunidades que estaban en la ruta de algunas obras clave para los Juegos. De acuerdo con los datos del informe “Olimpíada Rio 2016, os jogos da exclusão”, publicado en noviembre de 2015 por el Comitê Popular da Copa e Olimpíada do Rio de Janeiro, si se cuentan sólo tres grandes inversiones que figuran como legado de los Juegos Olímpicos, además de las obras para la reforma del estadio Maracaná, donde se realizará la apertura y cierre del evento, fueron 2.548 las familias desalojadas. Estos levantamientos incluyen las comunidades de la región de Recreio, donde pasó el BRT Transoeste, en el barrio Curicica, cortado por el BRT Transolímpica, en el morro [colina] de Providência, en la zona del Puerto Maravilha, donde hubo demoliciones a causa de la instalación de un teleférico, además de otras ocupaciones en el mismo perímetro, como la del caserío azul de Jailson.
Según el Ayuntamiento, en el mismo blog, apenas 2.125 familias fueron reasentadas por causa de las obras de movilidad e infraestructuras.
Pública ha realizado dos reclamaciones por la Ley de Aceso a la Información, pero no ha obtenido respuesta.
La desinformación es un arma
La falta de información sobre los desalojos fue una constante en el proceso de expulsiones olímpicas y llevó a la organización Artigo 19, que defiende el derecho a la información, a apuntar “una situación crítica de falta de transparencia y de restricción de la información pública sobre importantes obras de infraestructura que están cambiando el espacio urbano de la ciudad de Río de Janeiro y la vida de sus residentes, sobre la base de la preparación de un mega evento deportivo”. En un informe sobre la BRT Transolímpica –primera obra importante en los Juegos de 2016, que comenzó a ser construida en 2012–, la ONG dijo que había una “falta generalizada de información” para los residentes de las comunidades de la región. No había un sitio específico para las solicitudes de acceso a la información, y todas tenían que hacerse en persona, en papel, en el Ayuntamiento. De las 39 solicitudes hechas a los cuatro departamentos municipales y a la oficina del alcalde, sólo uno ha sido totalmente respondida. El informe concluye que, después de meses haciendo las solicitudes de información, era imposible saber cuál sería la ruta final del BRT, mientras cientos de familias ya habían sido expulsadas.
“De hecho, nosotros hemos conocido a través de rumores en internet que iban a expropiar”, recuerda Ozineide Pereira da Silva, que ha vivido 20 de sus 30 años en un enorme cobertizo ocupado en Ipadu 700, en Curicica. “Hasta que un día el Ayuntamiento fue a hacer el registro, tomar fotografías de nuestra casa, y dijo que teníamos que irnos y que nos compensarían”. Entre el primer susto y la expropiación efectiva pasaron más de dos años, sin ninguna información precisa.
Para la investigadora Mariana Cavalcanti, quien siguió de cerca el proceso de demoliciones en Curicica, “la falta de información fue una estrategia deliberada del Ayuntamiento”. Cuenta que los vecinos de Vila União de Curicica, cerca de la comunidad Ozineide, supieron sobre la amenaza de BRT cuando vieron un vídeo de propaganda del Ayuntamiento en Internet en el que se mostraba la ruta inicialmente planteada entre promesas de valorización y beneficios para la población. “La gente simplemente vio que el BRT iba a pasar por el medio de la comunidad”. “Parecía una broma, cortar la ciudad como si fuera Dios”, añade el sociólogo Paulo Magalhães, que entonces era asesor del vicepresidente de la Caixa Econômina Federal y siguió de cerca las negociaciones.
La falta de información fiable acompaña hasta hoy a los residentes desalojados de Vila União y de Ipadu, incluso después de mudarse al condominio Juliano Moreira a través del programa Minha Casa, Minha Vida. Durante la entrevista con Pública, Ozineide muestra el único papel que recibió –un ‘dossier’, sin ningún valor legal–. Hasta la fecha, ni ella ni sus vecinos han recibido el contrato que les certifica como ocupantes legales del inmueble. “Tengo miedo. Porque aquí la gente no paga, porque fue un intercambio de claves. Pero después ha cambiado el gobierno, y a saber. La gente ha firmado, pero no tienen ningún contrato. Nada con lo que decir ‘esto es mío’”.
La situación es más grave porque, como constata el reportaje de Pública, muchos de los residentes de la colonia comenzaron a recibir del Banco do Brasil cargos por valor de 75.000 reales [20.610 euros], como si devieran un dinero que nunca iban a tener. El importe debería haber sido pagado por el Ayuntamiento, al que el Banco do Brasil atribuye el problema. Resultados: los nombres de muchos residentes están incluidos en el SPC [lista de deudores], el Sistema de Protección de Crédito.
Muchos tienen miedo de hablar, no quieren aparecer en fotos o vídeos. Porque ya han sido amenazados o porque pueden serlo. Los propios reporteros de Pública, durante la realización de este especial, recibieron un “mensaje”. Una residente de uno de los condominios dijo que llamó a su sobrina Marli Ferreira Lima Peçanha, que era asesora de la oficina del alcalde en 2015 y hoy es coordinadora de Articulación Social del Departamento de Vivienda. Es ella la que se encarga personalmente de varios casos de desplazamientos. Su nombre es mencionado en varias ocasiones por los residentes que han recibido de los funcionarios públicos promesas no cumplidas. “No se le permite hacer una entrevista aquí”, decía el mensaje.
Amenaza constante
La amenaza reiterada de expulsión, desde hace décadas, fue mencionado por los entrevistados de todas las comunidades. No es extraño, todos estaban no sólo en el camino del BRT y de las obras para los Juegos, sino también en zonas de gran valoración inmobiliaria. El investigador Lucas Faulhaber relata en su libro ‘SMH 2016-Remoções no Rio de Janeiro’, en coautoría con la periodista Lena Azevedo, que en 2014 Río tenía el metro cuadrado más caro del país, una media de 10.250 reales, después de una aumento de los precios residenciales de un 700% en 2010, según un estudio de Secov-Río.
“En 2006, Cesar Maia, con el pretexto de que no podía haber comercio en las comunidades, derribó las casas. A finales de 2008 y principios de 2009, la Subprefeitura de Barra [barrio en el oeste de Río de Janeiro] volvió de nuevo para hablar de gilipolleces. Primero mandó a un montón de… decían que eran asistentes sociales, se llevó todos los datos de la comunidad y se los entregó al Ayuntamiento. Entonces, cuando el Ayuntamiento cayó sobre nosotros [en 2012], sabía de nuestras vidas más que nosotros”, dice Jorge Santos, ex residente de Vila Recreio II.
El fundador de Vila Autódromo, el pescador Steliano Francisco dos Santos, informó haber recibido las primeras amenazas de desalojo sólo seis meses después de haber montado la primera casa de la comunidad.
En vista de las amenazas, cuando el tiempo “el hombre agarrar” –en palabras de su Steliano– muchas familias aceptaron la única oferta del Ayuntamiento. Jorge Lima, no. Él ayudó a organizar la movilización de las familias de la favela Metrô Mangueira, que lograron una de las mayores victorias: dos condominios populares a sólo unas calles de distancia. Y recuerda la “frase que se usa siempre” por las autoridades municipales en las primeras visitas. “Esa frase que repetían: ‘o Cosmo o la calle’”. ‘Cosmo’ significaba ser trasladado a uno de los condominios de Minha Casa Minha Vida en la zona de Cosmos, en el oeste, a 60 kilómetros de distancia.
Hoy en día, los que dicen que son más felices son, precisamente, los que salieron de una situación de vivienda degradante para ir a apartamentos de Minha Casa Minha Vida en regiones cercanas en las que vivían, como en el morro Providência o en Metrô Mangueira. “Nos empeñamos en que no íbamos a salir de allí por eso lo conseguimos”, dice el ex residente de Mangueira José Miranda. “En materia de vivienda, está mucho mejor; en cuanto a comodidad, es mucho mejor”.
No fue el caso de la mayoría de los entrevistados. Por ejemplo, las familias desalojadas del barrio Recreio fueron desplazadas a Campo Grande, a 28 kilómetros de distancia, y las familias desalojadas del centro de la ciudad fueron a parar al barrio Senador Camará, a 40 kilómetros de distancia. Los antiguos residentes de la ocupación Machado de Assis, en Puerto Maravilla, cuando vivían en el centro estaban cerca de sus lugares de trabajo. Ahora, se tienen que despertar a las 4 de la mañana para ir al mismo lugar, si es que no han perdido sus puestos de trabajo. “El ambiente, para mí, es normal. Todo muy bien. Pero prefiero estar allí en el centro. Allí, en cualquier lugar pequeño, ponía una nevera con cerveza, con galletas, en cualquier esquinita allí ya tenía un trabajo. Para ayudar en los ingresos de casa”, dice Simone da Conceição, que ahora vive en Minha Casa Minha Vida en Senador Camará. “La única queja es por el trabajo. Allí tuve una ocupación adecuada para mí, siendo una mujer de 40 años de edad”.
Sonia Braga, ex residente de la comunidad Vila Harmonia, en Recreio, y ahora también en Senador Camará, dijo que las condiciones no eran apropiadas cuando las familias fueron reasentadas, y tuvieron un alto coste personal.. “No había ningún autobús, no tenía furgoneta, no tenía nada. No voy a dejar a mi hijo en un lugar desierto para salir de madrugada. La ciudad dijo que pondría el bus y no lo puso. Mi hijo estuvo casi dos años sin estudiar “.
En Vila Autódromo
Durante la investigación que condujo a su libro, el arquitecto y urbanista Lucas Faulhauber consiguió identificar diferentes estrategias adoptadas por el Ayuntamiento y otros organismos para la eliminación de una comunidad. Entre ellos, la visita de agentes encubiertos del gobierno, bajo pretextos inventados para medir y fotografiar las casas, y para entrevistar a la gente; la represión de la guardia municipal contra los residentes; la demolición de viviendas ya negociadas, dejando a la comunidad en ruinas y llena de escombros, basura, cucarachas y ratas; y las negociaciones individuales, que han socavado el poder de organización colectiva para asegurar un “mejor negocio” mejor para el Ayuntamiento. de esa manera, los que ya habían aceptado los términos de la administración pasaron a presionar también a sus vecinos y familiares.
Sólo una comunidad pasó por absolutamente todos estas etapas, la más emblemática de los desplazamientos olímpicos: Vila Autódromo. Los entrevistados por Pública relatan situaciones de intriga por parte de los funcionarios del Ayuntamiento, como Heloísa Helena Costa Berto, quien dice que fue acusada de haberse embolsado la compensación de otra persona. Ella mostró a Pública el mensaje de WhatsApp de un miembro de la administración municipal que le hizo una amenaza velada. Del mismo modo, un pariente de una líder de Vila Autódromo contó la historia de que la acusaban de pedir una indemnización millonaria: ella que se había negado a salir de casa y renunció a cualquier indemnización para permanecer en Vila.
Cuestionado a través de la Ley de Acceso a la Información sobre el origen de los fondos utilizados para la compensación en Vila Autódromo, el Ayuntamiento no respondió a la publicación de este informe.
El mayor legado de las remociones Olímpicos: una multitud en las manos de las milicias
El periodista desprevenido que trata de entrar en algunos de los condominios de Minha Casa Minha Vida de la zona oeste rápidamente se encontrará con tres cosas. La primera es que todos están rodeados con puertas que controlan la entrada y salida de los residentes. No hay porteros. La segunda es que siempre hay algunos hombres jóvenes fuertes apoyados sobre los edificios o en los automóviles, observandoo. Y la tercera es que los residentes tienen mucho miedo de dar entrevistas.
Una reportera de Pública conoció la realidad del miedo impuesta por la milicia las dos veces que acudió al condominio Colônia Juliano Moreira, en Jacarepaguá. La primera vez, un joven alto, nos llamó para explicarnos qué hacer allí. Los residentes hablaban de la milicia de manera velada, afirmando que “no hay mucha libertad”, “los niños no pueden permanecer fuera después de las 22 horas” o “hay gente de más aquí”. En una segunda visita, la vigilancia fue más evidente: mientras que nuestra reportera hablaba con un residente en el primer piso, dos jóvenes observaban la planta baja, dejando al hombre y su esposa con profunda tristeza. “No es el miliciano, es el hijo de la milicia,” dijo ella. Asustados, se negaron a ser entrevistados o contar su historia.
El líder del PMDB comenzó su carrera política en el mismo Estado en 1993 como vicealcalde de Barra y Jacarepaguá con 23 años. Todavía es allí donde tiene su mayor apoyo electoral –cuando fue reelegido en 2002, 822.000 de los cerca de 2 millones de votos obtenidos llegaron desde el oeste. Una de las áreas en las que tenía un mayor porcentaje de la votación fue Santa Cruz, donde han sido desplegados actualmente varios condominios de Minha Casa Minha Vida. Consiguió el 77% de los votos–.
Este mapa producido por Pública, con el origen y destino de los desplazamientos de comunidades vinculados a los Juegos Olímpicos, se puede ver el desplazamiento masivo que se produjo hacia el oeste. Pública utilizó como base las localizaciones de los condominios de Minha Casa Minha Vida construidos hasta el primer semestre de 2015, calculado por los periodistas Luã Marinatto y Rafael Soares, del diario Extra, y la información recogida en el informe del Comité Popular.
En un notable trabajo informativo, en la primera mitad de 2015, periodistas del diario Extra encontraron que, hasta entonces, los 64 condominios Minha Casa Minha Vida que habían sido inaugurados en Río destinados a las beneficiarios más pobres eran objetivo de grupos delictivos. Más de la mitad –38 viviendas en el oeste– estuvieron, hasta la fecha de cálculo, controlados por milicias. Entre ellos se incluyen los condominios Livorno, Trento y Varese, en Cosmos, y Treviso, Terni y Ferrara, en Campo Grande, que recibieron a personas desplazadas por los Juegos Olímpicos. En el Cosmos, los reporteros entraron en edificios que tenían el símbolo de un famoso miliciano, el ex PM Ricardo Teixeira da Cruz, un murciélago negro sobre la frase “bienvenidos”.
La ausencia de garantías básicas para los residentes desplazados –como información sobre las cuentas, el condominio, el tiempo hasta que el inmueble pase a su nombre, y el contrato y entrega de llaves– ayuda a mantenerlos vulnerables a las demandas de la milicia. “La Subprefeitura local tiene un enorme poder”, explica el sociólogo Paulo Magalhães, quien observó la dinámica de la región después de haber sido contratado por Invepar [empresa privada brasileña dedicada a la gestión de concesiones de infraestructuras]para hacer un plan de inversión social en relación a la construcción de Transolímpica. “Hacen una política articulada con los dos mercados principales: el mercado de la seguridad y el mercado inmobiliario formal”. Ambos intereses, dice Paulo, están concatenados. “El marketing de la milicia es vender un terreno donde usted no tenga problemas de seguridad”.
Es la nueva cara de un recurso tan antiguo que impregnó todas las fases de la historia de Río de Janeiro. Los desplazamientos forzosos ya sucedían en 1808, cuando el rey de Portugal Don Juan VI se trasladó a Brasil y usurpó las casas de los residentes del centro de la ciudad para instalar su corte de lujo. Las casas fueron marcados con la abreviatura “PR”, el “Príncipe Regente”, una violencia simbólica, pero real, reeditada durante los desplazamientos de los Olímpicos: en 2013, todas las casas que fueron demolidas fueron marcados con las siglas SMH –Municipal de la Vivienda–.
“La historia de Río de Janeiro se modela sobre la construcción y la expulsión de los que construyeron”, señala Sandra María, una de las vecinos de Vila Autódromo que contaron su historia en este especial. “Los antiguos esclavos construyeron el centro de Río de Janeiro y luego fueron expulsados. Entonces construyeron el morro de Santo Antônio y a continuación, los expulsaron de allí. La zona sur fue construida por el trabajador expulsado del centro. El pobre, en Río de Janeiro, no tiene derecho a vivir cerca de las zonas privilegiadas. No puede vivir cerca de la playa, no puede vivir cerca de la cascada, no pueden vivir cerca del bosque. Llega un momento en que usted pregunta: ‘¿cuál es el valor de la historia de un pueblo?’”. Fue esa percepción, cuenta, la que hizo que se decidiera por unirse al resto de residentes y resistir hasta tener su casita en la pequeña villa que hoy se construye junto al Parque Olímpico.
“Alguien tiene que cambiar la historia de esta ciudad”, dice.
