Arturo Gómez Pérez es el último nombre de una larga y triste lista: la de los alcaldes asesinados en México en lo que va de 2017. 

La muerte, el jueves por la noche, del presidente municipal de Petatlán (Guerrero, uno de los Estados más violentos del país) a manos de un grupo armado elevó a nueve el número de regidores fallecidos en circunstancias violentas este año. Es la cifra más alta de toda la serie histórica. En lo que va de sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), el número de alcaldes asesinados asciende a 23. Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de esta Administración: durante el mandato de su predecesor, el conservador Felipe Calderón, murieron otros 32. Y en la última década ya supera la cincuentena. 2017 será, según las cifras preliminares, el ejercicio más violento en México en las dos últimas décadas.

Gómez, del partido progresista PRD, fue acribillado al filo de la medianoche del jueves al viernes, cuando cenaba en un restaurante de la localidad que gobernaba. Los servicios de emergencia le trasladaron a un hospital cercano con heridas de bala en el tórax y en la cabeza, pero los médicos no lograron estabilizar sus constantes vitales y falleció poco después. Es el segundo alcalde perredista en activo asesinado en Guerrero en los dos últimos años. En ese periodo también han sido abatidos otros cuatro antiguos presidentes municipales guerrerenses. Horas más tarde de que se confirmase el asesinato de Arturo Gómez se conocía la muerte, degollado en su propio domicilio, de un concejal, también del PRD, en Jalapa (Tabasco): Gabriel Hernández.

Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz son los Estados de México en los que ser regidor entraña un mayor riesgo para la vida, de acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes, seguidos por el Estado de México (el más poblado del país), Guerrero, Puebla y Tamaulipas. Según las denuncias judiciales, muchos de los asesinados habían sido víctimas de amenazas por parte de bandas de narcotraficantes que exigen su protección durante las operaciones de trasiego de droga en dirección a Estados Unidos. Desde el inicio de la ofensiva militar mexicana contra los carteles de narcotráfico, en 2006, han muerto 52 alcaldes en ejercicio, nueve regidores electos y medio centenar de antiguos presidentes municipales. En total, 111 fallecidos.

La experiencia apunta a que, a medida que se acercan los periodos electorales, la violencia tiende a recrudecerse. Y México celebrará comicios presidenciales y legislativas en tan solo siete meses. Atajar el crimen sobre los regidores es tarea harta complicada en las circunstancias mexicanas actuales: los recursos son escasos; los escoltas, inexistentes y la impunidad, elevadísima.

A la espera de la confirmación definitiva, 2017 será el año más sangriento de la historia reciente de México, superando con creces las cifras de 2011, el punto más álgido de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón nada más arrancar su sexenio. Casi 27.000 personas han sido asesinadas en México en los 11 primeros meses del año, una media de 2.000 homicidios dolosos al mes y 80 al día en un país de algo menos de 130 millones de habitantes. En retrospectiva, las cifras son aún más espeluznantes: entre finales de 2006 y noviembre de 2017 —el último mes para el que hay datos—, casi 200.000 personas han sido asesinadas en el país norteamericano. La información oficial no aclara cuántas víctimas están relacionadas con bandas criminales.