Miles de migrantes de Venezuela a quienes Madrid denegó el asilo en los últimos cinco años podrán verse beneficiados por esta medida. Accederán a permisos de residencia y trabajo.

Millones de migrantes venezolanos continúan regados por el mundo, en un exilio forzado que se ha convertido en el mayor éxodo de la historia de América Latina. Desde que comenzaran las protestas de 2014 en Venezuela, que tuvieron como punto álgido la detención del líder opositor Leopoldo López, muchos de sus ciudadanos eligieron nuestro país como destino al que huir y en el que han intentado formalizar su situación con escaso éxito. Ahora, España rectifica y aplica por primera vez a esta nacionalidad, la más numerosa en nuestro territorio, la protección internacional por razones humanitarias. Fórmula que ofrece permiso de residencia por un año, prorrogable, y permiso de trabajo con carácter retroactivo a aquellos a los que se les denegó el asilo.

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), formada por representantes de Justicia, Asuntos Exteriores y Presidencia y por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y donde se elevan las solicitudes de asilo procedentes de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) -dentro del organigrama del Ministerio del Interior-, concedió por primera vez a 400 venezolanos a los que se les había negado la protección internacional la autorización de residencia temporal por cuestiones humanitarias en su reunión de febrero.

Además, la CIAR propuso un acuerdo para que los venezolanos a los que se les rechazó el amparo entre el 1 de enero de 2014 y hasta febrero de 2019 pudieran beneficiarse también de ese permiso para residir y trabajar en España, según una nota del Ministerio de Interior del 5 de marzo de 2019. El pacto debe ser ratificado por el ministro Fernando Grande-Marlaska y podría afectar a miles de migrantes de esta nacionalidad.

Naciones Unidas estimó recientemente que a finales de 2019 podría haber más de cinco millones de migrantes venezolanos. En cuanto a España no hay datos exactos, pero algunas ONG han llegado a hablar de más de 300.000.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertó a mediados de febrero de que sólo se aceptó una de cada cuatro solicitudes de asilo en 2018. A lo que hay que añadir que en los últimos meses muchos expedientes de solicitudes de asilo se habían bloqueado por falta de personal en la OAR, según fuentes de la propia oficina. Incluso la directora de CEAR, Estrella Galán, pidió “solventar este atasco en el sistema” y destacó que se precisan “mayores medios materiales y humanos”.

En el balance realizado por este organismo, el país latinoamericano volvió a estar en el primer puesto de nacionalidades que realizaron peticiones de asilo en nuestro país el año pasado, con más de 19.000. Sin embargo, sólo se aceptaron 30 y se rechazaron 1.495. CEAR estima que en total hay 31.620 solicitudes de venezolanos pendientes en nuestro país. De ahí que, de adoptarse el acuerdo de la CIAR, serían muchos los venezolanos que podrían abandonar el limbo en el que se encuentran y regresar a su país cuando se den condiciones favorables. Las mismas fuentes de la OAR cifran entre 3.000 y 4.000 las peticiones que podrían haber sido denegadas entre 2014 y 2019 y que serían susceptibles de acogerse a la nueva medida.

William Cárdenas, abogado y dirigente de la ONG Un Salvavidas para Venezuela, que ha intentado que se aplicara a sus compatriotas el Estatuto del Desplazado en España, celebra esta medida: “Es lo que deseábamos, que estas personas tengan posibilidad de insertarse en el mercado laboral y contribuir con su participación a la vida económica”.

PETICIÓN DE LOS VENEZOLANOS

“Pusimos en marcha la iniciativa el año pasado para solicitar que a los venezolanos se les diera la protección que está prevista en un Real Decreto vigente del año 2003, que establece la protección temporal cuando existe una afluencia masiva de personas que llegan al territorio español y que vienen huyendo de países cuando existe una situación de violencia, hambre, falta de medicinas o violación sistemática de los derechos humanos. Y cuando esa afluencia masiva desborda la capacidad de respuesta de la Administración General del Estado para dar solución a ese problema”, explica a EL MUNDO en conversación telefónica. Tras plantearlo, el Defensor del Pueblo se hizo eco, después lograron que en el Congreso de los Diputados se aprobara una proposición no de ley y escribieron una carta -respaldada por 60 organizaciones- al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. A principios de año tuvieron conocimiento de que la “Administración española estaba estudiando una medida que es alternativa, pero que va en la misma dirección de lo que estábamos solicitando”, añade Cárdenas.

Es la primera vez que se introduce la protección por razones humanitarias para venezolanos, recalca Juan Carlos Gutiérrez, el abogado del preso político Leopoldo López, quien vive en España porque se vio obligado a salir de Venezuela por persecución. “En otros países hay precedentes”, señala el letrado, y menciona a Colombia y Perú, que dieron Estatus de Protección Temporal a migrantes venezolanos.

Cárdenas y Gutiérrez apuntan que habrá que estar pendiente de cómo el Gobierno estructurará la medida, pero ambos coinciden en que no va a existir un efecto llamada porque la mayoría de los venezolanos optan por la salida a pie a otros países del continente. “Una vez que se vaya Maduro, los venezolanos van a regresar”, dice Cárdenas. “Yo seré de los primeros”, añade Gutiérrez.