por Gustavo Torre, Marcha, 23 Junio 2016. 
Se cumplen cuatro años del golpe parlamentario contra Fernando
Lugo. Las similitudes con el impeachment a Dilma en Brasil y las medidas
neoliberales que comparten los empresarios Cartes y Macri. La inminente
sentencia a los campesinos por la masacre de Curuguaty y una Justicia
fraudulenta y clasista.

El 22 de junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó por medio
de un juicio político express al presidente Fernando Lugo, en lo que se
caracterizó como un golpe institucional. El juicio contó con un
antecedente inmediato que sirvió de argumento: la masacre de Curuguaty,
en la que fueron asesinados 11 campesinos y seis policías. Por aquel
hecho fueron juzgados 14 campesinos (y ningún policía), a los que la
fiscalía pidió penas de hasta 40 años, y en los próximos días se
conocerán las sentencias.

Una vez destituido Lugo, el mandato fue finalizado por el
vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico
(parte de la alianza que llevó a Lugo al Poder Ejecutivo) y luego
sucedido en 2013 por el empresario Horacio Cartes, del tradicional
Partido Colorado, tras la victoria en elecciones presidenciales. Con los
sucesos de hace cuatro años, Paraguay marcó un camino.

Cartes, guía para Macri y Temer

Tanto el perfil como las características del gobierno de Cartes
fueron el ejemplo a seguir por Mauricio Macri, así como el “golpe a la
paraguaya” encabezado por el vicepresidente Michel Temer fue el camino
seguido por Brasil en el impeachment contra Dilma Rousseff.

Las medidas tomadas en los primeros meses del empresario-presidente
paraguayo fueron muy similares a las tomadas por el
empresario-presidente argentino, como los beneficios a los sectores
exportadores, la profundización del accionar represivo sobre los
movimientos sociales o el cerco mediático a las movilizaciones.

La política de Cartes apuntó desde sus inicios a favorecer los
intereses de los grandes capitales concentrados en el agronegocio,
avanzando sobre el movimiento campesino resistente. El mandatario
paraguayo vetó la ley que gravaba la exportación de granos, beneficiando
notablemente a las corporaciones y empresarios exportadores. Además, se
aprobó la Ley de Alianza Público-Privada, que permite la entrega de
grandes negocios a privados y la Ley de Defensa Interior, que llevó a la
militarización de regiones con fuerte presencia del movimiento
campesino, todas medidas acompañadas de un cerco mediático que aún se
refleja, cuatro años después, en la escasa visibilidad de las protestas
campesinas y estudiantiles de 2015 y 2016.

En Argentina, Macri emprendió el mismo camino: quita total de
retenciones a los exportadores de trigo y maíz y a las exportaciones
mineras; quita de 5% en las retenciones a la exportación de soja;
tarifazo en los servicios públicos; y el Protocolo represivo frente a
las movilizaciones.

En Brasil, la destitución de Dilma provino desde el interior de la
alianza gobernante, por medio de un juicio político con argumentaciones
débiles o burdas, al igual que el juicio político paraguayo del cual se
cumplen cuatro años. En Brasil también el juicio político fue impulsado
por el vicepresidente y es quien asume la presidencia, pasando de aliado
a opositor. En Paraguay no se necesitaron pruebas para destituir a Lugo
ya que eran “de dominio público”. Las declaraciones de los diputados
votando a favor del impeachment en Brasil se realizaron “en nombre de la
familia, la religión y la Patria”.

Queda en evidencia como las alianzas tejidas por los gobiernos
llamados “progresistas” marcan de forma indeleble los límites de sus
proyectos.

El freno al gobierno de Cartes

Pero Paraguay también es faro en la lucha contra el gobierno
empresarial. En el último año, las manifestaciones lograron objetivos
importantes: en 2015, la movilización de las y los estudiantes
universitarios logró la renuncia del rector de la Universidad Nacional
de Asunción y de varios decanos nombrados por el coloradismo, acusados
de corrupción y anquilosados en sus puestos. El estado de movilización
repercutió este año en los estudiantes secundarios, quienes lograron la
renuncia de la ministra de Educación en un proceso de toma de colegios
ante las graves denuncias de corrupción en el destino de los fondos
públicos destinados a la educación.

Durante todo el mes de abril de este año, una movilización campesina
en Asunción exigió al gobierno una serie de medidas (condonación de
deudas contraídas por los pequeños productores, aprobación del proyecto
de Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena, derogación de la Ley 5501/15 que establece el IVA a los
productores cooperativos y la  regularización de asentamientos
campesinos, entre otras) destinadas a paliar las graves dificultades que
atraviesa el sector.

El gobierno reaccionó a principio del mes calificando a los
movimientos campesinos como “sinvergüenza”, pero ante la persistencia
del movimiento que acampó durante todo un mes en el centro de la capital
paraguaya, debió negociar, lo que llevó al Ejecutivo a cambiar de
postura: “el diálogo es el único camino”, terminó diciendo Cartes.

Las movilizaciones estudiantiles y campesinas durante el último año
lograron avances importantes en la resistencia al gobierno empresarial
de Cartes.

Curuguaty: sentencia cantada

La masacre de Curuguaty fue el argumento principal que utilizaron las
mayorías parlamentarias paraguayas de los partidos Colorado y Liberal
para destituir a Lugo. Las sentencias a los campesinos acusados por la
masacre está cantada: la fiscalía pidió penas entre cinco y 40 años, en
un juicio totalmente fraudulento.

La falta de pruebas, la decisión de no investigar las muertes de los
11 campesinos, el ascenso del fiscal Jalil Rachid (primer fiscal de la
causa) a viceministro de Interior, las suspensiones constantes del
juicio, las irregularidades en las pruebas, la desaparición de las
filmaciones realizadas por el helicóptero que participó de la masacre,
la muerte en un accidente aéreo del piloto de ese mismo helicóptero, son
algunas de las evidencias claras que marcan que la parcialidad de las
sentencias condenatorias. Las palabras de la fiscalía afirmando que la
condena debe ser “ejemplificadora” para cualquier intento de los
movimientos campesinos de cuestionar el orden es la prueba fehaciente
del final cantado.

La justicia paraguaya es la justicia de los poderes concentrados, de
los grandes intereses locales y extranjeros en el agronegocio, de los
grandes propietarios de las tierras y de los empresarios. Esos poderes
concentrados se basan en la propiedad de la tierra para acrecentar sus
ganancias, por lo tanto, las y los campesinos que resisten, sobran. Y si
se oponen corren el riesgo de ser expulsados, encarcelados o
asesinados.

Para el Estado paraguayo, el campesinado debe desaparecer: los 115
dirigentes campesinos y miembros de las comunidades asesinados o
desparecidos entre 1989 y 2013 son parte de la política de esos
intereses concentrados, al igual que el encarcelamiento, la represión
ilegal por parte de fuerzas parapoliciales contratada por los grandes
productores sojeros pero también por la represión legal a manos de las
fuerzas estatales. Eso fue Curuguaty: la represión del Estado sobre las y
los campesinos resistentes que dejó 17 muertos, 14 campesinos acusados y
seguramente condenados.

* Integrante del grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y
Arte de Paraguay-UNGS) y militante del Frente Popular Darío Santillán –
Corriente Nacional