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Para estar en contra de la paz


de Sergio Segura, ProMosaik America Latina. El expresidente de Colombia y ahora congresista Álvaro Uribe
lidera una campaña en contra de los procesos de paz en el país. Con el
argumento de que “la paz no debe tener impunidad”, persiste en la
recolección de firmas en diferentes partes del territorio nacional para
terminar con el acuerdo que se viene negociando en Cuba hace cuatro años. Esto
es polémico para Colombia si se tiene en cuenta que tiene múltiples
investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo, además de tener
a su hermano y a varios de sus oficiales del Ejército de confianza en prisión,
a sus dos hijos investigados y a varios de sus ministros escondidos en Miami
fugados de la justicia.
 

de Silvia Quintero, Palabra al margen, 15 Junio 2016.

En
la medida en que el paramilitarismo y la ultraderecha siguen
(desafortunadamente) siendo un actor importante en el país, la
recolección de firmas debería preocuparnos más de lo que creemos. Por
eso el apoyo al proceso de paz –uno crítico y propositivo, en aras de un
modelo de paz distinto– debe pensar también, prontamente, qué hacer con
el gran disparate de un movimiento en contra de la paz.

A la gran paradoja la sazonan hechos como
el de que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en España
anunciara que le otorgará a Álvaro Uribe una medalla de honor por su
defensa de la democracia. Uribe, un honorable demócrata. Sí, el mismo
que tiene varias investigaciones y procesos legales abiertos en relación
con múltiples violaciones a los derechos humanos, vínculos con grupos
paramilitares, negocios ilícitos e incluso masacres como la de El Aro en
Antioquia durante el periodo en el cual fungía como gobernador del
mismo departamento. El mismo que, en esta ocasión, levanta el estandarte
contra la paz.

Dada la polémica desatada alrededor del
anuncio de la UIMP, se abrió también una iniciativa al interior de
España para exigir que tal mención no sea otorgada, pues como dice el
periodista español Paco Gómez Nadal (quien está promoviendo la firma de
una petición virtual en contra de que se otorgue el reconocimiento): “Álvaro Uribe Vélez, además de ser un enemigo declarado de la paz, es acusado de crímenes de lesa humanidad durante sus dos mandatos (2002-2010) por lo que la entrega de este reconocimiento por parte de la universidad pública española
la hace cómplice de un político que ha sido enemigo de todos los
valores democráticos por los que ahora se le pretende premiar”.


Todo este revuelo generado por los clamores
contra la paz liderados por un supuesto demócrata de talla mundial nos
ofrece varias cuestiones para reflexionar detenidamente, pues si bien un
en contra de la paz representa un exabrupto, también es cierto
que los problemas allí en juego no son tan evidentes y que la férrea
oposición no es simplemente un arranque de locura y maldad de parte de
Uribe y los uribistas.


En primer lugar, habría que preguntarse qué
es lo verdaderamente problemático e indignante de esta oposición y si
no hay ninguna legitimidad en todo lo que implique un cuestionamiento al
proceso de paz al que le apuestan hoy el Estado y las FARC desde La
Habana. Respaldar los acuerdos no significa necesariamente ponerse del
lado de la paz que nos plantea Santos de manera irrestricta, pues esa
paz no contempla cambios profundos sobre un modelo económico que, en
virtud de su postración a la acumulación transnacional financiarizada,
es poco equitativo y ambientalmente insostenible. Hay que respaldar los
acuerdos pero en el entendido de que este es un importante momento
político para el país que abre un campo de oportunidad en el cual
disputarse un modelo de paz distinto y más justo. Conscientes de que
este respaldo es un llamado a la disputa, hay que avanzar en temas
cruciales como el de unas garantías más claras en materia de derechos
humanos para el desarrollo de expresiones políticas alternativas y una
profundización de la participación de la sociedad civil en la
construcción del proceso mismo.


Si es posible plantearle cuestiones al
proceso de paz que oficialmente se viene adelantando, habría que
sentarse a pensar, en segundo lugar, cuál es exactamente el problema de
la oposición de Uribe. Y el problema empieza, de hecho, cuando
desmitificamos la idea de que Uribe no es más que una voz desaforada y
carente de toda cordura. El país no puede olvidar que Uribe sigue
representando a un sector entero en Colombia conformado por un grupo de
personas con poder político y económico considerable y con una capacidad
de movilizar masas demostrada en las pasadas jornadas de movilización
en mayo que tuvieron lugar en todo el país y a las que se unieron miles
de personas gritando arengas energúmenas contra las FARC y contra su
supuesto mayor aliado, es decir, Juan Manuel Santos. Uribe, entonces,
representa a la ultraderecha más retardataria del país y a los
resquicios de las grandes estructuras paramilitares que a través de su
figura gobernaron durante ocho años. La oposición a la paz cobra
sentido, entonces, en la medida en que el proceso de paz pisa económica y
políticamente los callos más dolorosos de esta clase.


De acuerdo con lo anterior, lo
verdaderamente problemático de la oposición uribista al proceso de paz
es que ésta se explica no en función de las necesidades que deben
interpelar al proceso para abrir caminos hacia un país más justo y
políticamente más abierto, sino más bien en función de la defensa
cavernaria de unos privilegios ganados sobre una muy violenta y
sanguinaria dosis de injusticia que, en la historia de nuestro país,
tiene nombre propio: el paramilitarismo.


Y en la medida en que el paramilitarismo y
la ultraderecha siguen (desafortunadamente) siendo un actor importante
en el país, la recolección de firmas debería preocuparnos más de lo que
creemos. Por eso el apoyo al proceso de paz –uno crítico y propositivo,
en aras de un modelo de paz distinto– debe pensar también, prontamente,
qué hacer con el gran disparate de un movimiento en contra de la paz.


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