Por fin se agotó la paciencia de las masas en la autoproclamada “tierra de los libres”. El brutal asesinato de George Floyd, quien fue torturado hasta morir de asfixia durante 10 minutos a plena luz del día, se convirtió en la chispa que incendió la pradera. La vida de Floyd era más barata para la policía que el miserable billete falso de U$20 que lo acusaron de tener.

En todo el país hay protestas que se han enfrentado a una impresionante violencia estatal, y que han desafiado las amenazas del presidente Donald Trump de militarizar, de disparar, de enviar perros rabiosos. Imaginémonos por un segundo que fuera Maduro en Venezuela o Rouhani en Irán quienes estuvieran utilizando este lenguaje violento y quienes estuvieran reprimiendo así a su pueblo. Con toda seguridad, en estos momentos, se estarían imponiendo sanciones económicas, se estaría convocando a reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad de la ONU, se estaría hablando de intervención militar, o incluso de bombardeos “inteligentes” en contra de estaciones policiales para proteger a los “pobres ciudadanos” de los carniceros gubernamentales. Tal vez el G-7 ya habría designado a dedo a un presidente pelele y espurio al estilo de Guaidó como autoridad legítima.

La hipócrita de Michelle Bachelet, desde su oficina de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, deplora el asesinato de Floyd pero no dice nada de la violencia del Estado en contra de los manifestantes. Qué diferencia con la vehemencia con la que ataca lanza en ristre a Venezuela. Mientras tanto, Almagro en la OEA –el mismo que monta una bulla inmamable cada vez que a Maduro se le arranca un pedo- ha mantenido un silencio sepulcral. ¿No resulta obvio que en este flamante orden mundial hay una ley para el cartel de los países ricos y otra muy diferente para los demás?

El asesinato de Floyd no es un hecho fortuito. El año pasado, 1099 personas fueron asesinadas por la policía en Estados Unidos, de los cuales muchísimos eran negros. 99% de estos asesinatos están en la más escandalosa impunidad [1]. Una tasa alarmante que compite con las cifras de otras “lumbreras” de los derechos humanos como Colombia. Esto demuestra que la violencia policial, lejos de ser una anomalía, es aupada por el establecimiento de los EEUU. Por todo el establecimiento, tanto por republicanos como por demócratas.

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