Italia no lucha solamente en contra del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Cualquier catástrofe epidemiológica o climática es a la vez social y política, dependiendo del factor humano. Es producto de una época histórica, y no simplemente de una coyuntura o de la naturaleza.

Si bien entre finales de febrero e inicio de marzo hubo retrasos en las acciones emprendidas por las autoridades, vencidas por el “miedo” y las presiones empresariales para no parar la economía, y además se vio un inconsciente descuido de buena parte de la población en las medidas de cuidado contra el contagio y en el mantenimiento de distancias y prevenciones, hay también factores estructurales por considerarse.

Las fases del contagio se están reproduciendo, más o menos rápidamente o con desfases, en países vecinos y lejanos, así que es posible extraer una que otra enseñanza, independientemente de que el virus pegue o no de la misma manera que en Europa o Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ya decretó la dimensión global de la pandemia pero, entre boletines “de guerra” y declaratorias de estado de excepción, la opinión pública se ha desentendido de las causas detrás del desbordamiento de los sistemas sanitarios y previdenciales. Estos han sido mártires del neoliberalismo privatizador durante cuatro décadas, pero ahora la población y los políticos les piden sacrificios, casi milagros, y vuelven a darse cuenta de su rol sistémico central.

Las élites van redescubriendo, de alguna manera, las funciones de estabilización del sistema, y de su propio poder en él, acarreadas por la generación de una clase media, la creación del estado del bienestar y la ampliación de los derechos socioeconómicos en la “era keynesiana” y en la época dorada del capitalismo, entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado. Un proyecto que se ha abandonado, pues en ese entonces, la cercanía y el miedo al modelo soviético hacían de contrapeso al capitalismo más salvaje que, en cambio, después tuvo mansalva con la caída de ese otro “mundo”, idealizado y satanizado a la vez según de dónde se veía.

En Italia el Covid-19 ha provocado ya más de 130mil contagios, y más de 17mil personas han muerto. Son cifras provisionales que siguen creciendo a diario como recordatorio de la crisis de la política social y del Servicio Sanitario Nacional (SSN).

A finales del siglo XX, este era considerado entre los mejores sistemas públicos, universales y gratuitos del mundo, con altos niveles de cobertura y atención a pacientes. Era parte de un articulado estado del bienestar (welfare state), producto de luchas sociales que llevaron a pensiones dignas y universales para adultos mayores, a un código del trabajo con sólidos derechos para las y los trabajadores, a una recaudación fiscal progresiva y redistributiva, y a la legalización del aborto y del divorcio. No era el paraíso, pues las luchas obreras y sociales, denunciando inequidades y exclusiones, en general tuvieron un auge en la década de 1970, incluyendo formas armadas de rebelión.

Antes de la creación del SSN, en 1978, la salud era un privilegio determinado por condiciones sociales, demográficas, laborales y regionales, dentro de un sistema fragmentado y corporativo. Este fue reformado y unificado por iniciativa de la primera mujer Secretaria de Estado en Italia, Tina Anselmi. Ex partisana, combatiente antifascista durante la Segunda Guerra Mundial y militante de la Democracia Cristiana, Tina fue Ministra del Trabajo y de la Salud en los años setenta y luchó por la paridad salarial entre hombres y mujeres.

Desde la década de 1990 las medidas de ajuste estructural y recorte al gasto público, en el contexto de la hegemonía neoliberal, comenzaron a afectar los derechos y el welfare state europeos, sobre todo en los países más endeudados como Italia. Especialmente en Lombardía, que es de las regiones más ricas de Europa pero también la más golpeada por el virus, fue imponiéndose un modelo de salud basado en asociaciones público-privadas, tercerización de servicios, precarización y explotación laboral, y paulatina desinversión, mismo que se replicó a nivel nacional.

Los empresarios de la salud tienen un negocio redondo garantizado por el Estado, que los subsidia y paga los servicios de los derechohabientes. Estos pueden atenderse en hospitales públicos, cada vez más abarrotados y con largas esperas, o bien, en los privados-asociados, en donde pagan tarifas básicas y la diferencia la pone el Estado. O finalmente en los privados, mucho más caros, en donde pagan el 100% del servicio. Así, el sistema volvió a estratificarse junto al aumento de las desigualdades.

El gasto en salud como porcentaje del PIB bajó a niveles inferiores al 8%, considerados “de riesgo” para el mantenimiento de un sistema funcional de tipo realmente universal. En este rubro los países de la OCDE gastan en promedio el 8.9% del PIB y, entre ellos, México gasta menos del 3%, lo cual no permite respetar el derecho humano a la salud.

La difusión de la enfermedad se va entrelazado con el esparcimiento masificado del miedo, pronto convertido en pánico y fobia. Las derechas y sectores de centroizquierda con cinismo por años canalizaron las frustraciones sociales contra los migrantes y ahora dirigen la tensión hacia otros países europeos o teorías complotistas distractoras. Los derechistas Matteo Salvini y Giorgia Meloni, ven subir los consensos de sus partidos, la Lega y Fratelli d’Italia, y capitalizan la crisis superando, juntos, el 40% de las intenciones electorales.

Se contraponen a esta deriva la reconfiguración del tejido social desde abajo, los impulsos de solidaridad local y voluntariado, junto al redescubrimiento de la ayuda mutua popular y las comunidades vecinales que nunca dejaron de existir, pero ahora recobran sentido para afrontar el aislamiento.

El miedo se convierte en rabia: obreros y trabajadores de la salud y la logística, mensajeros de plataformas digitales, sin techo y migrantes sin papeles, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, ancianos y precarios padecen más la crisis. Pese a medidas económicas gubernativas por más de 25mil millones de euros, crecen hambre, descontento y desamparo: los saqueo de varios supermercados, las revueltas en reclusorios de presos hacinados, los reclamos contra la exclusión o la muerte de los más débiles y las huelgas de miles de trabajadores, forzados a laborar sin seguridad, son evidencias del agotamiento sistémico y semillas de alternativas.