Tan grave, que el cierre de empresas se extiende en cadena y de forma casi tan explosiva como el microorganismo. De esto apenas se informa, pero en los barrios obreros cunde la desesperación y la angustia. La enorme precariedad laboral facilita los despidos con indemnizaciones míseras o directamente sin ninguna, por el sencillo procedimiento de no renovar el contrato.

Además, aprovechando el pánico reinante, se está diciendo a las trabajadoras y a los trabajadores que se vayan a su casa, directamente, sin tramite administrativo alguno, hasta el punto de que se les podría acusar de abandonar el puesto de trabajo.

La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Me remito a los datos del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) o al más reciente del Relator de la ONU para la Extrema Pobreza1: antes del Coronavirus 12 millones de personas estaban por debajo de los indicadores mínimos de supervivencia y la mitad de la población no podía calentar en invierno su casa o comprar carne o pescado una vez a la semana.

Sobre esta dramática situación caen los despidos masivos, la inmensa mayoría sin protección social.

La Declaración del Estado de Alarma no se refiere en absoluto a las más ineludibles responsabilidades del Gobierno: a asegurar las condiciones de vida de todas las personas, nativas o extranjeras, que aquí residen.

Es escandaloso que el Decreto se haya publicado sin establecer medidas extraordinarias que son competencia del Gobierno Central destinadas a incrementar sustancialmente los recursos sanitarios, ya sobresaturados y claramente insuficientes para el aumento de las necesidades de asistencia que se espera. Y sobre todo, es inaceptable la ausencia de medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles, que detengan la sangría de despidos que está hundiendo aún más en la miseria a millones de personas.

Y por encima de ello, lo que es intolerable es que en una situación tan grave de emergencia de Salud Pública, de necesidad extrema, no se aborde el deterioro acumulado en los últimos diez años de los servicios públicos y se mantenga la subordinación del gasto de todas las administraciones públicas a los recortes impuestos por la Unión Europea, introducidos en 2011 mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue propuesta por el PSOE y apoyada por el PP.

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