Lo ha contado este martes la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, durante un desayuno informativo en el que ha participado junto a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha anunciado la inminente aprobación de un “plan de choque” para dar la primera acogida a las personas que llegan a España de forma irregular en busca de oportunidades que no encuentran en sus países de origen.

Este plan de choque contempla, en primer lugar, reponer el presupuesto con el fin de reforzar “los dispositivos de acogida, que se están prestando a través de las ONG, para que estas personas que llegan patera tengan una atención adecuada”. En segundo lugar, el Gobierno estudia recuperar el Fondo de Acogida e Integración que eliminó la Administración del PP durante los años de la crisis.

Valerio no ha tenido reparos en constatar que estamos ante una “presión” migratoria “importante”. Según el último balance del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de julio han llegado a las costas españolas 16.872 inmigrantes, que suponen un incremento del 120% respecto al mismo periodo del año anterior.

Si a eso le sumamos las 3.125 entradas irregulares por vía terrestre a Ceuta y Melilla, el total es de 19.997 entradas. Las llegadas por mar ya superan a las que se registran en Italia y Frontex está preocupado por la situación española porque sospecha que las rutas que antes iban por Libia se han desviado ahora hacia Marruecos y, de ahí, a España.

“Ya se advertía esta situación respecto a las llegadas, no sólo de migrantes económicos, sino también de solicitantes de asilo”, ha reconocido Rumí. En lo que va de año, su departamento ha registrado a un total de 20.781 demandantes de protección internacional. En 2017 fueron 31.731 solicitantes, lo que indica que, si las entradas se mantienen a este ritmo, se superarán todos los récords de los últimos años.

La Secretaría de Estado de Migrantes se encarga de atender a estas personas, cuyas necesidades son evaluadas por una unidad de trabajo social que les asigna una plaza de acogida y les proporciona formación, apoyo psicológico y jurídico, así como orientación social. A los seis meses obtienen un permiso para trabajar y, cuando están preparados, pasan a una casa de alquiler donde inician su vida autónoma, aunque no por ello dejan de recibir ayudas económicas.

Para toda esta asistencia había previsto un dinero -el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes- que creó el Gobierno socialista en 2004. La primera dotación fue de siete millones y en 2009, tras la crisis de los cayucos en Canarias, se llegó hasta 200 millones de euros, destinados principalmente a la acogida a pie de playa, políticas de aprendizaje de la lengua y refuerzo educativo mediante acuerdos con ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, intentó recortar el fondo ese mismo año, pero el PP y CiU impulsaron una campaña para que el dinero no se rebajara. Sin embargo, llegó el gran tijeretazo de la crisis y el Gobierno popular redujo en 2011 el presupuesto hasta 67 millones y, al año siguiente, acordó suprimirlo definitivamente. Pedro Sánchez tiene ahora la intención de recuperar ese fondo.