La píldora, o más bien rueda de carreta, del «acuerdo por la paz» no convence a nadie. Se trata de un fraude, de una trampa -una más-, en el camino hacia la democracia. Luis Casado recuerda la génesis de la idea de la Asamblea Constituyente que en su día abrazaron los partidos de la Concertación, para luego traicionarla. 

Georges Clemenceau, –apodado “Padre Victoria” porque asumió la jefatura de gobierno y el ministerio de la Guerra de Francia cuando todo iba mal y terminó ganando la I Guerra Mundial–, solía decir: “La guerra es algo demasiado grave para confiársela a los militares”.

La incompetencia de los generales, tanto alemanes como franceses, se tradujo en millones de muertos por nada, aparte unas pocas trincheras infestadas de piojos y de ratas. Clemenceau tenía razón.

En otros temas, como la economía o las leyes, uno puede parafrasear sin temor a Clemenceau: son cosas demasiado graves para confiárselas a los economistas y a los abogados.

Tratándose de tus nalgas, o sea de tu vida, la de tu familia, la de tus amigos y seres queridos, servidor considera útil recordar la fórmula que nos viene del derecho civil romano antiguo: Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet. En cristiano: “Lo que le concierne a todos debe ser debatido y aprobado por todos”. Adoptada en la esfera política desde la Edad Media, esa fórmula ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la representación política occidental.

Hace unos años, tuve el privilegio de asistir a una conferencia del profesor Jorge Mario Quinzio Figueiredo (1918-2014), en el Palacio del Congreso Nacional en Santiago.

Quinzio Figueiredo tuvo una larga trayectoria jurídica, política y académica, de la que debemos recoger un elemento a mis ojos muy estimable: desde el 21 de junio de 1978 formó parte del Grupo de Estudios Constitucionales, integrado por veinticuatro juristas y personalidades de oposición a la dictadura de Pinochet.

El eminente areópago produjo, entre otros, una crítica sistemática del esperpento constitucional de la dictadura. El profesor Quinzio Figueiredo recordó algunos elementos en su artículo El Grupo de los 24 y su Crítica a la Constitución política de 1980 , publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (XXIII. 2002). He aquí un fragmento:

“La Carta del 80 no cumplió requisitos de ser la expresión de un gran acuerdo democrático. Por el contrario, fue generada en forma antidemocrática e ilegítima. Se acató porque fue un hecho que formó parte de la realidad, ajeno a que se aceptara la expresión válida, soberana del pueblo”.

El juicio es definitivo, cáustico y severo. Una Constitución debe ser la expresión de un gran acuerdo democrático. La Constitución de 1980 fue el abortón de un grupo de sicarios intelectuales, impuesto por la Junta Militar en el uso de sus supuestas “facultades constituyentes”.

Ese texto, que se impone a nuestras vidas hasta el día de hoy (con el concurso vergonzante de Ricardo Lagos, que lo firmó en el 2005 para darle un viso de legitimidad), fue generado en forma antidemocrática e ilegítima.

¿Por qué razón las autoridades fraudulentamente elegidas en el marco legal del esperpento deben arrogarse ahora el derecho a decidir del futuro institucional de Chile, por sobre la voluntad del pueblo soberano?

Nadie puede sustituir –ni representar– al pueblo soberano a la hora de establecer las leyes que conforman el marco jurídico de su vida en sociedad. Jean-Jacques Rousseau escribió en El Contrato Social:

“La idea de los representantes es moderna: nos viene del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el cual se degrada la especie humana, y donde se deshonra el nombre de hombre. En las antiguas repúblicas, e incluso en las monarquías, el pueblo jamás tuvo representantes”.

¿A título de qué, un grupito de privilegiados se arroga ahora el derecho de imponerle condiciones a la voluntad soberana de la nación entera?

Esos privilegiados, herederos asumidos del legado de la dictadura, pretenden perennizar el derecho que se impuso gracias al poder de las armas y el crimen. Jean de La Fontaine, en su fábula El cordero y el lobo, lo había presentido: “El derecho del más fuerte es siempre el mejor”.

Algo más tarde, en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau lo expuso en El Contrato Social:

“Tal fue, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que le dieron nuevos obstáculos al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin remedio la libertad natural, fijaron para siempre jamás la ley de la propiedad y de la desigualdad, de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable, y para el beneficio de unos pocos ambiciosos sometieron en adelante a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria”.

La concepción de la verdadera libertad en Rousseau se resume a no ser sometido a la voluntad del prójimo, y en no someter a nadie a nuestra propia voluntad. El respeto y la obediencia de las leyes es exigible solo cuando cada cual participa libremente en su redacción y en su aprobación.

Sin embargo, el Grupo de los 24 constató que el esperpento constitucional de la dictadura fue acatado. Crímenes mediante. Jean-Jacques Rousseau, una vez más, lo había previsto, cuando escribió:

“Si un pueblo está obligado a obedecer, hace bien… pero en el momento en que puede sacudirse el yugo, hace todavía mejor.”

Frente al ‘plebiscito’ (en realidad un referéndum) montado por la dictadura para imponer su esperpento, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, –que no fue ajeno al golpe de Estado–, pronunció un discurso en el Teatro Caupolicán (1980). Es preciso recordar algunos pasajes de ese discurso, convenientemente olvidados después por la Concertación:

“Estas no son sólo frías normas jurídicas, sino que afectan la vida, seguridad y libertad de cada chileno o chilena, que durante este prolongado plazo estarán privados de derechos esenciales.”

“Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, (…), es un caso de ciencia ficción o una burla.”

El referéndum amañado por la dictadura, siempre según Frei Montalva, no era válido. Para sostener esa opinión entregó una larga lista de argumentos: Helos aquí:

“No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia.

No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta.

No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos.

No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado.

No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo.

No es válido, porque están proscritos los partidos políticos y, en consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación y la seriedad de los escrutinios.

No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada.

No es válido, porque no existe libertad de información ni de expresión. Los que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunicación de masas, y muy escaso a las radios y a la prensa. Basta decir que el Sr Ministro del Interior al escribirme me dice «que no se puede obligar a los otros canales». Pero al menos existe una Televisión Nacional, que se creó precisamente en mi gobierno para servir a todos los chilenos!

No es válido, porque todas esas restricciones se han intensificado al extremo desde que se llamó a consulta, de tal manera que una radio que había firmado un contrato para transmitir, se negó a hacerlo.

No es válido, porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros.”

Frei Montalva concluyó afirmando:

“Yo digo, todas las disposiciones de esta proyectada Constitución conducen a un sistema preventivo-coercitivo que regirá por casi 25 años. Eso es lo que arrastra a la división, al extremismo, a la violencia y al caos. No a la democracia.”

Frei Montalva no se equivocó sino en el tiempo que duraría la Constitución de la dictadura. En cuanto a sus consecuencias acertó en toda la línea. Con el fin de escapar a ese terrible sino, Frei Montalva propuso la formación de un gobierno transitorio y:

“Que constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una Asamblea Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión.”

¿Por qué, 39 años más tarde, verificada la profecía de Frei Montalva, no podemos ahora formar un gobierno transitorio y elegir por votación popular libre, sin trabas, una Asamblea Constituyente?

Porque la clase política parasitaria, sin excepciones, se opone: vive del sistema. Es la heredera del legado institucional de la dictadura, y su principal beneficiaria al lado del gran capital y las multinacionales.

Parafraseando a Frei Montalva podemos decir –sin temor a equivocarnos– que el tramposo ‘acuerdo por la paz’ suscrito por Chile Vamos y la Concertación (más algún supletivo), conduce a un sistema preventivo-coercitivo que regirá por casi 25 años (y tal vez aún más tiempo). Eso es lo que arrastra a la división, al extremismo, a la violencia y al caos. No a la democracia.”

Lo que nos recuerda otras palabras proféticas…

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse…”

Esos hombres, y mujeres, están ahora manifestando en las calles.