Por lo extensa, la siguiente entrevista ha sido dividida en dos partes. 

Parte Primera. 

José Luís García es un profesor universitario en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en el área de las Ciencias Sociales. Posee una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar y en estos momentos realiza un doctorado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad ha sido invitado por la organización ProMosaik para conversar un poco sobre la situación actual de Venezuela desde su visión como venezolano, profesor universitario e investigador. 

Háblenos sobre la situación político/económica actual de Venezuela, que últimamente ha sido noticia principal en el mundo entero, desde la autoproclamación como Presidente Encargado del diputado Juan Guaidó, quien se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. 

Nuestra lectura de la actual coyuntura venezolana parte de una visión de largo plazo, con una concepción de análisis histórico. Para mí, lo que hoy ocurre en Venezuela es imposible de explicar correctamente sin este punto de partida. 

En este sentido, hay que destacar de que se trata de una situación de conflicto abierto, ahora actualizado en mi país y el continente latinoamericano, entre dos modos opuestos de entender la política, pero sobre todo de asumir teórica, filosófica e ideológicamente la vida, la sociedad, la cultura y la organización de las mismas. Se hallan aquí enfrentadas sin duda posiciones antagónicas, efectivamente irreconciliables, que responden, y hay que volver a señalarlo, a dos matrices político-ideológicas definidas, que atraviesa el proceso de la civilización moderna toda: el capitalismo y el socialismo, tanto en el centro como en la periferia del sistema mundo. 

De manera que en este contexto la “argumentación” de la oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro, como antes lo fue contra el Presidente Hugo Chávez, es en realidad una compleja cortina de humo, inescrupulosamente edificada, porque desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político una poderosa alianza interna y foránea ha actuado sin tregua en su contra, dado que se decidió, de antemano, que este proyecto político soberano, nacionalista, con pretensiones de equidad y justicia social, distanciado del pentagonismo, por parte de nuestro pueblo, harto de ser atávicamente expoliado y explotado, había necesariamente que hacerlo fracasar, a toda costa y a todo costo, independientemente de sus logros, conquistas o fracasos probables. 

Desde el principio del proceso bolivariano comenzó la guerra abierta contra éste, recurriendo aquellas fuerzas políticas adversas, como se sabe, a todos los medios a su alcance, desde los legales y no violentos hasta los más violentos, criminales y manipuladores, siempre buscando subvertir el orden constitucional y caotizar la vida social del país, primordialmente ahogando la base económica y financiera del Estado venezolano, contando siempre con los caudalosos recursos políticos, financieros y mediáticos de los grandes centros hegemónicos del poder capitalista globalizado, principalmente de la alianza formada por el imperio norteamericano y Comunidad Europea. 

En este nuevo capítulo de lucha que todos dondequiera pueden seguir, de este conflicto sin pausas que sufrimos en Venezuela, las fuerzas reaccionarias de la derecha, quienes ha logrado capitalizar la oposición en Venezuela, arrinconando y volviendo políticamente débil a los sectores más moderados y democráticos que la integran, han recurrido a una extravagante argucia política, sin precedentes, “construida” sin ningún asidero constitucional, desde una posición de desacato continuado, es decir indisimuladamente subversiva, en contra de todos los poderes del Estado Nacional venezolano, legítimamente constituidos. Aprovechando hábilmente la marea de descontento sociopolítico que ha crecido en los últimos años en nuestro país, producto simultáneo de la guerra total señalada (boicot, amenazas, sanciones unilaterales, confiscación de bienes, bloqueo de cuentas, aislamiento comercial y financiero, entre otras prácticas agresoras) con pleno respaldo del oposicionismo antinacional y pro-imperialista doméstico, en paradójica conjunción antihistórica con un cuadro de graves errores atribuibles a la gestión gubernamental de Maduro. Los que se traducen en una muy deficiente gestión pública, especialmente en la dirección de las políticas en materia económica, que lejos de sortear la agresión y los profundos daños ocasionados por la guerra económica, en todas sus variantes, ha profundizado la vulnerabilidad de nuestro sistema productivo de modo dramático. En nuestra opinión este déficit oficial ha sido favorecido por dos condiciones presentes en nuestra realidad sociohistórica, que como tendencias inducidas, en el marco de la economía petrolera y el rentismo, colonizaron la gobernabilidad bolivariana: uno, la ineficiencia crónica en la gestión de los recursos y medios del Estado, pese a la avanzada política redistributiva de la riqueza social lograda a favor de las mayorías excluidas durante estas dos décadas, y dos, la profundización de la llamada “subcultura” de la corrupción, heredada del periodo pre-bolivariano, pero ahora lamentablemente profundizada, y débilmente combatida, expandida cual cáncer moral por el tejido social, en cuanto y en tanto se percibe que casi no quedan actores y sectores del país inmunes a esta práctica de perversión social, totalmente contraria a los valores fundamentales de la revolución. 

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se ha podido ver una nueva arremetida mucho más fuerte y directa contra Venezuela. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Esto a qué se debe? 

La política de acoso y las agresiones contra Venezuela, su pueblo y su gobierno, es una decisión tomada por el poder imperial, es una política del Estado norteamericano, no de cada gobierno en particular de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso debe quedar claro. Se trata de una constante que solo se reactualiza cada cierto tiempo con el cambio de estilo de los republicanos o los demócratas en su juego pseudodemocrático de rotación en la ocupación de la Casa Blanca. Esta política se ha caracterizado por el intervencionismo y el injerencismo directo contra nuestra nación, desde la llegada del Comandante Chávez al poder en 1999, e incluso antes, mostrando sus despropósitos, al margen de la frágil institucionalidad vigente en las relaciones internacionales. Ella, en la hora actual, se ha profundizado por efectos del fanatismo supremacista encabezado por el magnate Trump, en el marco geopolítico del ajedrez de poderes globales, donde las riquezas estratégicas que poseemos, y no nuestra crisis sociopolítica, determina el apetito imperial, en un grado tal de desfachatez que han hecho trizas todas las formas jurídicas del derecho internacional, formas antes cuidadas para guardar las apariencias, por las hipócritas élites del poder norteamericano, ante situaciones similares en otras latitudes. 

La contradicción esencial de fondo en el marco de la crisis en Venezuela es la que determina la lucha entre una nación soberana e independiente, que resiste y quiere hacer valer su irrenunciable derecho a la autodeterminación, y una nación, la superpotencia agresora, que opera como enemiga de los pueblos, de sus necesidades y sus aspiraciones, invariablemente desplazados por la lógica del mercado, que impone la dictadura industrial-militar-cultural de las transnacionales sobre el orbe. Es decir, la contradicción está definida aquí entre independencia y colonialismo, entre soberanía y dominación. 

Pero esta infame posición intervencionista, un empeño sin descanso, ha fracaso de modo también constante, en tanto los operadores políticos internos de la oposición en Venezuela han sido absolutamente incompetentes, durante estos veinte años, cada vez que han intentado ejecutar la orden de derrocar, por cualquier medio o vía, los gobiernos democráticos y progresistas de la era bolivariana. Frente a tal muestra de máxima incompetencia política, sus jefes externos, Donald Trump al frente, han asumido ahora explícitamente la dirección de la conspiración, sin importar las consecuencias de tan inaceptable intervención, que impone en primer término la opción guerrerista, con la intervención militar directa, contando con la colaboración servil de los aliados regionales, principalmente los gobiernos de Colombia y Brasil y del autodenominado Grupo de Lima. 

Por eso ahora la táctica imperial ha variado, ordenándoles a la oposición montar un “gobierno” paralelo al legal y legítimamente constituido, que pretende encabezar el diputado Guaidó, de donde resultó su autoproclamación como presidente, realizado en un acto de calle, el 23 de enero último, en la ciudad de Caracas. Este personaje que fuera un modesto dirigente político parroquial de la ultraderecha criolla, absolutamente desconocido en el país, hasta principios de 2019, cuando repentinamente la mediática global lo convirtió en un “líder”, proyectado al mundo, con una imagen totalmente prefabricada (con el auxilio del marketing político y las tecnologías 2.0), sospechosamente parecida a la del ex presidente yanqui Barack Obama. Quizás se trata de un esfuerzo por atenuar sus limitaciones intelectuales ya evidenciadas cada vez que ha intentado comunicar una simple idea. 

Todo ello se promueve aprovechando la plataforma política de la Asamblea Nacional (AN), uno de los poderes del Estado venezolano (que lo conforman cinco poderes públicos). Ésta, fiel a la estrategia golpista descrita, apenas instalada, inició su gestión dedicándose exclusivamente a provocar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, jamás a contribuir en buscar soluciones a la aguda crisis del país, que ellos han abonado en desatar y expandir. En su afán, la AN, embriagada de triunfalismo, comenzó a actuar desconociendo a los todos los demás poderes de la república, tal como sucedió cuando incorporó a tres (3) diputados electos, cuyos cargos fueron cuestionados por la existencia de irregularidades cometidas durante el proceso de elecciones parlamentarias celebrado en diciembre de 2015, luego demostradas en la investigación procesada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la nación, 

Como se sabe, la AN, controlada por la oposición, hizo caso omiso de la sentencia de enero del 2016 emitida por el TSJ a ese respecto, que ordenaba la desincorporación inmediata de los tres diputados ilegítimos. Acto seguido y consecuencia de aquello, el mismo tribunal, mediante nueva sentencia, declaraba en desacato a la Asamblea Nacional, a ella desobedecer, en abierta actitud de rebelión y hostilidad contra el propio Estado, la sentencia que ordenaba de manera expedita restituir inmediatamente la legalidad violentada por la AN. Hasta la fecha de hoy la AN no se ha puesto a derecho, continua negándose a la aplicación de aquella importante decisión del TSJ de 2016. 

En consecuencia, la condición de desacato establecida de la AN se mantiene, por tanto, todos sus actos legislativos y administrativos en el período son nulos e írritos. Entre ellos, por supuesto, la designación de la nueva directiva de ésta, que fuera realizada el 6 de enero del 2019, presidida por el señor diputado Juan Guaidó. Es justo aquí destacar que en esto radica la condición de ilegitimidad e ilegalidad de origen de la autoproclamación presidencial cometida, constituyendo una flagrante usurpación política. Ante esto lo que resulta más insólito para los analistas más atemperados es que haya sido reconocida por algunos Estados y Gobiernos que no tolerarían nunca situación similar en sus propias jurisdicciones nacionales. Esta situación irregular tiene al mundo dividido y sobre todo muy confundido, abrumado por la ubicua propaganda político-ideológica, típico elemento de control del pensamiento, en el marco de aplicación del paradigma de la Guerra de Cuarta Generación, tendiente a imposibilitar todo discernimiento con la razón, que permita poder separar con solvencia cognitiva la manipulación de la verdad histórica. 

El autoproclamado presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, sostiene que su juramentación es legal porque se basa en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la República. ¿Esto es correcto o es parte de una manipulación política por parte de la dirigencia de la oposición venezolana? 

De manera contundente hay que decir que se trata de una perversa manipulación política de amplio espectro e implicaciones, orquestada por lo más reaccionario de la derecha opositora venezolana. Tanto para nuestros nacionales como para cualquier ciudadano de otras latitudes sugiero tener a mano un ejemplar de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV) [http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf] como fuente de consulta imprescindible, donde poder constatar lo que aquí afirmamos. 

Estos tres artículos constitucionales (233, 333 y 350), aludidos en la pregunta, no pueden sostenerse como los argumentos legales de ese conjunto de pretensiones tergiversadoras a las que está recurriendo la oposición en Venezuela para justificar el Golpe de Estado o la intervención militar extranjera contra nuestro país, utilizando en lo inmediato el disfraz de la “Ayuda Humanitaria”. 

En primer lugar, el 233 de la CRBV, está referido a las que se consideran son las faltas absolutas del Presidente de la República. Lo parafraseo en los siguientes términos: cuando ocurra la muerte; la renuncia; su destitución declarada por el TSJ; su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el TSJ y con la aprobación de la AN; y la revocación del mandato. Como es bien sabido por todos, ninguna de estas causas es aplicable al caso del actual Presidente Constitucional de Venezuela Nicolás Maduro. 

En realidad, el argumento está anclado en el desconocimiento asumido respecto del proceso eleccionario para las presidenciales, que fuera celebrado en el país en mayo de 2018, señalado así como ilegítimo, por tanto, no reconocido por una parte de la oposición y por sus poderosos patrocinantes extranjeros. Debemos recordar que ese evento electoral fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dotada de autoridad legal para este propósito, y en donde resultó elegido Maduro, con más del 67%, de los votos escrutados (De 9.389.056 electores que participaron, según datos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela), comicios en los que compitieron tres (3) candidatos más, representando opciones políticas-partidistas de la oposición venezolana. (Ver: http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/) 

Se intenta asociar así, de modo capcioso, las causas de faltas absolutas del Presidente de la República con el desconocimiento que sostiene esa fracción de la oposición de los resultados de las elecciones nacionales que ganó Nicolás Maduro. Es fácil que esta especie desinformativa produzca confusión, se trata de una falsificada argumentación, confusión propagada sobre todo entre observadores que desconocen nuestra Carta Magna, así como la evolución compleja del proceso histórico que nos ha llevado a este escenario actual de máxima tensión política. Sospecho que es la condición dominante en la mayoría, aquí y allá. 

Por otra parte, debe señalarse que el artículo 333 se refiere a la vigencia de la CRBV, vigencia que se mantiene en cualquier caso, pese a que se cometa en su contra cualquier acto de fuerza o derogación, por medios distintos a los que ella define. Solo diré al respecto que me parece paradójico, sorprendentemente paradójico, que la dirigencia opositora ose invocar justamente este artículo constitucional, cuando es ella la que durante las últimas décadas ha intentado con sorna, deliberadamente, su derogación, mediante la violencia, su desconocimiento continuado, hasta su eliminación arbitraria por “decreto”, mediante un brevísimo gobierno de facto (el de Carmona Estanga en 2002, producto del Golpe de Estado contra Chávez), etcétera. 

Finalmente, el 350 de la CRBV, último también del articulado, está referido a una garantía del derecho que tiene la ciudadanía en nuestra nación a desconocer aquellos actos de la autoridad contrarios a los valores democráticos o que menoscaben los derechos humanos de nuestro pueblo. En otras palabras, consagra el derecho a rebelarse contra cualquier poder que incurra en tales desafueros dentro del sistema sociopolítico que esta Constitución define. Al respecto me permito dos consideraciones básicas: (1) Invocar este artículo para justificar la posición de desobediencia contra la autoridad del gobierno actual por supuesta ilegitimidad y violación de los derechos humanos constituye un acto de cinismo del bloque oposicionista, que sin descanso ha apelado a las formas más violentas en sus manifestaciones públicas, en un nivel superlativo, con acciones vandálicas, subversivas y terroristas, aplicando tácticas de guerra, como las puestas en marcha durante las mal llamadas “Guarimbas”. Dejando a su paso destrucción de la propiedad pública y privada, secuestro de barrios y urbanizaciones enteros, ataques a instalaciones policiales y militares, escolares y sanitarias, quema viva de personas afines al chavismo, uso de armas de guerra y artesanales en las manifestaciones declaradas “pacíficas”… Lo que ha dejado un trágico y doloroso saldo de muertes y heridos en muchas ciudades del país. Frente a ello, el Estado ha sido impelido a actuar para restituir el orden constitucional, y en ese accionar, en contextos de violencia callejera generalizada, se han cometido excesos, así como mal uso de la fuerza aplicada, por parte de los órganos de seguridad de Estado, reconocidos por las autoridades, y asumiendo las responsabilidades en cada caso, individuales e institucionales. Con esto considero que ha sido también evidente que los gobiernos de la era bolivariana, dando estas respuestas, han buscado despojarse de la atroz política anti derechos humanos y de la práctica de la plena impunidad, la que rigió en el pasado régimen político, dirigido por la derecha. Esta concepción estuvo inspirada en la doctrina de seguridad y defensa nacional y la Escuela de las Américas, de claro talante represivo, que impuso el hegemonismo imperial en toda Latinoamérica durante los años de la posguerra. (2) La oposición al Gobierno de Maduro pretende convertirse en la expresión legítima de todo el país, por ello el esfuerzo en invisibilizar a las corrientes populares, revolucionarias y chavistas como realidad e identidad sociopolítica y cultural. Afirman apelar a principios democráticos y de luchar contra un “régimen dictatorial”, pero desconocen con sus posiciones sectarias la voluntad política de por lo menos la mitad de la población nacional, aún partidaria del gobierno, aunque también descontenta y cuestionadora, en diversos grados de crítica política, pero que por encima de todo, continúa expresándose fiel al proyecto histórico bolivariano y socialista, inclusive con, y a pesar de, la existencia de una espantosa crisis nacional en todos los órdenes. Pero más preocupante resulta observar que el entramado discursivo de la oposición está cargado de signos y conceptos de intolerancia, de racismo, de prejuicios objetivamente clasistas, antivalores estos con lo que se profundiza la división social y política, haciendo crecer como mala hierba formas de pensamiento afines al fascismo y demás prácticas del credo anticomunista, prácticas que penden como amenaza reales sobre las cabezas del movimiento popular y revolucionario venezolano, sobre sus ideales de libertad, justicia y paz, de ese pueblo que ya fue sacado de la marginación política del pasado, al convertirlo la revolución bolivariana en sujeto auténtica y contradictoriamente protagónico en el proceso de refundación republicana.