General

La rebelión en Colombia plantea la necesidad de una verdadera huelga general para tirar a Duque

Milton D´León, La Izquierda Diario, 5/6/2021. En el peor momento de la situación económica de las grandes mayorías obreras, populares, campesinas, indígenas y de la juventud, en medio de la pandemia y el tercer rebrote del Covid-19 que está matando a 500 personas por día, Iván Duque decidió atacar aún más de lo que venía haciendo con la reforma tributaria. Pero tuvo como respuesta una contundente y masiva protesta generalizada que, tras cinco días de movilizaciones en casi todas las ciudades del país, lo llevó a retroceder y retirar el proyecto de reforma. Entramos en el octavo día de protestas que no cesan este 5 de mayo, en el que se ha hecho una nueva convocatoria general de movilizaciones en todo el país.

Un manifestante colombiano con un cartel que dice nos están matando. - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / Nathalia Angarita

En Colombia se desarrollan las movilizaciones más importantes del continente, y un triunfo en el país será de todos los trabajadores y las trabajadoras y las masas populares de Latinoamérica. Duque quiere tregua, hace renunciar al ministro de Hacienda Albero Carrasquilla, mientras se prepara para presentar un nuevo proyecto. Se lo puede vencer. Que Duque caiga es el clamor que ya se hace sentir en las calles de las ciudades del país.

La situación se vuelve muy tensa en las principales ciudades. Aunque Duque ordenó la militarización de las ciudades para hacerle frente a las protestas, este 4 de mayo el uribismo, en la voz de algunos congresistas del Centro Democrático (partido con el que el mandatario llegó a la Casa de Nariño), le pidieron que, para “atender la situación”, declare la “conmoción interior”. Se trata de lo que se conocía como Estado de sitio, donde Duque podría asumir poderes que pueden llegar hasta suspender mandatarios regionales, restringir manifestaciones y tomar control de radio y televisión, así como la potestad para dictar decretos con fuerza de ley.

Se calcula que el 28 de abril, primer día de convocatoria del paro nacional y marchas en todo el país, protestaron alrededor de 500 mil personas, siendo 50 mil de ellas en la capital del país y otras decenas de miles en Medellín y Cali, sin dejar de mencionar al resto de las ciudades como las regiones del campo que, de norte a sur, del este al oeste, se movilizaron. Por lo menos ese día hubo protestas en más de 600 municipios, los de mayor población, de los 1100 municipios que tiene Colombia. Pero no hay ninguno de los 32 departamentos (provincias) donde no se haya salido a expresar el descontento y la indignación. En todo aquel lugar que inició la protesta en ninguno se ha detenido, todo el contrario, se extiende. De acuerdo a una reciente encuesta, el 73% de los colombianos está de acuerdo con el paro.

Evidentemente Cali, uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia después de Bogotá y Medellín, en el Valle del Cauca, es la ciudad que se ha convertido en el corazón del estallido social. Allí la situación es absolutamente dramática. El departamento del Valle del Cauca está entre los cinco que albergan la mayor pobreza extrema. Esas condiciones extremas junto al agravamiento por la pandemia de coronavirus, son el sustrato que han llevado al estallido en Cali, la tercera ciudad más importante del país. En más de 19 puntos de la ciudad no se ha parado de protestar y allí confluyen las movilizaciones indígenas del Cauca.

Las múltiples denuncias de infiltración de la fuerza pública para generar la violencia no han cesado para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas, una práctica política muy común en Colombia tal como se reveló también en las movilizaciones del 2019 en Bogotá. Las fuerzas de seguridad “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil” relata un informe de la propia ONU sobre Cali. Pero es una cuestión extendida en todo el país. Es que Iván Duque les ha otorgado poder excepcionales a las Fuerzas Armadas que actúan como en zonas de guerra para “limpiar” el terreno, y allí las máximas autoridades son los militares. Lo hace haciendo uso de la declaratoria de “Asistencia Militar”, un recurso Constitucional del que solamente puede hacer uso en caso de calamidad o desastre. Equivale a un imponer el control completo de las Fuerzas Armadas en las ciudades principales que han denunciado y rechazado los propios alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín quienes ni siquiera fueron consultados y se encuentran sometidos al control militar.

Así se podría ir relatando la situación en distintas ciudades colombianas. Las protestas y bloqueos de carreteras por parte del gremio de los camioneros en algunas zonas del país continuaron por septimo día consecutivo y no están próximas a cesar tal como relata en directo desde uno de los bloqueos Dos Quebradas y Pereira, camino a Manizales y Medellín, Manuel Rosental. Organizaciones de la Minga Indígena extienden sus marchas por distintas ciudades y también garantizan los bloqueos y derrumban estatuas del viejo coloniaje como el de Sebastián de Belalcázar. Todos anuncian desde los propios lugares de las manifestaciones que la protesta es indefinida. Es de destacar que las protestas se desarrollan en dos niveles, pero en total continuidad en Colombia, las que transcurren durante el día hasta el finalizar la tarde, y las que continúan por las noches de sectores más desesperados, llamadas marchas del hambre, sufriendo la más cruenta represión.

Existe un sentimiento generalizado de que esto ya no va más, y los sectores más avanzados enfocan al podrido régimen de conjunto, no solo al gobierno duque-uribista.

Es que el Gobierno de Duque como toda la burguesía colombiana solo tienen un plan: mayor miseria para los trabajadores y el pueblo. Imponen a los trabajadores el desempleo creciente y la miseria salarial, arruinan cada vez más a las clases medias, condenan a la juventud al más oscuro de los futuros, siguen golpeando a los trabajadores del campo y a los pequeños productores campesinos, imponen la ruina y la miseria para el conjunto de los explotados. Todo para garantizar las grandes ganancias de los capitalistas, tanto locales como extranjeros. Les importó un comino los padecimientos durante toda la pandemia, que enfermó, empobreció y mató de manera desproporcionada a las clases empobrecidas. Ejecutaron cientos de masacres y asesinaron más de mil activistas sociales bajo estado de sitio y control de las fuerzas armadas. Querían más, y lo hicieron acrecentando más la miseria social, mientras los ricos han mantenido sus negocios y acrecentado su riqueza sirviéndose de la pandemia.

Las trabajadoras y los trabajadores junto al pueblo pobre organizado, la clase media arruinada, los campesinos, los pueblos originarios y la juventud deben luchar con todas sus fuerzas contra estos planes criminales de la burguesía colombiana. No basta con la cabeza de Alberto Carrasquilla o con el solo retiro de la reforma. Al ministro ya lo han reemplazado por José Manuel Restrepo, quien hasta ahora se desempeña como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, es decir, del mismo equipo de los ajustadores. El propio Duque ha dicho lo que prepara: “llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano es un imperativo”. No es solo la cabeza de un ministro o varios o el retiro de alguna reforma, es todo un plan antiobrero y antipopular de la burguesía colombiana al que hay que derrotar.

Un descontento acumulado que vuelve a explotar

En las movilizaciones en Colombia hay demandas económico-sociales muy profundas y es lo que se ha puesto en movimiento. Toda esta situación preanunciaba crisis más profundas en una Colombia cuya economía iba a ser golpeada por la pandemia y con las fuerzas de represión queriendo contener la protesta con asesinatos de por medio. Es el hartazgo de los trabajadores, los campesinos, de los pueblos originarios, la juventud y los sectores populares del país lo que se volvió a sentir en este paro nacional y en las multitudinarias manifestaciones que recorrieron el país. Es que Colombia atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y social por la pandemia lo que ha hecho explotar una vez más ese gran descontento que se ha venido acumulando.

El Gobierno se endeudó durante todo este tiempo, supuestamente para hacer frente a la crisis económica en medio de la pandemia, pero centralmente ha sido para salvar las grandes ganancias de los capitalistas. Con la Ley de solidaridad sostenible, que es el nombre que le dio a la reforma tributaria, se proponía recaudar alrededor de unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado.

El punto clave es de dónde pensaba sacar ese dinero. El propio ministro de Hacienda que recién ha renunciado, especificó que el 73% vendrá de las personas naturales y el resto supuestamente de las empresas. Es decir, la mayoría de la población va a pagar por esto, una mayoría que es compuesta por las masas laboriosas. Entre los puntos polémicos estaba un impuesto a la renta a las personas que ganen un sueldo de un poco más de 633 dólares, esto en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, además se proponía aumentar el IVA, que ya es un 19% en Colombia, a productos de consumo básicos, que golpea a las clases medias, los trabajadores y a los más pobres, entre otras medidas.

Pero el reclamo que se ha hecho sentir en Colombia ya no solo tiene que ver con la reforma tributaria, como se ha demostrado con la continuación de las protestas a pesar de que Duque la haya retirado, sino con un descontento social acumulado que ya se había dejado sentir en las masivas e históricas protestas de finales del 2019, donde prevaleció una juventud que había perdido el miedo, el miedo a todo un terrorismo de Estado como explicamos más adelante. Con la pandemia y el aumento de la crisis social y economica, ese descontento solo se acrecentó. No los ha parado la cruenta represión, la veintena de muertos o las centenas de heridos o detenidos. Muestran toda la disposición para continuar la lucha.

Es que en Colombia se ha impuesto a lo largo de décadas el peor de los neoliberalismos, apenas comparable con el chileno. Ese neoliberalismo se impuso con el trasfondo de la “guerra” al narcotráfico. La rancia burguesía colombiana se aprovechó de la sangrienta guerra contra la insurgencia, no solo como una cuestión de polarización interna, sino también para imponer el terrorismo de Estado tanto en la ciudad como en el campo, donde cualquier luchador sindical, dirigentes de movimientos sociales, jóvenes por sus demandas, o campesinos por la tierra, eran identificados como potenciales integrantes o simpatizantes de los grupos insurgentes. De manera tal que bajo esa práctica avanzaron en los mayores ataques y sometimientos a la clase trabajadora, a los campesinos, a la juventud y a las grandes mayorías pobres de las ciudades.

Todo esto se realizó de la mano directa del imperialismo estadounidense, actuando como un verdadero procónsul en territorio colombiano, y que tuvo su máxima expresión con el Plan Colombia. De allí que un aspecto derivado de esta nueva situación de rebelión en Colombia, es el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados del imperialismo estadounidense en la región, no solo ahora con Duque, sino desde hace décadas ya. Desde la cantidad de bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como base de operaciones y puntal de lanza de las movidas injerencistas de Trump durante el 2019 hacia Venezuela. Si la rebelión popular en Chile viene a ser un golpe para el conjunto de la derecha aliada del imperialismo en la región, esta nueva situación que comienza a abrirse en Colombia puede ser un problema mayor para los planes del imperialismo estadounidense, y sobre todo para el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

Pandemia: mayor ruina y miseria

En todo este tiempo de pandemia el Gobierno de Duque no hizo más que aprovechar la situación para avanzar en sus planes reaccionarios de conjunto. A la par que imponía la cuarentena, golpeaba a gruesos sectores de trabajadores, de las grandes mayorías populares que fueron obligados a ser confinados sin tener cómo alimentarse. Además, se continuaba con los asesinatos de luchadores sociales y populares en los distintos rincones del país.

Actualmente la cifra del desempleo supera el 17%, aunque hay ciudades que es mayor del 20%, en un país donde los empleos precarios son la norma, así como el trabajo informal, y el acceso a la salud es todo un privilegio.

El índice de pobreza monetaria llega al 42,5 %, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. En total, casi 3,6 millones colombianos cayeron bajo la línea de pobreza el año pasado y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,52 a 0,54, una cifra nunca antes vista desde que se empezó a calcular el indicador en 2012.

A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales, muy por detrás de otros países de la región como Argentina, Chile y Perú.

La indignación ante los ataques más fuerte que el temor al contagio

Duque midió mal la correlación de fuerzas para su ataque. Pensó que era el momento para golpear más duro, creyendo que sacaría provecho del temor de la población al contagio. Pero la indignación ante los ataques fue más fuerte que el temor al contagio por el virus. Y ahora tampoco los para la cruenta represión, la treintena de muertos (según informa Temblores), los más de 80 desaparecidos o las centenas de heridos o detenidos.

Es que entre las jornadas históricas del 2019 y estas recientes jornadas de protesta que han llegado a calificarse como una verdadera rebelión por su contundencia y generalización, en Colombia no han cesado los paros nacionales y movilizaciones de alcance nacional, abriéndose toda una etapa incesante de luchas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Duque y de toda su política represiva. La represión es la política predilecta del régimen colombiano, como parte de su histórico terrorismo de Estado, donde no han estado ausentes verdaderas masacres, como las que denuncia Indepaz en un reciente informe donde en lo que va del 2021 se contabilizan 35 con 132 víctimas.

Algunas de esas protestas alcanzaron importantes dimensiones, como fueron las semanas de agitación y revuelta de los meses de septiembre del 2020 que tuvieron como saldo 13 muertos a manos de las fuerzas represivas de Duque, que se mantuvieron incesantes hasta octubre del mismo año. Una verdadera rebelión de la juventud.

Allí hizo sus primeros ensayos y se fogueó una juventud que por fin había perdido el miedo ante un Estado represor y la impunidad de los brazos armados de las élites poderosas que durante décadas sometían con el terror, tal como ellos mismos lo manifestaron en las jornadas del 21N. En un país donde existe una policía militarizada y un ejército policial, donde la policía fue brazo del ejército en la guerra contra la insurgencia que en las ciudades imponía su terror, y continuó siéndolo hasta el día de hoy.

La política del Pacto Histórico de Gustavo Petro y de Coalición de la Esperanza

El papel del centroizquierdista Gustavo Petro como de la Coalición de la Esperanza es más que lamentable. En las últimas horas, luego de que varios sectores se pronunciaran sobre el contenido de un nuevo proyecto de reforma tributaria, luego que Duque decidiera retirar la propuesta inicialmente presentada, la Coalición de la Esperanza envió una carta con varias sugerencias para un nuevo proyecto. “En medio de la grave coyuntura actual, y con ánimo constructivo, los abajo firmantes, en representación de la Coalición de la Esperanza, nos permitimos hacerle las más respetuosas consideraciones”, empiezan escribiendo en una carta fechada el 3 de mayo, sexto día de las movilizaciones. Sin palabras.

Gustavo Petro, el senador de la Colombia Humana y precandidato presidencial, en representación del Bloque Histórico, si bien comenzó planteando que Iván Duque derogue la reforma tributaria que se aprobó en 2019, luego de retirar la actual propuesta, ha dicho que esto permitiría generar una nueva propuesta. Y ante las protestas, si bien ha indicado simpatía y apoyo, pero de lejos, su ausencia en las mismas ha sido absoluta.

Petro está como el mejor posicionado para las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de mayo de 2022, y de acuerdo a las encuestas, si éstas se realizaran en estos momentos las ganaría. Para ello impulsa el llamado “Pacto Histórico”, que aglomera al Polo Democrático, el Mais, la Unión Patriótica, entre otros movimientos, incluyendo a senadores como Roy Barreras y Armando Benedetti, provenientes de los mismos partidos tradicionales (Partido de la U) que Petro ha criticado en el pasado. Por eso Petro ha buscado la moderación, y a veces hasta el silencio en relación al curso e intensidad de las protestas, cuando no, declarando que “Es hora de un abrazo” en medio de la brutal represión, todo para que no se “empañe” su candidatura.

El 3 de mayo, en una rueda de prensa se dirigía a Duque con las siguientes palabras: “Yo le digo a Duque este es el momento más crítico, que desde su gobierno puede salir airoso, con la frente en alto, mirando de frente a la sociedad; no caiga en la trampa que están proponiendo”. Y agregó: “No caiga en esa trampa histórica porque su nombre quedaría manchado para todos los siglos que están por venir, tenga cordura porque podemos salvar muchísimas vidas humanas y podemos construir muchísima tranquilidad simplemente haciendo las cosas bien, simplemente dialogando, simplemente no haciéndole caso a ese tipo de sirenas de la violencia que esas sí son el vandalismo.”. En otras palabras, la búsqueda del diálogo cuando las masas en las calles no solo piden que Duque se vaya sino toda la podrida burguesía colombiana.

Se puede vencer, las movilizaciones plantean la caída de Duque y la necesidad de la huelga general, basta de pactos y treguas de la burocracia sindical

Para este 5 de mayo se ha convocado un nuevo paro nacional y movilizaciones por parte del Comité Nacional del Paro (CNP). Así fue declarado en una conferencia conjunta de la CUT, CGT, CTC y Fecode, donde llamaron este lunes a mantener las acciones y a la nueva gran movilización nacional, presionados por la persistencia de las protestas en todo el país.

En Cali, ciudad donde se han hecho sentir con fuerza las protestas, ya claman por un paro indefinido: “reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero NO hemos ganado la lucha, hasta que no se retire TODO el paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud, Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización”, señala un comunicado emitido por los convocantes de dicha ciudad. Expresan la política que no es hora de dar ninguna tregua.

Desgraciadamente la burocracia de las centrales sindicales en el Comité Nacional de Paro ha tenido por costumbre denominar “paro” a las movilizaciones que se convocan. Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo proceso de “dialogo” con el Gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.

La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Pero las direcciones sindicales que se arrogan el liderazgo de las protestas no están por ese camino, aunque sí lo están las masas en las calles.

No se llama a parar efectivamente la producción, además de los lugares neurálgicos como los aeropuertos y puertos, el transporte, etc. Son solamente llamados a movilizarse, sin niveles de organización más que las convocatorias para determinado día. Son las masas en las calles, el pueblo indignado que garantiza paralizando arterias de las ciudades con los bloqueos en las principales avenidas, así como en las rutas por sectores del campo. No tiene política en organizar a los trabajadores en los lugares de trabajo, en cada centro de producción, para avanzar en una verdadera huelga general contundente.

No basta con la sola movilización en las calles y en las principales rutas. Los trabajadores, campesinos, indígenas y el pueblo pobre se plantan ante la necesidad de desplegar toda la fuerza social necesaria capaz de derrotar los planes del Gobierno de Duque y de los empresarios, y que no sean los trabajadores y las grandes mayorías populares los que paguen la crisis. Al gobierno y al régimen oligárquico y asesino no hay que darle tregua.

Para ello la clase obrera debe ponerse en el centro de la lucha. El camino estratégico para triunfar es que la clase obrera colombiana junto al campesinado, pueblos originarios y los pobres urbanos intervengan con sus propios métodos de lucha, evitando cualquier desvío de la lucha. Las recientes movilizaciones que no cesan, tienen un techo, para pasar a un nivel que pueda efectivamente quebrar la voluntad del gobierno represor, y abrir la posibilidad de triunfo de las demandas que plantea, por ejemplo, la vanguardia de Cali (anulación de todo el paquetazo, juicio y castigo a los responsables de la represión etc.), hace falta la convocatoria a una huelga general, poniendo en movimiento a toda la clase trabajadora y explotada, paralizando la producción y los servicios, para derrotar los planes del gobierno y de los grupos económicos dominantes.

Se debe golpear donde duele a los capitalistas paralizando toda la economía. Esta necesidad se va imponiendo. Por ejemplo, se impuso un paro camionero en casi todo el territorio nacional. Para avanzar más hacia un verdadero paro nacional, este tendría que garantizarse en las fábricas, en las empresas, en cada lugar de trabajo, así como en las calles y las carreteras.

Por eso se hace imperante la necesidad de comités de huelga elegidos por los trabajadores por cada lugar de trabajo y por región, centralizando los comités y avanzar en un verdadero Comité o comando nacional del paro para golpear con contundencia en base a los comités locales y con representaciones electas por la base. Tantos años de lucha, tantas jornadas multitudinarias no pueden continuar estando en la mano de una burocracia sindical o de otros sectores que no busca una derrota definitiva del Gobierno, lo ha demostrado durante todo este tiempo. En algunos casos, buscan solo allanar mejor el camino su candidato de preferencia en las elecciones presidenciales. Es necesario levantar ya verdaderas instituciones de la clase, desarrollando los comités de huelga y concentrarlos departamental y regionalmente.

En diversas ciudades se avanza con la organización, se desarrollan asambleas populares, comités departamentales para garantizar las movilizaciones como vemos en varias ciudades. La alianza obrera y popular se ha impuesto en las calles, hay que darle forma de organización y esto solo se logrará si la clase trabajadora muestra su fuerza. La articulación con estas formas de organización territorial para garantizar la huelga general es fundamental para la clase trabajadora. Coordinar y centralizar las fuerzas a escala nacional que se han puesto en movimiento con todas las representaciones obreras y populares electas por la base, donde se resuelve y se vote el conjunto de demandas y un plan obrero y de emergencia, se hace más que urgente y asestarle una derrota decisiva a Duque.

La represión que se está desarrollando es brutal con decenas de asesinatos y centenas de heridos además de las desapariciones y los miles de detenidos. Ante esta situación los trabajadores, los campesinos, estudiantes, indígenas y sectores populares tienen todo el derecho a defenderse, para ello es fundamental poner en pie comités de autodefensa bajo el control de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares, todo esto como parte de la lucha del desarrollo de organismos de autodeterminación de los sectores en lucha. Se trata de defender el derecho a manifestación que la represión quiere impedir y la protección de todos los manifestantes.

Los revolucionarios estamos por tirar abajo este Estado capitalista, que solo es una maquinaria para beneficio de los grandes explotadores, expropiando a los expropiadores e imponiendo un gobierno propio de los obreros y los explotados. Sin embargo, hay sectores que consideran que a ese oprobioso régimen antidemocrático y oligárquico existente por décadas en Colombia se le puede cambiar mediante el voto popular. Pero les decimos que si desean hacer esa experiencia lo hagan luchando por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde se disuelvan todos los poderes fácticos, empezando por la disolución del presidencial y demás poderes del Estado. Si queremos una Constituyente donde el pueblo realmente pueda tomar en sus manos las decisiones, entonces esa instancia debe concentrar las facultades legislativas y ejecutivas, eso implica: ¡Abajo la presidencia de la República, que sirve como oculto punto de concentración para las fuerzas del militarismo, la reacción y del conjunto del odiado régimen colombiano!; ¡Abajo el Senado y todo ese podrido Congreso donde se votan las más miserables leyes contra el pueblo!; ¡Disolución de la Corte Suprema de Justicia que no es más que una estructura al servicio de los grupos de poder!, en fin, todo lo que huela a ese podrido y oprobioso régimen antidemocrático. Donde sea en esa Asamblea donde se discutan los grandes problemas de fondo y estructurales del país y que hoy agobian al pueblo, así como la ruptura con todos los pactos militares y económicos que atan al país al imperialismo.

Es claro que una Asamblea Constituyente de estas características solo se puede imponer con la movilización obrera y popular combativa, pues no estamos hablando de esas fantochadas que a cada tanto suelen montar las clases dominantes para hacerse redactar constituciones para redoblar su poder manteniendo el control absoluto.

Pero en ese camino y en la lucha por levantar organismos de autodeterminación las masas pueden convencerse, en el marco de esa experiencia, de que es necesario avanzar hacia un gobierno obrero y del pueblo pobre, pues sólo un desarrollo revolucionario de la lucha de clases, con el movimiento obrero al frente de la alianza con el conjunto de los explotados, se puede garantizar una salida progresiva a la crisis general en Colombia.

En el curso de esta pelea, por la huelga general y poner en pie formas de organización de la clase trabajadora, en una perspectiva de independencia de clase, abren el camino para que los trabajadores y las trabajadoras y la juventud se doten de una potente organización propia, un partido revolucionario de los y las trabajadoras y los explotados, que luche a brazo partido para dar una salida definitiva a los problemas más acuciantes a que los condena el capitalismo.