Por: Alvaro Suzzarini Fernández

Durante las últimas tres semanas Venezuela y Colombia viven un nuevo episodio de tensión diplomática. El más reciente impasse tiene como viejo telón de fondo el conflicto armado colombiano y como escenario el inhóspito eje Apure-Arauca.

Usualmente, lo que sucede en los pequeños poblados de La Victoria o el Ripial, ubicados en los llanos sur-occidentales venezolanos, incide poco y nada dentro de la dinámica política de la República Bolivariana.

Lo mismo sucede a la otra orilla del río, donde lo que pase en Arauquita tiene una importancia marginal en las disputa por el poder en Colombia. Sin embargo, tanto desde Miraflores como desde el Palacio de Nariño las realidades de estos parajes se han convertido en asuntos de Estado.

Caracas ha desplegado más de 90 tropas en el estado Apure, incluida una brigada élite de acción conjunta con efectivos de sus distintos cuerpos militares, y recientemente anunció el envió de 1.000 milicianos. Por su parte, Bogotá movilizó 2.000 nuevos efectivos de sus fuerzas militares y 90 infantes de marina al departamento de Arauca.

Históricamente la presencia de los dos Estados en estos territorios ha sido débil. Apure es uno de los estados más extensos de Venezuela, con 76.500 kilómetros cuadrados, que a su vez enmarcan el corredor más vasto y peor custodiado de la frontera colombo-venezolana.

La poca presencia estatal y la porosidad de la línea fronteriza entre Arauca y Apure son dos condiciones ideales para el desarrollo de esquemas relacionados con el narcotráfico.

El tráfico de narcóticos hace que fluyan más de 10.000 millones de dólares al año hacia la economía colombiana, según un informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicado en 2018.

Semejante ingreso económico es asimilado mediante el lavado de capitales, pero buena parte nunca entra al sistema legal y puede ser captado debido a que hay un control o una influencia previa por parte de los grupos armados sobre el territorio por donde se van a pasar o producir los narcóticos.

Aunque las dinámicas del tráfico de drogas en esta frontera son muy complejas, se cree que funcionan porque grupos armados al margen de la ley se quedan con una parte de las ganancias por controlar los pasos fronterizos y garantizar la seguridad necesaria para la producción de la droga.

Según diversos analistas, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha ejercido desde hace décadas un rol estructural en el Arauca, convirtiéndose en la principal fuerza en el sector, pero no la única.

El control territorial es compartido o disputado con otros grupos como las llamadas disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales nunca se sumaron al proceso de paz en Colombia y presuntamente estarían involucradas en los recientes enfrentamientos con La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Apure.

Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, en Colombia, sostiene que al menos 17 estructuras de estos grupos armados operan en Venezuela.

Hasta la fecha ya han fallecido 17 venezolanos en estos enfrentamientos, entre ellos 8 efectivos del Ejército. Además, la situación de guerra produjo más de 3.000 desplazamientos forzados en los momentos álgidos del combate, según el Gobierno venezolano, mientras que ONG hablan de 5.000 a 6.000 desplazados.

Estos hechos han desencadenado un enfrentamiento entre las diplomacias venezolana y colombiana, que desde los micrófonos buscan sacar la mayor ventaja posible del manejo de la crisis. Las acusaciones de apoyo al narcotráfico van y vienen de un Gobierno a otro, y cada uno maneja su propia hipótesis sobre lo que está pasando en Arauca-Apure.

Según declaraciones de Ávila a al canal de noticias estadounidense CNN, los enfrentamientos entre las FANB y la presunta “disidencia de las FARC” se estarían produciendo bajo dos hipótesis: la primera sería que los grupos disidentes habrían llevado hasta un nivel alarmante el número de operaciones en territorio venezolano y la segunda es que desde el Gobierno venezolano se está favoreciendo a otra sección de la guerrilla, la llamada “Nueva Marquetalia”, dirigida por Jesús Santrich e Iván Márquez, antiguos jefes guerrilleros que reincidieron en la lucha armada luego de abandonar el proceso de paz.

Esta segunda hipótesis es la que maneja el Palacio de Nariño. Recientemente el presidente colombiano, Iván Duque, denunció ante la Unión Europea como “algo muy grave” la “permanente connivencia y protección que la dictadura de Venezuela da a los grupos terroristas y narcotraficantes en su territorio”, y también se pronunció en este sentido su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien declaró que lo que “está sucediendo hoy por hoy es la apuesta que ha hecho Maduro (…) por Márquez, Santrich y la ‘Narcotalia’”.

Desde Colombia se leen estos enfrentamientos como una profundización de la “crisis humanitaria” que vive actualmente la República Bolivariana. En este sentido la canciller colombiana, Claudia Blum, dirigió una carta al presidente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Consejo de Seguridad del organismo internacional, en la que expresa su “preocupación por el colapso institucional, económico y social en Venezuela, y la crisis política que ha llevado a la destrucción de la democracia, convirtiendo a ese país en un Estado fallido”.

Blum también responsabilizó a la FANB por los desplazamientos masivos de cerca de 5.000 personas hacia el municipio colombiano de Arauquita.

En su reciente visita a Bruselas el mandatario colombiano también puso sobre la mesa el tema de la migración forzada. Duque señaló que su país había recibido “de forma fraterna y amable” el 34% de los seis millones de personas que dejaron el territorio venezolano y denunció que existe una “desproporción muy grande” en cuanto a aportes por migrante realizados por la comunidad internacional, teniendo en cuenta el dinero que se destina para paliar otras crisis. Los países receptores en el conflicto de Siria reciben de 3.000 dólares por migrante, los que reciben sudaneses 1.600 dólares y los que acogen venezolanos solo 300 dólares, según datos del Washington Brookings Institution.

Si la comunidad internacional accediera al pedido del presidente colombiano y aportara por migrante venezolano lo mismo que por uno sirio, ingresarían a Colombia 6.000 millones de dólares por su “ayuda fraterna”, lo que equivale a cerca de la mitad del dinero proveniente del narcotráfico o al 5% del PIB del país.

Según el criterio expuesto por Duque, solo con la crisis en Arauca-Apure su administración debería recibir 15 millones de dólares en ayudas, casi el 28% del presupuesto anual de autoproclamado gobierno interino venezolano de Juan Guaidó, el cual es reconocido por Colombia como el Gobierno legítimo.

Por su parte, desde Miraflores se maneja la primera hipótesis de Ávila, que señala el alarmante aumento del número de operaciones de grupos disidentes en territorio venezolano.

En ese sentido, durante su última alocución el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió “cero tolerancia a los grupos armados irregulares colombianos” y además señaló que en Apure actúan “grupos armados disfrazados de guerrilleros pero que sirven a las bandas de narcotraficantes de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez”.

A su vez, desde Miraflores se busca mostrar al Gobierno ejerciendo la soberanía en Apure, en detrimento del autoproclamado gobierno interino de Guaidó, reconocido por Estados Unidos. Y también se busca aprovechar la atención mediática, producto del conflicto, para obligar al Gobierno colombiano a reconocerlo como interlocutor.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, envió una misiva al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pidiendo que se investigue “la violencia colombiana” que considera está siendo dirigida contra Venezuela.

Arreaza también ha abogado por la creación de un canal de diálogo con la participación de terceros países entre Caracas y Bogotá por el cual se coordinen políticas fronterizas y se diriman polémicas originadas por el conflicto en la frontera.

“Toda la confrontación de Colombia con Venezuela ha sido muy mal manejada por ambos lados”, aclaró el político y escritor venezolano Enrique Ochoa Antich, en conversación con la Agencia Anadolu.

También recordó que hace un año envió una carta al presidente colombiano para exigir un mínimo de entendimiento con su par venezolano para el manejo de la pandemia, que fue respondida por la presidencia de Colombia “simplemente diciendo que ellos no tenían relación con el gobierno de Maduro”.

Para el también dirigente de la oposición venezolana esto indica que “estamos en una situación verdaderamente insólita en la cual cada uno de los gobiernos cree que mientras más rudo sea frente al micrófono, mejor lo hace y al final los que pagamos los platos rotos somos los venezolanos y colombianos comunes y corrientes”.

Fuente: Anadolu Agency