Burocracia, peligros y lagunas del sistema

Collantes expone claramente cómo es el proceso de atención a estos menores. Una vez que llegan a España, pasan a depender de las comunidades autónomas, que deben garantizar su protección. Reconoce que ha habido “avances” en los últimos años y se han realizado “cambios en las leyes” para reforzar su protección, como la creación del propio registro que sistematiza los datos o la regulación de las repatriaciones a sus países, cuando procede. Sin embargo, “siguen existiendo actuaciones de las propias entidades públicas e incluso algunas normas que les colocan en una situación de vulnerabilidad, e incluso de desprotección, que les enfrenta a peligros e incertidumbre”, denuncia.

La primera de esas actuaciones, resalta, son las pruebas para demostrar que los niños son realmente niños, que tienen menos de 18 años. Por norma general, los niños no acompañados no pueden ser expulsados del país ni ser internados en los llamados Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES), como ocurre con los adultos. Si tiene documentación o una apariencia clara de menor de edad, su tutela pasa al Gobierno regional donde se encuentre. Si el niño no tiene documentación, o esta no se considera válida, y hay dudas sobre su edad, el sistema prevé que se le hagan pruebas para determinar la edad. “Y ahí nos encontramos con la primera barrera, que es el propio sistema de identificación. Se somete a los niños a un uso excesivo de pruebas médicas sin garantías jurídicas suficientes. Además, se trata de pruebas casi siempre radiológicas (radiación) que no dan resultados fiables ni evalúan su madurez psicológica”, se lamenta.

El segundo peligro, abunda, viene de una identificación incorrecta. “Si a un niño se le identifica incorrectamente como mayor de edad, ya sea por su apariencia o por un error en las pruebas, queda expuesto a vivir en la calle, ser detenido, expulsado del país o ingresado” en un CIE, “lo que implica una privación de libertad en contra de la ley”.

Collantes denuncia además la falta de recursos en los centros de protección, otro de los principales obstáculos que enfrentan estos niños. Si se ha logrado determinar que efectivamente es menor de edad, sólo puede volver al país del que vino si se determina, tras una profunda investigación y valoración, que “el niño tiene una familia con capacidad e interés para cuidarlo o el país tiene servicios sociales que garanticen el disfrute de sus derechos”. En el caso de que el retorno no sea posible (que es lo que suele ocurrir porque los niños carecen de allegados o porque es imposible catalogar como seguro su entorno), el niño pasa a ser tutelado por la comunidad autónoma correspondiente. De inicio, lo mandan a un centro de primera acogida, de manera temporal, hasta que se decida una solución más duradera, que debe ser, explica, “su hogar, hasta que cumpla la mayoría de edad”. Hay varias opciones: desde un acogimiento familiar a una residencia o piso, donde reciben atención de personal cualificado.

De cada autonomía dependen los “recursos” y el “enfoque” de la protección que se da en estos pisos a los niños. “Lo que está ocurriendo en la práctica es que no todas las residencias o alojamientos donde viven estos menores son lugares adecuados para vivir y desarrollarse. El Defensor del Pueblo visita cada año residencias y alojamientos que no reúnen las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus derechos”, constata Unicef.

Lo que hay se puede hacer

Si llegan más niños y aún hay lagunas en su atención, se hace “imprescindible” aumentar “la cantidad y calidad de los recursos”, sobre todo donde hay mayor concentración, como ha reconocido Interior y en lo que inciden otras organizaciones como Save The Children. Unicef apuesta además “acogerles en familias o, en su defecto, en lugares y con personas que consigan que los niños y niñas se sientan queridos y en casa”.

Pese a la protección que deberíamos brindar a estos niños, se están dando caso de menores no acompañados que viven “temporal o permanentemente” en la calle. Públicos han sido, por ejemplo, casos como el conocido el pasado año en Madrid.

Algunos alegan, señala la especialista de Unicef, que las condiciones en los centros no son adecuadas. “Por ello es necesario que las autoridades que tienen la tutela tengan una actitud positiva frente a las posibilidades de integración de estos menores de edad y no cesen en el intento de explorar fórmulas que garanticen su protección”, agrega.

Integración es una palabra que se repite con insistencia en en análisis de Unicef. Defiende que debería producirse mientras el niño está bajo la tutela de la comunidad autónoma. Cada niño tutelado por la administración pública, indica, “debe tener un plan individual donde se detalle la educación que va a recibir en España y deberían contemplarse medidas específicas de integración para este colectivo”.

Aunque existen planes educativos individuales en algunas regiones, el Comité Español sostiene que las políticas han de ser más profundas. Incluso en el ámbito de la educación, “hay mucho abandono escolar entre los niños tutelados, sobre todo si son de origen extranjero porque tienen problemas con la lengua y con el nivel educativo de base”. Durante la minoría de edad, muchos no consiguen integrarse bien en los colegios y barrios donde viven; “entusiasmo no les falta”, matizan, y algunos cuentan hoy historias de éxito, “demasiados factores parecen estar en contra, porque están doblemente marcados por las etiquetas tutelados y MENAS”.

“Ser niño, estar solo y ser migrante no es fácil, pero hay muchas barreras que podemos y debemos evitar”, defiende el texto de la organización. “Lo que pedimos son: derechos garantizados, soluciones de protección sin tantos requisitos y una apuesta por su integración sin titubeos y sin fecha de caducidad”, concluye su responsable de Políticas de Infancia.