Se cumplen setenta años de la aprobación de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU por la que se decidió la partición de Palestina. 70 años de violaciones sistemáticas.

Representantes de CCOO, UGT, Asociación Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén, Palestina Toma la Calle, Asociación Paz Ahora y Unadikum, se han concentrado esta mañana ante el Congreso de los Diputados, donde han desplegado una bandera de grandes dimensiones, para exigir al Gobierno español que reconozca al Estado palestino y obligue a Israel al cumplimiento estricto de los derechos humanos y la legalidad internacional, con ocasión del 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino de 2017.

Previamente han registrado en este mismo sentido un escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios y a la Presidenta del Congreso y se han reunido con una amplia delegación de Unidos Podemos-En Marea-En Comu Podem-IU.

El 29 de noviembre de 1947 se aprueba una resolución que repartía Palestina en dos Estados uno judío y otro árabe, dando un 55% de la tierra a los judíos, aun cuando la población palestina era significativamente superior. Establecía también un régimen especial para Jerusalén que sería administrada por la comunidad internacional. El texto daba un plazo de menos de un año para la creación de estos dos Estados independientes.

Los meses previos a la creación del Estado de Israel estuvieron marcados por los ataques terroristas de organizaciones como La Haganá, el Irgun y Etzel, entre otras, todo ello en una estrategia de presión a los ingleses que administraban el territorio.

Posteriormente en 15 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel y se inicia La Nakba palestina (el desastre) con la expulsión de cerca de 800.000 palestinos de sus tierras. Desde su creación el Estado de Israel ha venido ocupando de forma sistemática territorio palestino, tras la Guerra de los 6 días Israel ocupó Gaza, parte de Cisjordania y Jerusalén Este y a partir de ahí la construcción de asentamientos en toda Cisjordania no cesa, apenas queda un 22% del territorio de la Palestina histórica bajo control de los palestinos. La limpieza étnica en Palestina no para llevando a la desposesión y al exilio a millones de palestinos; se calcula que son entre 7 y 8 millones los refugiados palestinos en el mundo a día de hoy.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha referido a Israel más que a cualquier otro estado del mundo por violación de los derechos palestinos y el pasado mes de marzo un informe de la CESPAO denunció prácticas de apartheid sobre la población palestina, al igual que sucedió en Sudáfrica. El 20% de la población de Israel es palestina y se ven sometidos a leyes discriminatorias que condicionan el día a día de sus vidas.

Y la gran pregunta que se hacen los movimientos palestinos ¿por qué la comunidad internacional consiente todo esto? Para los defensores de un Estado palestino, Palestina es un inmenso campo de pruebas, un gran laboratorio donde practicar y probar técnicas de control sobre la población y testar armas, armas que posteriormente se venden ofreciendo la característica de “probadas en combate”, un mercado al que acuden Estados de todo el mundo.

El plan de partición fue solo un paso en el camino hacia los objetivos finales del sionismo, un proyecto en marcha que, a juicio de numerosos sionistas, todavía no se han completado todavía: el Gran Israel, que contempla toda la Palestina histórica, los Altos del Golán, Líbano, etc..

Ayer, organizaciones sindicales y civiles entregaron un escrito en el Congreso de los Diputados dirigido a la Presidenta del Congreso y a los portavoces de los grupos parlamentarios exigiendo se reconozca de manera oficial e inmediata al Estado palestino, que se intervenga ante las instituciones internacionales, especialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ante los Gobiernos de los países de nuestro entorno para acabar con la ocupación asfixiante del Estado de Israel en el territorio palestino y asegurar el retorno de los refugiados a sus hogares en Palestina.

También se exigía el cumplimiento estricto de los derechos humanos y la legalidad internacional, así como la eliminación del muro de separación y la suspensión del acuerdo económico preferencial entre la UE e Israel, cuyo preámbulo establece que está supeditado al respeto a los derechos humanos y a las resoluciones de la ONU por las partes signatarias.