La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo una característica importante que viene marcando la vida política de este país, así como un dato histórico de una nación que se cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance universal, cuyas huellas –junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las de 1968– siguen presentes en la memoria colectiva y en las instituciones, independientemente de los intentos de borrarlas.

Sin embargo, pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales demoledoras. Éstas solo se pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del trabajo. Sus efectos destructivos (para las personas y la sociedad, pero también para el medio ambiente) se propagan gracias a la complicidad del estado con los poderosos del momento. La situación empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de 2005 y que se les impone mediante una denegación de la democracia.

Esta es una violencia adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis sistémica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares que se han amplificado en las últimas décadas: huelgas en 1995, disturbios suburbanos en 2005 y 2007, manifestaciones en las décadas 2000 y 2010… Actualmente, el sentimiento de malestar y descontento es generalizado. Iniciado a finales de octubre de 2018, el movimiento de los llamados “chalecos amarillos” representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por responder con más represión, hasta el punto de hacer retroceder de forma extremadamente preocupante los derechos humanos.

El estado de excepción, punto de partida de una escalada represiva

Resulta fácil identificar el momento en el que se inició esta escalada represiva: empezó con el estado de excepción, decretado en el territorio metropolitano el 14 de noviembre de 2015 (tras los ataques terroristas que azotaron el país el día anterior), y extendiéndose el 18 de noviembre a los departamentos de ultramar. Ciertamente no se trata aquí de minimizar las amenazas terroristas del Islam político extremista, desde Al Qaeda hasta el Daesh, pero hay que entender que la política de seguridad adoptada desde 2015 ha sido, de manera simultánea, una oportunidad para obligar al pueblo francés a aceptar restricciones importantes en sus derechos civiles y políticos, sobrepasando la reacción necesaria a los riesgos terroristas.

Después de renovarse cinco veces seguidas, el estado de excepción se levantó el 1 de noviembre de 2017, pero la mayoría de sus disposiciones excepcionales han adquirido ahora fuerza de ley: los registros y arrestos preventivos, los perímetros de protección, los arrestos domiciliarios individuales, los controles fronterizos, etc., ahora están autorizados en el marco de «la ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo» del 30 de octubre de 2017. Desde entonces, en Francia, existe un desvío inquietante de este imponente arsenal legal de excepción, cuyo efecto es el de reducir las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, de reunión o el derecho a manifestarse pacíficamente, así como los derechos sindicales e incluso el derecho a la integridad física, todos en grave peligro.

Aquellas y aquellos que han participado recientemente en manifestaciones en Francia, han sido testigos, sin duda, de lo que las organizaciones de derechos humanos francesas e internacionales vienen denunciando en los últimos meses: muchas de las intervenciones de las fuerzas del orden son desproporcionadas y excesivamente violentas, recurriendo a veces incluso a armas de guerra. De esta forma, el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua de alta presión contra manifestantes pacíficos se ha vuelto sistemático; también es muy frecuente disparar pelotas de goma a la altura del pecho así como el uso de otras armas de “letalidad reducida”, granadas aturdidoras, la práctica del “encapsulamiento” para evitar unirse a otros manifestantes, arrestos aleatorios y arbitrarios, intimidaciones verbales, provocaciones gratuitas, e incluso agresiones físicas.

En las calles de la capital se han desplegado vehículos blindados, policías a caballo, equipos de perros policías… Muchas veces, se infligen tratos degradantes a los manifestantes, incluidos los menores. También es frecuente que las personas reciban palizas o se las encierre sin haber cometido ningún delito. Los “médicos de la calle”, por su parte, voluntarios que siguen las procesiones y ayudan a los heridos, ven cómo se les confisca su material médico… todo lo cual conmociona a los franceses. Esto último es lo que se busca precisamente para poner fin a su revuelta. Dicha violencia policial es absolutamente inaceptable y vulnera las normas internacionales actuales de derechos humanos.

Primera etapa: la represión de los movimientos sociales y de los sindicatos

Desde la elección a la presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex accionista gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del presidente François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen la flexibilización del mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del transporte público (SNCF, Air France…), energía (gas y electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones (Orange), la gran distribución (Carrefour), servicios de salud (hospitales públicos, residencias de ancianos, seguridad social), educación (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos), justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso auditorías financieras y de cuentas.

Estos diversos movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la primavera de 2018. La reacción del poder fue intensificar la represión, lo que afectó dramáticamente a los estudiantes (evacuación de los campus), los activistas ambientales que ocupaban las “Zonas a defender” (ZAD por sus siglas en francés) y, en especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilización del mercado laboral.

Esta espiral represiva ya había afectado a los sindicatos durante varios años, vulnerando la legislación laboral. De hecho, los obstáculos a las actividades sindicales se multiplicaron: discriminación salarial contra sindicalistas, despidos injustificados de los huelguistas, presiones ejercidas mediante amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones de los derechos sindicales o el derecho de huelga, e incluso la criminalización de la acción sindical (como en Goodyear, Continental o Air France).

Además, las recientes reformas gubernamentales de la ley laboral penalizan aún más los movimientos sociales: menores plazos para apelar a los tribunales laborales y establecimiento de un límite máximo a las indemnizaciones en caso de despido injusto; fusión de las instancias representativas de los trabajadores y limitación de sus medios; mecanismos de terminaciones de contratos colectivos pactados, sin tener en cuenta las medidas de protección laboral o facilitando las salidas de trabajadores mayores; inversión de la jerarquía de normas que coloca el acuerdo de la empresa por encima de los convenios colectivos y la ley; establecimiento del llamado perímetro nacional para los despidos por razones económicas, facilitando el despido de empleados de las filiales francesas (mientras que la empresa matriz obtiene beneficios a escala global).

Segunda etapa: la represión de los « chalecos amarillos »

El presidente Macron optó por “mantener el rumbo”. A expensas del sufrimiento y las expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las políticas neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la represión policial. El resultado es una pesadilla, indigno de un país que dice ser democrático y tolerante. Desde el inicio de la movilización de los chalecos amarillos, se produjeron 11 muertes accidentales, más de 2.000 personas resultaron heridas, de las cuales al menos un centenar con pronóstico muy grave.

Los médicos describían los traumatismos como “heridas de guerra” (voladuras de mano, pérdidas de ojos, desfiguraciones, fracturas múltiples y diversas mutilaciones…), debido en particular a los disparos con pelotas de goma o tiros de granadas, a menudo dirigidas a manifestantes pacíficos. A día de hoy, muchas personas siguen en coma.

Los adolescentes, por su parte, sufren un trauma psicológico después de haber sido tratados como terroristas por la policía, forzándolos a arrodillarse con las cabezas agachadas, las manos en la nuca y apilados en furgones y celdas.

¿Hacia dónde se dirige este poder que pisotea a su pueblo y desata contra él tamaña violencia? El primero de diciembre, por ejemplo, se lanzaron 7.940 granadas lacrimógenas, 800 granadas aturdidoras y 339 granadas de tipo GLI-F4 (municiones explosivas), 776 cartuchos de pelotas de goma, así como cañones con 140.000 litros de agua. El balance provisional, y seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas.

Los tribunales dictaron más de mil condenas en todo el territorio nacional. Aunque la mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas son sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto (lo que implica encarcelamientos) 519 citaciones judiciales y otras 372 en correccionales… En París, 249 personas fueron juzgadas en comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisión, 63 a penas de prisión condicional… En el departamento francés de Reunión, la media de sentencias firmes de prisión para los chalecos amarillos locales es de ocho meses. A fecha del 10 de enero de 2019, unas 200 personas vinculadas a estos acontecimientos seguían encarceladas en Francia.

La legitimidad de las reivindicaciones populares

En muchos aspectos, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las condiciones de vida, la revalorización del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, pensiones, subsidios…), el fortalecimiento de los servicios públicos, la participación del pueblo en las decisiones relativas a su futuro colectivo… Dicho de otra manera, una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a decidir sobre su futuro. Al exigir más justicia social, respeto a los derechos humanos y democracia económica y política, estas reivindicaciones son rotundamente legítimas y cuentan con un gran apoyo de la población.

La madre de todas las violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el preámbulo de la constitución francesa, es aquella que genera la imposición de las medidas neoliberales desleales, despiadadas, antisociales y antidemocráticas; aquella que, en el silencio de los ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las personas sin hogar mueran de frío, empuja a los agricultores endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al privarlos de empleos, cortándoles la electricidad, expulsándolos de sus hogares; aquella que, por falta de recursos, obliga a los jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltearse una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes…

La verdadera violencia está aquí, en este sistema extraordinariamente injusto e insostenible. Dicho esto, los ataques a escaparates y vitrinas de bancos y supermercados por parte de algunos individuos aislados y desamparados son ciertamente reprensibles pero en ningún caso una justificación de la violencia ejercida por parte de las fuerzas del orden. 

*Artículo (escrito por el autor en enero de 2019) que sirvió de base para un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Francia presentado por Centre Europe – Tiers Monde de Ginebra (CETIM, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva general) al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su cuadragésimo período de sesiones del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019. Punto 4 ” Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”. Distribución el 15 de febrero de 2019 por la Secretaría General con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social [informe final disponible en el sitio web de la ONU bajo el símbolo: A/HRC/40/NGO/56