Mientras en Ecuador una insurrección popular liderada por el movimiento indígena ha puesto fin a una medida económica impuesta por el FMI que implicaba un fuerte aumento de los precios de los combustibles y, en consecuencia, de los alimentos, el Presidente de Chile, a veces apodado el «Berlusconi chileno», se ve obligado a renunciar a una subida de los precios del transporte ante las protestas.

El aumento del coste de la vida y las desigualdades sociales siembran revueltas. Chile entró en un período de insurrección el 18 de octubre cuando las acciones de «evasión masiva» [un acto de protesta de los estudiantes que consiste en pasar en masa por encima de las puertas para no pagar el metro] [1] se multiplicaron e impusieron la interrupción de todo el servicio. La ira de la población estudiantil se intensificó entonces contra un aumento de 800 a 830 pesos en el precio de los billetes de metro en Santiago, luego de un primer aumento de 20 pesos en enero pasado. Con la red más extensa (140 km) de América del Sur, el metro de la capital chilena transporta a unos tres millones de pasajeros al día de los siete millones de habitantes de la ciudad.

El presidente Sebastián Piñera, una de las cinco personas más ricas de Chile, con una fortuna que comenzó bajo la dictadura —actualmente estimada en 2.800 millones de dólares según la revista Forbes [2]— finalmente cedió. El 19 de octubre anunció la cancelación del aumento del precio del billete de metro y autobús del Transantiago, una medida que había provocado, desde su anuncio el 6 de octubre, un amplio movimiento de protesta en el país. Pero esta concesión de Piñera llegó tarde: el aumento de 30 pesos fue sólo la gota que colmó el vaso de la ira popular y el lema «No es por 30 pesos, es por 30 años» expresa la exasperación del pueblo argentino con las contrarreformas neoliberales antisociales mantenidas desde el fin de la dictadura.

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