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Portugal rechaza la legalización de la eutanasia

Joana Rei,
El Español, 29 mayo, 2018

La
Asamblea de la República rechazó los cuatro proyectos de ley presentados para
la despenalización de la muerte asistida. Los comunistas votaron en contra de
sus socios en el Gobierno (PS y BE).
Varios
manifestantes en contra de la aprobación de la eutanasia frente a la Asamblea
de la República. TIAGO PETINGA

Portugal
ha rechazado la legalización de la eutanasia. La Asamblea de la República rechazó,
este martes, los cuatro proyectos de ley presentados por el Partido Socialista
(PS), el Bloque de Izquierda (BE), el Partido de las Personas, los Animales y
la Naturaleza (PAN) y Los Verdes (PEV).

El debate
en la Asamblea de la República fue largo y tenso y, pese al voto a favor de
algunos diputados del Partido Social Demócrata (PSD), los proyectos fueron
rechazados. Tal y como ya había pasado en otras ocasiones, cuando se han
debatido lo que en Portugal se conoce como “temas que fracturan” -materias que
atañen a las convicciones morales y éticas- como fue en su día el aborto, el
matrimonio homosexual o la gestación subrogada, los dos principales partidos
han dado libertad de voto a sus diputados. Así, los 89 diputados del PS y los
85 del PSD pudieron votar libremente, sin tener que someterse a la disciplina
de partido.
La
votación ha provocado también acercamientos de posiciones improbables como el
de los comunistas con los diputados del partido derechista católico CDS que,
como ya se sabía de antemano, rechazaron todos los proyectos. Los comunistas
han votado en contra de sus socios en el Gobierno (el PS y el BE) por
considerar que la aprobación de la norma es un “retroceso civilizacional”
defendiendo que lo que debe preservarse es “el valor intrínseco de la vida”. Su
voto en contra es “una cuestión de principios basados en una concepción de la
vida profundamente humanista”.
En común,
los cuatro proyectos presentados tenían la despenalización de quienes
practicaran la muerte asistida y la garantía de la objeción de conciencia a los
médicos y enfermeros que no quisieran involucrarse en esta práctica.
Además,
todos los documentos preveían que los pedidos de eutanasia sólo pudiesen
hacerse por parte de personas mayores de 18 años, sin problemas o enfermedades
mentales, en situación de sufrimiento y con una enfermedad incurable. Los
pedidos tendrían que hacerse a través de un médico y habría que confirmar la
petición varias veces.
Los
proyectos definían también, aunque con algunas diferencias, las condiciones
para que el pedido fuese aceptado, que incluyen evaluaciones del caso por parte
de una comisión técnica y la opinión positiva por parte de varios médicos,
incluida la de un especialista en la enfermedad que padeciera la persona en
cuestión.
También
según todos los documentos, el pedido podría ser anulado en cualquier momento.
Además, si durante el proceso el paciente se quedara inconsciente, todos los
procedimientos se pararían hasta que el paciente pudiera decidir por sí mismo
otra vez.
La
Asociación Derecho a Morir Dignamente, en España, lamenta la decisión. “Sería
muy importante para los países del sur de Europa. Para que se eliminara la idea
de que existe un tabú que impide hablar de la muerte asistida en estos países”,
dice Fernando Marín, presidente de la delegación de la asociación en Madrid.
Para el
médico, la aprobación de esta ley en el país vecino podría ser el impulso
necesario a crear un efecto dominó que se extendiera al resto de los países de
Europa.  “Esto va a terminar ocurriendo, sí o sí, es cuestión de tiempo.
Pero si nos adelantáramos 5 o 10 años, pues podría ejercer un efecto dominó que
facilitara que más países debatieran y aprobaran la ley y que, poco a poco,
dejara de ser una práctica clandestina”.
En los
debates previos a la votación en la Asamblea de la República Portuguesa, el CDS
y algunos diputados del PSD defendieron la realización de un referéndum a los
portugueses para decidir la aprobación, o no, de la ley. El país vecino ya
recurrió al referéndum cuando tuvo que legislar sobre el aborto. En 1998 la
población votó en contra y, en 2007, una nueva consulta aprobó la
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
El
Gobierno no se ha llegado a pronunciar sobre esta posibilidad pero, con la
votación en contra de la Asamblea, deberá caer por tierra también.