General

Los investigadores de la ONU acusan a los militares de Birmania de genocidio

JAVIER ESPINOSA 27 AGO. 2018
Un informe de un grupo de investigadores de Naciones Unidas redactado en base a cientos de entrevistas de testigos de la brutal ofensiva que lanzó el ejército de Birmania contra la minoría musulmana Rohingya el verano pasado ha acusado a los militares de genocidio y crímenes contra la humanidad, en lo que constituye el señalamiento internacional más grave que enfrentan los uniformados del país asiático desde los sucesos acaecidos el verano pasado.

Según la indagatoria de los expertos, las fuerzas armadas birmanas fueron responsables de asesinatos y violaciones masivas de miembros de esa comunidad en su empeño por expulsarlos del país, en una acometida que el mismo secretario de Estados de EEUU, Mike Pompeo, describió este sábado como una “detestable depuración étnica”.
La comisión de investigación había sido establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2018 y sus tres integrantes concluyeron que la razzia que llevaron a cabo los uniformados, apoyados por grupos paramilitares budistas, “equivale sin duda a los crímenes más graves del derecho internacional”.
La ONU no recurría al argumento de una posible inculpación por genocidio desde la guerra de Bosnia, el que se registró en Ruanda en 1994 o los crímenes cometidos en Sudán.
El documento solicita que el máximo jefe de las fuerzas armadas, el todopoderoso general Min Aung Hlaing, y otros cinco generales sean investigados por el Tribunal Internacional de Justicia sito en La Haya.
“Las necesidades militares nunca podrían justificar el asesinato indiscriminado, las violaciones en grupo de mujeres, los ataques contra niños o el incendio de aldeas completas. Son tácticas totalmente desproporcionadas”, se lee en el texto.
Esclavitud sexual
El relato de los investigadores asegura que en el estado de Rakhine, la región del oeste de Birmania de donde proceden los Rohingya, se registraron “indicios de exterminación y deportación” y otras muchas y graves violaciones de los derechos humanos como torturas o esclavitud sexual.
Según la estimación “conservadora” de esta comisión, en esta arremetida pudieron ser asesinadas más de 10.000 personas.
La principal dirigente política del país, la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, tampoco se libró de la denuncia del grupo de investigadores que dijo que “no había usado su posición de facto como jefe del gobierno, ni su autoridad moral para detener o prevenir” las terribles acciones que se registraron en Rakhine.
Los expertos también reclaman que el Consejo de Seguridad de la ONU “adopte sanciones individuales, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos” contra estos uniformados y un embargo de armas contra el país.
El Ejército birmano ya apadrinó su propia investigación sobre lo ocurrido pero desestimó todos estos cargos. La única decisión que adoptó en junio fue expulsar de las fuerzas armadas al oficial que comandaba esa región en aquellas fechas -incluido en la lista de 6 generales incriminados por el informa de la ONU- pero por su “débil” liderazgo y haber permitido que se organizara la guerrilla Rohingya.
La ofensiva militar que se registró a partir del 25 de agosto del año pasado forzó la huida de más de 700.000 Rohingya que un año después permanecen hacinados en precarios campos de refugiados de Bangladesh, en la zona de Cox’s Bazar.
Birmania sigue sin aceptar el regreso de esos exiliados argumentado que la responsabilidad es de Bangladesh.
Las autoridades y los militares de Birmania siguen aferrados a la inacción y el rechazo de cualquier responsabilidad en lo acaecido, reforzando el acoso a los medios independientes que intentan esclarecer detalles sobre esas trágicas jornadas.
Horas antes de que se conocieran las averiguaciones del grupo de la ONU, un juez local aplazó hasta el 3 de septiembre el fallo contra dos periodistas birmanos de la agencia Reuters que descubrieron una matanza de rohingya, a los que se acusa de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, un delito que está penado con un máximo de 14 años de cárcel.
El caso ha sido denunciado por un amplio número de organizaciones internacionales que indican que se trata de un ejemplo manifiesto de represión del derecho a la información.
Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que llevan ocho meses bajo arresto, aparecieron en la sala del tribunal esposados y vestidos con el tradicional “longyi”.
“No tememos la decisión porque la verdad está de nuestra parte. No hicimos nada erróneo”, aseguró el primero antes de ser enviado de nuevo a la prisión de Insein, un penal de triste recuerdo ya que fue el lugar de encarcelamiento de miles de prisioneros políticos durante la dictadura.