La galería de los horrores del régimen venezolano denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) recuerda las de los peores años de las dictaduras del Cono Sur y de Centroamérica, una época que ya parecía superada en la región.

Asfixia con bolsas, gases lacrimógenos o con la cabeza sumergida en los váteres de las prisiones, colgamientos por los brazos, descargas eléctricas en los genitales y, sobre todo, ensañamiento con torturas de tipo sexual. Así lo han denunciado este viernes en rueda de prensa en Madrid dos de los querellantes contra el Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI, Tamara Suju y Juan Carlos Gutiérrez, quienes lamentan que la represión se mantenga hasta hoy.

Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla —un centro de investigaciones políticas de América Latina con sede en Praga—, y Gutiérrez, abogado del opositor venezolano Leopoldo López, han comparecido tras el anuncio este jueves de la apertura de un examen preliminar de la CPI contra el Gobierno chavista tras recibir denuncias de múltiples fuentes. La corte evaluará los posibles abusos del régimen durante la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y julio de 2017 —y que dejaron más de 120 muertos, según la Fiscalía venezolana— para iniciar una investigación penal. De acuerdo con la información con la que cuenta la Fiscalía de la CPI, el aparato de seguridad venezolano usó una “fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” y encarceló “a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”. Al menos 233 presos políticos permanecen encerrados en el país, según el recuento de la organización Foro Penal Venezolano.

“Lo más grave de lo que está sucediendo es que las torturas continúan, hasta ayer he recibido nuevos testimonios”, ha señalado Suju, quien ha documentado 357 casos de víctimas hasta finales del pasado diciembre, de las cuales 190 han sufrido ataques sexuales por parte de los torturadores. “Ellos han padecido desnudamiento, actos lascivos, violación —sabemos de 10 casos—, sin fijación en edades ni sexos”, ha agregado la abogada. Informes de Naciones Unidas y la ONG Human Rights Watch han apuntado en la misma dirección.

La CPI examinará la actuación de las fuerzas de seguridad durante los cuatro meses del año pasado en los que el país se volcó a las calles para protestar contra la deriva antidemocrática del Gobierno. El chavismo intentó primero a finales de marzo usurpar las facultades del Parlamento, de mayoría opositora, mediante dos sentencias de Tribunal Supremo. Ante la crisis institucional desatada por la arremetida y con las calles del país incendiadas, el Gobierno optó por revertir las sentencias, redoblar la represión y contraatacar con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en cuya elección solo participó el chavismo. Instalada el pasado agosto, la nueva Cámara pronto se autoproclamó la máxima autoridad del país, se arrogó las funciones del Parlamento y se convirtió en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro.

Si bien el examen de la CPI se circunscribe a estos cuatro meses, los abogados Suju y Gutiérrez denuncian que la represión sistemática continúa hasta hoy. “La tortura y los tratos crueles tienen que cesar de inmediato”, ha clamado Gutiérrez. “Y debe haber castigo para los responsables. En principio, esto corresponde a la justicia de Venezuela, pero esto no va a ocurrir. Por eso la CPI debe actuar. Los castigos deben ser ejemplarizantes”, ha añadido.

“Es la primera vez que Venezuela es examinada de forma pública por la corte. Por fin pasa de la primera fase, que es privada, a la segunda”, ha destacado Suju. “También es muy importante que la evaluación de la CPI haya sido tan pronta. Hay mucha gente que nos decía que las denuncias no iban a dar resultado y que dar el siguiente paso podría tardar 20 o 30 años”, ha agregado, “el mensaje de la CPI ha sido: ‘Los estamos viendo, los estamos examinando”. “Es un largo recorrido. Pero tenemos las evidencias, tenemos la verdad y tendremos justicia”, ha zanjado Gutiérrez.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab —designado por la Constituyente—, respondió este jueves que estaba dispuesto a colaborar con la CPI. “Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano sabrá que bajo nuestra presencia (…) no habrá impunidad y así lo hemos ido demostrado”, ha asegurado. Las denuncias ante la corte, sin embargo, apuntan a que la represión ha sido sistemática y no una cuestión de casos aislados.

El presidente Maduro, entretanto, ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a recibir a “todos los observadores internacionales” que quieran asistir a las presidenciales convocadas este miércoles por el Consejo Nacional electoral —fiel al chavismo— para el próximo 22 de abril. La cita estará condicionada, entre otros factores, por la inhabilitación de líderes opositores como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles o Leopoldo López, bajo arresto domiciliario desde el pasado julio después de más de tres años de prisión en la cárcel de Ramo Verde.