En México inicia un 2017 que muchos desean que acabe ya. Con las doce campanadas de año nuevo –o tal vez, viejo- entraba en vigor el mayor aumento, en el precio de los combustibles en casi dos décadas.

Sólo durante el tercer trimestre de 2016 hubo tres incrementos consecutivos que junto a los otros, aplicados desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, representan un alza acumulada del 48%.

Siempre puede ser peor

“Pasaremos de un entorno en donde teníamos una sola gasolina, un solo precio y un solo proveedor, a un esquema donde tengamos más libertad, más posibilidades de escoger y donde los precios vayan reaccionando en función de cómo se vayan ajustando los costos, insisto, como cualquier otro precio de la economía”, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda de México.

El nuevo esquema de venta de gasolina no fue pensado de la noche a la mañana. En realidad, éste se enmarca en un plan de liberalización de los precios con el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pretende que para enero de 2018, los combustibles se comercialicen a precio de mercado a lo largo y ancho del país. Esto se traduce en que los precios finales de los carburantes reflejarán al menos cinco variables: el precio internacional del petróleo, los gastos de transporte y almacenamiento, así como el coste por refinación, el margen comercial de cada compañía, los impuestos (IVA, IEPS) y el tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense.

De esto se desprenden dos consecuencias inmediatas. Como no habrá un precio único fijado por el gobierno, los números cambiarán diariamente. Tampoco habrá estaciones de gasolina exclusivamente de la industria nacional, por lo que nuevas compañías privadas extranjeras también estarán en condiciones de suministrar el hidrocarburo. No olvidemos que estamos hablando de un país en donde la venta de gasolina genera ganancias superiores a los US$65.000 millones anuales.

La falsa ilusión de la Reforma Energética

El 4 de enero de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto aseguraba que gracias a la Reforma Energética no habría más gasolinazos. Hoy sabemos que aquel anuncio no es más que una promesa rota de la cual se puede desmenuzar un trasfondo incluso más oscuro.

En términos generales, la política energética impulsada durante décadas por los distintos gobiernos de México han asentando las bases del viejo modelo de privatización, ese que pasa por la transferencia de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional. El manejo de la industria petrolera, que por años ha estado en el centro del debate, es el ejemplo más nítido y una de las principales razones de esta realidad.

La reforma energética promulgada en 2014 cambió las reglas del juego y abrió un negocio multimillonario. La legislación sacó adelante cambios a la constitución en sus artículos 25, 27 y 28 a fin de autorizar la participación de empresas privadas, mexicanas y extranjeras, en las actividades de exploración y explotación del 17% de los campos petroleros y  la cesión de derechos al 79% de los bloques donde existen reservas en territorio mexicano. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, los recursos prospectivos de hidrocarburos del país, noveno productor mundial de petróleo, son mayores a 100.000 millones de barriles. La cifra incluye los yacimientos probados y posibles de crudo en aguas someras, tierra y en mar profundo, y también contempla los mantos de gas natural y shale, que se extrae por el sistema de fractura hidráulica o fracking.

El otro pedazo de la torta corresponde al negocio de la energía eléctrica. Con la Reforma Energética el capital privado también tendría licencia para abastecer a grandes consumidores como industrias y comercios que representan más del 50% de las ventas totales de la Comisión Federal de Electricidad y que en 2013 representaron ingresos a México por US$13.000 millones.

Como vemos, el país se perfila como un proveedor estratégico de crudo y otras formas de energía a otras naciones, pero a costa de la soberanía nacional.

Privatización encubierta

El declive productivo de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, ha sido utilizado como el gran propulsor de la Reforma Energética.

La principal compañía y única estatal petrolera del país tiene problemas de solvencia. Hasta 2015, tuvo pérdidas de hasta US$40.000 millones y deudas por casi US$100.000 millones. Por su parte, la escasa reinversión de ganancias en la industria nacional ha hecho desaprovechar la oportunidad de utilizar el recurso fósil como palanca para el desarrollo económico de México.

De esta crisis se explica que, bajo la excusa de sanear las cuentas, potenciar la productividad industrial de Pemex y aumentar la competitividad del sector, el gobierno de Enrique Peña Nieto oculte sus planes cada vez menos encubiertos de privatizar la industria petrolera.

Desde mediados de 2015, la estatal petrolera dio inicio a la etapa de licitaciones a partir de las cuales compañías estadounidenses y británicas en el negocio de los hidrocarburos, compiten entre sí para cosechar los beneficios derivados de contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos. Según estimaciones del ejecutivo, el proceso de apertura al capital privado se traduciría en una lluvia de inversiones extranjeras que finalmente apuntalarían el desarrollo económico del país. Una estrategia que hasta la fecha no ha reportado ningún éxito en tanto el flujo de inversiones ha estado por debajo de lo anticipado por el gobierno.

Hay que tener en cuenta que Pemex proporciona el gobierno federal un tercio de sus ingresos anuales, en tanto que la renta petrolera representa el 6.8% del PIB del país. En otras palabras, la privatización de la estatal se traducirá en menos recursos para cubrir necesidades de inversión pública y, según la lógica del gobierno actual, obligarán a intensificar los ataques contra programas sociales, algo especialmente delicado en el clima de descontento popular generalizado con la gestión de EPN.

No hay que olvidar que todo este contexto se inscribe dentro de un escenario de profunda fractura social. Según aatos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Mexicano (CONEVAL), de los 127 millones de habitantes de México, más de 55 millones vivían en la pobreza en 2014. Además, según un estudio de ese mismo año hecho por el Banco Mundial, un tercio de la población de ese país sobrevivía ganando menos de cinco dólares diarios.

Los costes de esta operación, sin embargo, no se reservan a lo socio- económico; la pérdida de soberanía también ha puesto su tarifa política.  Sin duda, un triunfo para los intereses petroleros extranjeros y sus aliados en México, que han tratado de desmantelar lo que quedaba de la industria y del país.