Las tecnologías transgénicas no son sólo inseguras, imprecisas e incontrolables, y por tanto peligrosas, sino también insuficientes y en muchos casos inútiles. Los cultivos transgénicos no han aumentado rendimientos, ni disminuido el uso de agrotóxicos (al revés), y mucho menos han ayudado a aliviar el hambre del mundo. Han enriquecido y empoderado aún más a unas cuantas corporaciones y latifundistas”. Elena Alvarez-Buylla.

En el año 2020 se presentó por segunda vez, en la Cámara de representantes, el proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 81 de la Constitución Política Colombiana, para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. Esta propuesta no se opone al desarrollo tecnológico, sino que propone una estrategia de desarrollo sostenible y coherente con la biodiversidad de nuestro país.

Esta biodiversidad, sin embargo, es muchas veces desconocida y poco valorada. Colombia, por ejemplo, es un importante centro de origen y diversidad de maíces nativos y criollos en el mundo, con más de 30 razas diferentes. Las comunidades étnicas y campesinas han conservado cientos de variedades criollas en sus territorios, que son el fundamento de su cultura, sus sistemas tradicionales de producción y su soberanía alimentaria. Para estas comunidades, los maíces transgénicos representan el riesgo de perder sus variedades criollas, al ser contaminadas por los maíces genéticamente modificados (GM). Existen evidencias de la contaminación causada por estos maíces GM y las autoridades competentes de la Bioseguridad -como el ICA-, no han tomado las medidas necesarias para prevenir dicha contaminación.

Las semillas criollas y nativas deben protegerse como un bien común de la nación y de los pueblos, como lo han entendido muchas comunidades que están declarando sus territorios libres de transgénicos. La propuesta de que Colombia sea un Territorio Libre de Transgénicos apunta a garantizar la soberanía alimentaria, la salud de su población y la conservación de toda la riqueza de biodiversidad que existe en nuestro territorio.

En el mundo, diversas organizaciones y científicos han cuestionado los organismos transgénicos por sus efectos adversos sobre el ambiente, la salud humana y animal, y los impactos socioeconómicos negativos entre los agricultores. Son ampliamente conocidas las enormes incertidumbres sobre la seguridad de estas tecnologías transgénicas. Muchos “estudios científicos” que defienden los transgénicos y su seguridad, no mencionan que han sido financiados por las mismas empresas que los promueven, lo que evidencia un conflicto de intereses.

Algunos gobiernos y la sociedad civil, han planteado que sobre estas tecnologías se debe aplicar el Principio de Precaución hasta que se pueda realmente demostrar que estas tecnologías no generan impactos negativos en el ambiente, la salud y la economía. Así, 19 países de Europa y varios de América Latina han prohibido o declarado moratorias a la introducción de transgénicos -es el caso de Perú, país que en la última semana extendió su restricción al ingreso de transgénicos por 15 años más, para proteger su amplia biodiversidad-.

Al dar una mirada al uso de transgénicos en el mundo se observa que no contribuyen a garantizar una alimentación saludable y diversa. A nivel comercial, la industria se ha concentrado en la producción de cuatro cultivos: soya, maíz, algodón y canola, que ocupan el 99% de las áreas sembradas. La modificación genética de los organismos a nivel comercial en agricultura se ha centrado en dos tipos: Cultivos Tolerantes a Herbicidas (TH) y Cultivos Bt. Los cultivos tolerantes a herbicidas permiten a los grandes productores generar mayores ganancias económicas al reducir el uso de mano de obra, pero se ha incrementado el uso de herbicidas, contrario a lo que afirman los defensores de estas tecnologías. La toxicidad de los herbicidas causa la contaminación de fuentes de agua y del suelo, y afectaciones a la salud de las poblaciones rurales, como se ha evidenciado en los países del Cono Sur.

Las malezas se han tornado resistentes a estos herbicidas, especialmente al glifosato y se han vuelto un problema incontrolable. Cuando las tecnologías ya no funcionan, las empresas desarrollan nuevos transgénicos a los cuales los agricultores deben aplicar grandes cantidades de agrotóxicos.

Para el caso de Colombia se tienen los cultivos Bt de maíz y algodón, los cuales producen una toxina que controla plagas de lepidópteros. Pasadas dos décadas de haber sido introducidos en el mundo, se conoce que en muchas regiones donde se utilizan ampliamente estos tipos de maíz y algodón, las plagas se han tornado resistentes a la Toxina Bt, por lo que los agricultores tienen que utilizar grandes cantidades de insecticidas. En este sentido la Agencia de Protección Ambiental – EPA de Estados Unidos busca su eliminación en 5 años. También se ha encontrado que la toxina Bt puede afectar otros insectos beneficiosos y a las abejas.

En cuanto al maíz tolerante a herbicidas, aunque genera mayor rentabilidad a los grandes agricultores, en varias regiones del país muchos han fracasado, debido a las semillas de mala calidad que han comprado a las empresas. Este fue el caso en el Espinal, (Tolima) cuyos agricultores de maíz GM perdieron en 2014 el 75% de la cosecha. También en Campoalegre, Huila, en 2016 los agricultores perdieron el 90% de la cosecha. En estos casos las empresas y el ICA evadieron su responsabilidad frente al fracaso de esta tecnología, indicando que los problemas fueron causados por variaciones climáticas o mal manejo de la tecnología por parte de los agricultores.

Algunos sectores han insistido que los transgénicos son la solución al agro en Colombia. Sin embargo, pasados 15 años de su uso en el país, han tenido poca acogida. Respecto al algodón, por ejemplo, Monsanto vendió a los agricultores semillas de mala calidad, lo que los hizo fracasar económicamente con este cultivo; para 2018 solo se sembraron 12.000 hectáreas en el país, por lo que su cultivo casi desaparece.

El gobierno nacional se ha enfocado en promover la agricultura industrial basada en la innovación tecnológica, la productividad, la eficiencia y la competitividad como paradigma del desarrollo del campo. Promover una agricultura basada en transgénicos es un despropósito: por un lado, niega el conocimiento de los agricultores tradicionales para garantizar alimentos sanos, suficiente y variados; por otro hace caso omiso de los pobres resultados y las falsas promesas por parte de las empresas y sus centros de investigación.

Contrario a lo que plantean los científicos de la agroindustria, la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ha demostrado ser más eficiente y sostenible que la agricultura industrial, pues provee más del 70% de la alimentación en tan solo el 19% del área agrícola del país. Hoy, más que antes, la crisis que generó la pandemia, puso en evidencia la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria.

Para recuperar la autonomía alimentaria, Colombia debe hacer una transición de la importación masiva de alimentos —como el maíz y la soya transgénicas—, hacia la producción nacional sustentada por la agricultura agroecológica campesina, familiar y comunitaria, que proteja los bienes comunes de la agrobiodiversidad y garanticen la autonomía alimentaria.

Las organizaciones sociales y locales reiteramos la relevancia de prohibir las semillas y cultivos transgénicos en Colombia, mediante el Acto Legislativo que actualmente cursa en el Congreso de la República. Ya conocidos los impactos adversos generados por los cultivos de maíz y algodón transgénico, y su fracaso en varias regiones del país, tenemos la responsabilidad de proteger el ambiente, la agricultura local y la economía de las y los agricultores. Hay que decir, también, que la normatividad de bioseguridad vigente en el país no protege nuestra agrobiodiversidad, la producción agrícola nacional, ni la salud de sus ciudadanos y ciudadanas.