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Palestina denuncia a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes vinculados a la ocupación

Isabel
Ferrer, Juan Carlos Sanz, El Pais, 22 MAY 2018

Ente las
acusaciones se incluye la muerte de civiles, la expulsión de población y la
usurpación de tierras
Manifestación
propalestina en Nueva York, el pasado viernes. En vídeo, declaraciones del
ministro palestino de Exteriores. Brendan Mcdermid (REUTERS)

Palestina ha denunciado
este martes a Israel por crímenes de guerra y otros delitos ante la Corte Penal
Internacional (CPI)
en La Haya. El ministro de Asuntos Exteriores
palestino, Riad Malki, ha presentado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un
pliego de cargos para que el tribunal investigue “crímenes y violaciones”
relacionados con la “actividad colonial israelí bajo la ocupación en los
asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este”. La petición de investigación
incluye la reciente
muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de
Gaza por disparos de soldados israelíes
.

“Al
mantener y ampliar los asentamientos, Israel comete crímenes de guerra y contra
la humanidad, y el crimen de apartheid
contra el pueblo palestino”, argumentó Malki en una conferencia de prensa, La
denuncia que ha presentado es una especie de causa general contra “el régimen
colonial del Gobierno de Israel, cuyos principales responsables deben responder
de sus actos”. “Los crímenes siguen perpetrándose, y nadie hace nada. Hay un
silencio mundial ante la situación, cuando el principal pilar de la paz es la
justicia, y por eso el Estado de Palestina busca justicia, no revancha”,
defendió.
El jefe
de la diplomacia de Palestina
ha invocado la condición de Estado miembro desde hace tres años del Estatuto de
Roma, por el que se creó la CPI, para reclamar a la fiscalía que examine los
casos denunciados. Ente otros, se incluye la muerte de civiles sin causa legal,
la expulsión de población palestina en los territorios ocupados, la apropiación
ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y locales, y la política de
Israel de “detenciones arbitrarias”.
“El
régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la
transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación
para perpetuar así su presencia (…) lo que incluye la expansión de los
asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro (barrera
de separación)
, y el bloqueo a la franja de Gaza”, asegura un
comunicado del Ministerio de Exteriores palestino.

El
ministro de Exteriores palestino Riyad 
al Malki, en conferencia de prensa en
La
Haya. Francois Walschaerts REUTERS
Palestina,
en calidad de Estado miembro de la
CPI
, está facultada para presentar la denuncia y pedir la inmediata
investigación de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros
delitos. Tras acusar recibo, la fiscalía tiene independencia para decidir si
abre o no la indagación. En caso de que cuente con pruebas o indicios
suficientes, debe solicitar autorización a los jueces para incoar diligencias
formalmente.

En los
últimos tres años, la fiscalía solo se ha dedicado a recabar información
preliminar con relación a Palestina e Israel. Estados Unidos solicitó al
presidente palestino, Mahmud Abbas, que paralizara las denuncias ante la CPI
para no perjudicar los esfuerzos de mediación de la presidencia del demócrata
Barack Obama ante Israel. Tras la ruptura del consenso internacional por el
republicano Donald Trump,
mediante el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí
y el
traslado de la Embajada norteamericana a la Ciudad Santa, el líder palestino ha
decidido reactivar las acusaciones contra Israel ante la justicia
internacional.
“El
Estado de Israel considera que se trata de un paso cínico sin validez
legal”, aseguró un portavoz
diplomático en un comunicado.
“Los palestinos están explotando
a la Corte Penal Internacional con fines políticos, en lugar de trabajar para
reanudar el proceso de paz” , agregó. “Están explotando también a mujeres
y niños como escudos humanos para ataques violentos contra la seguridad de los
ciudadanos israelíes”, dijo en alusión a la situación en la frontera de
Gaza.
Israel
niega la jurisdicción
El Ministerio de Exteriores hebreo
sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre el conflicto
israelo-palestino, ya que Israel que no es miembro del Estatuto de Roma y
porque la Autoridad Palestina no es un Estado, sino un mero país observador en
Naciones Unidas. “Israel actúa de acuerdo con un sistema de judicial
independientes, acorde con el de un Estado democrático y de conformidad con el
Derecho Internacional”, enfatizó el portavoz. Una delegación de fiscales y
magistrados viajó en octubre de 2016 al Estado judío en una misión
divulgativa
destinada a evitar suspicacias y dar a conocer la tarea
de la justicia penal internacional. Israel se ha negado tradicionalmente a
colaborar con la CPI.
El Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
dio el último aldabonazo sobre los
asentamientos a Israel en diciembre de 2106 al aprobar —por unanimidad de sus
miembros, salvo la abstención de EE UU, que no ejerció su derecho al veto— la
resolución 2334, que negaba legitimidad a las colonias construidas desde la
guerra de los Seis Días. En el territorio comprendido entre el río Jordán y la
Línea Verde, que fijaba fronteras antes de 1967, se han instalado hoy unos
400.000 israelíes en 131 emplazamientos “autorizados” y en otros 97 declarados
“ilegales” por el propio Gobierno israelí.
La comunidad
internacional no reconoce legalmente
ninguno de esos asentamientos,
independientemente de la calificación que les conceda el Estado hebreo. Miles
de soldados están desplegados para proteger unas colonias que disponen de
caudales de agua siete veces superiores a los palestinos y tienen a su servicio
las principales carreteras. Otros 200.000 colonos residen en la parte oriental
de Jerusalén, que fue anexionada en 1980 por decisión del Parlamento israelí.
“La
impunidad debe terminar”
“La
impunidad de Israel debe terminar, y es hora de que sea castigado el autor del
crimen –el ocupante— y no la víctima —el ocupado–”, aseguró la responsable de
la Organización para la Liberación de Palestina Hanan Ashrawui
tras la presentación de la denuncia en La Haya. “El hecho de que Estados Unidos
y otros gobiernos no le responsabilicen de la actual situación, ha servido para
que Israel se afiance en la ocupación a expensas del pueblo palestino”.
Tras los Acuerdos de Oslo de 1993,
la Autoridad Palestina mantiene un teórico control exclusivo sobre la llamada
área A –las grandes ciudades y su entorno–, que representa un 18% de
Cisjordania. Las tropas israelíes siguen penetrando a su antojo, sin embargo,
dentro de su perímetro por razones de seguridad. En otro 21% del territorio,
los palestinos asumen la gestión civil mientras el Ejército se ocupa de vigilar
la llamada área B, que incluye poblaciones menores. El restante 61%, el área C,
se halla por completo en manos de Israel. Los mapas de Cisjordania trazados por
Naciones Unidas se asemejan a una piel de leopardo, en donde cerca de tres
millones de palestinos se encuentran rodeados y aislados.
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Petición
de investigación urgente

ISABEL
FERRER / La Haya

Técnicamente,
la denuncia presentada por palestina contra Israel, es una petición a la
fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI)
para que abra una investigación con carácter
urgente. A los crímenes de guerra y contra la humanidad ya denunciados, se
añaden ahora el crimen de segregación étnica o apartheid.

Amparándose
en medio siglo de programa de asentamientos israelíes, considerados un acto
colonial, se apoyan en sendos precedentes legales. En 2004, el Tribunal
Internacional de Justicia
, máximo órgano judicial de Naciones
Unidas, consideró que las colonias israelíes en Jerusalén y Cisjordania
“violaban las leyes internacionales”. En 2016, el Consejo de Seguridad de la
ONU hizo otro tanto.

En 2015,
la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, decidió evaluar la denuncia presentada por
el Gobierno palestino contra Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos
en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el 13 de junio de 2014. Ese año, el
Ejército israelí lanzó la Operación
Margen Protector
, en la que en el que murieron 2.200 palestinos, de
los que unas dos terceras partes eran civiles, y 73 israelíes, entre los que
figuraban 67 militares. Al haber aceptado Palestina la jurisdicción de la
Corte, la actuación de los milicianos de Hamás y otros grupos armados también
puede ser investigada.

Israel no
es un Estado miembro y tampoco reconoce la competencia del tribunal, ni admite
la existencia de Palestina
como entidad legal. Si bien la CPI no dispone de policía para efectuar
arrestos, y depende de los Estados miembros para ello, “puede entrar en suelo
palestino para efectuar sus investigaciones”, sostiene Riad Malki, ministro de
Exteriores de la Autoridad Palestina.