El número de jóvenes recluidos en los centros de internamiento de extranjeros se ha duplicado en un año porque vienen más marroquíes huyendo del servicio militar obligatorio en su país.

El Ministerio del Interior ha reconocido por escrito que el año pasado se ingresó a 89 menores de edad en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, una medida que está expresamente prohibida por ley, pues no pueden entrar en estas instalaciones quienes no hayan cumplido los 18 años salvo que vayan acompañados por sus madres, que no era el caso.

En una respuesta al Servicio Jesuita a Migrantes a través del Portal de Transparencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Interior admite que se llevó a 20 menores a las instalaciones de Barcelona y otros tantos a Murcia; 17, a Madrid; 11, a Tarifa; nueve, a Algeciras; seis, a Tenerife; cinco, a Valencia, y uno a Las Palmas. El departamento de Fernando Grande-Marlaska es el responsable directo de los ocho centros repartidos por España donde los inmigrantes que han llegado de forma irregular y son interceptados por las Fuerzas de Seguridad permanecen de forma cautelar hasta 60 días mientras se tramita su devolución a su país de origen.

Pero la Ley de Extranjería deja claro en su artículo 62 que “no podrá acordarse el ingreso de menores” en estas instalaciones, salvo en los casos que sean niños acompañados de sus madres, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

No es el perfil de los menores que estuvieron en los CIE durante 2018: jóvenes de en torno a 16 y 17 años, muchos de ellos procedentes de Marruecos y Argelia, que llegan solos a España, en patera o escondidos en los bajos de un camión. La Ley de Extranjería dice que “los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores”.

La cifra de 89 menores internados es “inusualmente alta” para el Servicio Jesuita a Migrantes, que el pasado jueves presentó su informe anual sobre los CIE en la sede del Defensor del Pueblo. Supone el doble de los 48 que hubo el año pasado, una cifra que se ha mantenido más o menos constante en los últimos años.

“MÁS MENORES MIGRANDO”

¿Por qué hay más menores ahora en los CIE? “Porque hay más menores que están migrando. Se plantea la migración desde edades más tempranas. En Marruecos, tanto las revueltas del Rif como la reimplantación del servicio militar obligatorio han provocado el éxodo de muchos jóvenes que no quieren incorporarse a filas. También se han intensificado en 2018 las migraciones desde Argelia”, responde el jesuita Josep Buades, autor del informe.

El trabajo documenta las “vulneraciones de derechos” que se han producido en los CIE durante 2018 a partir de la observación directa realizada por los 50 voluntarios que han acompañado a los inmigrantes durante su internamiento. Siete de los posibles menores a los que visitaron denunciaron que “se sentían intimidados por los adultos con los que compartían habitación”.

Además de los menores, se han encontrado entre los 807 inmigrantes visitados a personas con perfiles de especial vulnerabilidad que no son debidamente identificadas, como enfermos, dos mujeres víctimas de violencia de género, una víctima de violencia sexual y una mujer lactante.

También denuncian los jesuitas “irregularidades” en la gestión de solicitud de protección internacional, asistencia legal “deficiente”, falta de intérpretes, agresiones de otros internos, restricciones a la comunicación telefónica y en las visitas de los familiares, maltrato verbal o intimidatorio, distribución de ropa y zapatos inadecuados y asistencia médica “deficiente”.

A lo largo de 2018 fueron internadas 7.855 personas, algo menos que las 8.814 de 2017. Entre ellas destacan los marroquíes (el 35% de todos los ingresados) y los argelinos (31%), que copan los CIE porque los subsaharianos ya no entran en ellos dada la imposibilidad de devolverlos a sus países de origen.

El año pasado llegaron 64.298 personas de forma irregular a España. El informe constata que las expulsiones de inmigrantes han subido de 5.272 en 2017 hasta 7.203 en 2018. En pleno Gobierno de Pedro Sánchez, las devoluciones también han aumentado, pasando de 4.054 a 4.181.