El Gobierno PSOE-Unidas Podemos no se pronuncia sobre lo que ocurre en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos tras el abandono de España.

El Frente Polisario pide a España que denuncie los acuerdos de Madrid, por los que se repartió el Sahara Occidental, y se realice el proceso de descolonización.

Diez fuerzas parlamentarias quieren que se investigue la desaparición del líder saharaui Basiri y un grupo de eurodiputados y Podemos piden el reconocimiento de la RASD.

Para el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos el Sahara Occidental es como si no existiese: ni ve ni oye lo que ocurre en la excolonia ocupada por Marruecos, de la que España sigue siendo, tal y como establece la ONU y señala la Audiencia Nacional, la potencia administradora, lo que este mes de junio han recordado al presidente Pedro Sánchez políticos, organizaciones y el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.

El último en dirigirse al presidente del Gobierno ha sido, el 29 de junio, el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, con motivo de la presencia de Pedro Sánchez en Mauritania en la Cumbre del Grupo de Países del Sahel. El dirigente saharaui considera que para lograr la pacificación de la zona y el norte africano hay que “tratar las causas de cada uno de los focos de tensión del continente africano, entre ellos la culminación del proceso inconcluso de descolonización del Sahara Occidental”.

Días antes, el presidente de la República saharaui, Brahim Gali, pidió a España que “cancele de forma oficial los desastrosos Acuerdos de Madrid, que provocaron la apropiación de una patria y el genocidio y el exilio de un pueblo” y requirió al Gobierno español que “se armonice con los ideales y valores de la democracia, la justicia y los derechos humanos, y se apresure a corregir el atroz y terrible error cometido contra el pueblo saharaui”.

Lo dijo el mandatario saharaui el 19 de junio en un acto oficial con motivo del 50 aniversario del histórico levantamiento saharaui de Zemla, que fue reprimido por la Legión y tras el que desapareció el líder Sidi Brahim Basiri a manos de funcionarios policiales españoles.

Estos hechos han motivado a diez fuerzas parlamentarias, incluidas las que forman el Gobierno de coalición, -PSOE, Unidas Podemos, Junts x Catalunya, ERC, Eh-Bildu, CUP, BNG, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Compromís- a pedir en el Congreso de los Diputados, en una Proposición No de Ley (PNL), el esclarecimiento de lo que ocurrió en Zemla e instar al Gobierno a hacer públicos los archivos sobre el líder saharaui; quieren que se inicie un proceso de verdad, justicia y reparación en memoria de Basiri y de todas las víctimas de aquel suceso, “todo ello, acorde con los principios y obligaciones del Gobierno con la memoria histórica”.

A la memoria histórica en relación con el Sahara Occidental se ha referido el periodista y escritor Pablo Ignacio de Dalmases al afirmar en CatalunyaPress que “nuestros sucesivos gobiernos han estado siempre acobardados por los chantajes permanentes de Rabat”, y que ahora que ejerce el poder un gabinete de izquierdas comprometido con la ley de “memoria histórica” podría empezar a recuperar esa dignidad perdida reconociendo, al menos, “la ejecución extrajudicial de Basiri -un verdadero “crimen de Estado”- y clarificando quién la ordenó y en qué lugar se depositaron sus restos.

La responsabilidad de España ha sido exigida, también, por la Liga Española Proderechos Humanos (LEPDH) a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que niega la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sahara Occidental cuando era provincia del Estado español. Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la LEPDH, ha escrito a Pedro Sánchez que no se puede atropellar un derecho natural y que España incumplió sus responsabilidades con las NN.UU. y con el pueblo saharaui al entregar su tierra a Marruecos y a Mauritania sin consultar a la población y a su representante, el Frente Polisario, reconocido por la ONU y la Unión Africana. 

Eurodiputados y Podemos piden reconocer a la RASD

Ante la sentencia de TS un grupo de eurodiputados españoles han pedido a Pedro Sánchez que se otorgue la nacionalidad a los descendientes de la colonia española, como se realizó con la comunidad sefardí; una intervención urgente por la grave situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, propicias para la propagación del Covid-19 por el hacinamiento y la falta de higiene; contribuir decididamente a la celebración del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, y establecer relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las relaciones diplomáticas con la RASD ya habían sido pedidas en junio por Podemos, el socio de Gobierno del PSOE, y que España cumpla sus obligaciones jurídicas e históricas con el Sahara Occidental. Ante la sentencia del Supremo que niega la nacionalidad española a los nacidos en la excolonia,Podemos reclama procesos extraordinarios para otorgar la nacionalidad.

Las peticiones de Podemos chocan con el desmarque de su secretario general, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, quien declaró que la postura de España sobre el Sahara Occidental la señala Asuntos Exteriores. Fue su titular, Arancha González Laya, quien desautorizó una reunión entre el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez -segundo de Iglesias– con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Beiruk, y dijo que no era la posición del Gobierno de España, que no reconoce a la RASD. De esta forma contentó a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, que protestó por el encuentro.

El Gobierno de España, el mismo que afianza la cooperación en Palestina con la reciente firma de un nuevo Marco de Asociación País, con vigencia hasta 2024 y por el que se comprometen 100 millones de euros, guarda silencio sobre lo que ocurre en el Sahara Occidental.

Lo dice el refranero español: “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”. Ni ver ni oír las violaciones de los Derechos Humanos que se perpetran en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, como constata la siguiente relación correspondiente a junio de 2020, según denuncian organizaciones sociales y medios de información saharauis.