Durante las protestas conocidas como La Gran Marcha del Retorno, 189 palestinos perdieron la vida, 183 de ellos murieron a manos de las fuerzas de seguridad israelíes que usaron munición real.

Soldados israelíes pudieron haber cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad durante las protestas palestinas del año pasado conocidas como La Gran Marcha del Retorno, informó hoy la Comisión Independiente de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente de la Comisión de Investigación, el argentino Santiago Cantón, dijo este jueves en Ginebra que “hay razones suficientes para establecer que hubo violaciones a los derechos humanos (…) y que estos hechos pueden constituir, para una corte, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pero para eso hace falta una mayor investigación por parte de una corte criminal”.

Cantón recalcó que Israel tiene la responsabilidad de investigar los crímenes relacionados con las protestas, de forma “imparcial e independiente” y de acuerdo a las normas internacionales, para establecer si se cometieron crímenes de guerra o de lesa humanidad.

La investigación fue solicitada por el Consejo de Derechos Humanos mediante una resolución adoptada el 18 de mayo pasado, y abarcó un periodo de tiempo comprendido entre el inicio de las protestas el 30 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018.

En total,189 palestinos murieron en la zona de la valla de separación entre Gaza e Israel, de ellos 183 fallecieron por las fuerzas de seguridad israelíes con munición real, reportó un comunicado de Noticias ONU.

Entre las víctimas mortales 35 eran niños, tres eran paramédicos claramente identificados y otras dos fueron periodistas. Del lado israelí, falleció un soldado y tres más resultaron heridos.

La investigación tomó en cuenta el argumento de la parte israelí en el sentido de que las protestas en la valla de separación encubrían actividades terroristas de los grupos armados palestinos. Sin embargo, se constató que “pese a algunos actos de violencia significativa, las manifestaciones eran de carácter civil y con objetivos políticos claramente definidos”.

Sara Hossain, integrante de la comisión, dijo que no existe ningún tipo de justificación “para matar y herir a periodistas, médicos y personas que no representan una amenaza inminente de muerte o (provocar) lesiones graves para quienes están alrededor de ellas” y calificó como alarmante “el hecho de que niños, niñas y personas discapacitadas sean blanco de ataques”.

Betty Muringui, la tercera integrante del comité, dijo por su lado que la Corte Penal Internacional “ya está interesada en este caso”.

Un informe más completo de esta investigación -que contendrá una serie de recomendaciones para las autoridades israelíes y palestinas- será presentado el próximo 18 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.