En las últimas semanas se han visto grandes movilizaciones populares en Guatemala, provocadas por la decisión del gobierno de Jimmy Morales de suspender la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de negar acceso al país a Iván Velásquez, jefe de dicha comisión.

La decisión del gobierno viene mientras el partido de Morales, como también su hijo y su hermano, están bajo investigación por financiamiento electoral ilegal. La Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta autoridad jurídica del país declaró inconstitucional un intento de pasar control de los antejuicios al Congreso.

Esto provocó la evolución del “Pacto de Corruptos”, compuesto por disputados, militares y oligarcas, en un “Pacto de Golpistas.” Morales declaró que “no acatará ordenes ilegales,” declarando su decisión de gobernar según su propio concepto de “legalidad.”

Poco después Morales tomó las decisiones en contra de la CICIG. La CC respondió claramente: siendo la CICIG cuestión internacional, no se podía suspender unilateralmente.

La movilización popular culminó en varios municipios y universidades declarando a Jimmy Morales como persona non-grata, en protestas de las celebraciones de independencia, y en un paro nacional el día 20 de septiembre.

¿Qué es la CICIG?

Desde su guerra de independencia, Guatemala, como muchos países latinoamericanos, ha sido gobernada por una alianza de militares y una oligarquía descendiente de los colonos españoles.

Con el fin de enriquecerse vendiendo el azúcar, el café, los plátanos, y las otras “monarcas agrícolas” en los mercados internacionales, robaron las tierras que les quedaban a los pueblos indígenas y se introdujo el latifundismo; establecieron dictaduras militares, y usaron el tesoro público como cuenta bancaria para sus negocios.

La CICIG vino a Guatemala en 2007, impulsada por las Naciones Unidas supuestamente para combatir la corrupción que ha infectado el país por siglos, con una breve interrupción a mediados del siglo pasado con los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz.

Desde sus inicios, la CICIG ha sido pagada por los poderes extranjeros, incluyendo a los Estados Unidos. Está claro que la comisión ha servido principalmente los intereses de estos países, combatiendo la corrupción para principalmente crear un clima de “estabilidad.”

¿Qué significa la “estabilidad” que desea la CICIG?

No significa un cambio de base en el país, mucho menos una revolución popular. Lo que buscaban los poderes imperialistas que crearon la CICIG es muy simple: un ambiente favorable para sus negocios, y de alguna forma frenar la migración hacia el norte en donde vemos los crímenes contra la humanidad que ocurren en los estados fronterizos de los Estados Unidos.

Pero para esto la comisión ha tenido que intentar realmente combatir la corrupción de la oligarquía, y ha tenido que enfrentarse a los peores elementos de la clase gobernante de Guatemala, los militares y políticos que en tiempos de la guerra civil llegaron al genocidio contra los pueblos maya. Hay que destacar sin embargo, el papel preponderante de los Estados Unidos en la guerra en Guatemala. Fueron los EUA quienes entrenaron los más brutales militares en tácticas contrainsurgentes en su famosa Escuela de las Américas.

La CICIG no puede, ni tiene intención de resolver los problemas sociales de base del país, como el latifundismo, el racismo o el asesinato de líderes indígenas. Pero dada la alternativa de una vuelta a las dictaduras militares del siglo pasado, no sorprende que el movimiento popular haya salido en defensa de la débil institucionalidad que existe.

Cambio fundamental en la lucha contra la corrupción

En los medios de comunicación internacionales las movilizaciones de estas semanas se han comparado con las de 2015 que sacaron al gobierno de Otto Pérez-Molina, otro sirviente corrupto de la oligarquía y las transnacionales. Pero la diferencia es más profunda que simplemente buscar echar al presidente.

El movimiento de 2015 fue impulsado principalmente por las clases medias urbanas, hartas del robo descarado de los fondos públicos. Hoy las movilizaciones vienen de los pueblos indígenas, de las/os estudiantes, y de las/os trabajadores urbanos.

Una cosa queda clara: han sido las/os campesinos, principalmente indígenas, quienes han tomado la iniciativa en estas movilizaciones. La movilización del 10 de septiembre fue convocada por la población maya kaqchikel de Sololá, el 11 por el pueblo maya k’iché, el 12 por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). También CODECA y los varios pueblos mayas han estado presente en el paro nacional y en las protestas del 15 de septiembre (día de la independencia).

El movimiento de 2015 buscó la salida de un presidente corrupto, pero no buscaba un cambio de base en la sociedad guatemalteca, y por falta de cambio de base llegó al poder otro presidente corrupto. Pero también creó oportunidad para la resistencia popular en el país, que en los años siguientes pudo crecer y seguir luchando por los derechos básicos: tierra para los campesinos, mejores salarios, servicios sociales, etc.

CODECA y otros también alzan la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional, como camino para avanzar las otras demandas de los pueblos guatemaltecos.

Esta Asamblea consiste en cinco cambios fundamentales en la Constitución y la Ley Electoral. Los principales entre ellos está el limitar los salarios públicos en relación con el salario mínimo, tomar en cuenta consultas comunitarias para la aprobación de leyes, y lo que más amenaza el poder de la oligarquía: representación participativa en la política de los 22 pueblos de Guatemala.

Si la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional es la solución a los retos que enfrentan los pueblos de Guatemala no se podrá saber sin antes ponerla en práctica. Pero lo que queda claro es que para salir de las condiciones que sufre hoy el país, hay que romper con el monopolio del poder que ejerce la oligarquía.