La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto este martes una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales de las agresiones sexuales no dependan de la interpretación de los jueces.

Lo ha dicho en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, durante la que ha propuesto “como lema sustantivo” la máxima de “si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”.

Su propuesta, de la que no ha ofrecido más detalles aún, sería una reforma en la línea de la aprobada recientemente por el Parlamento de Suecia, que en mayo aprobó una ley por la que cualquier acto sexual sin consentimiento expreso es considerado violación. En Gran Bretaña, Bélgica, Islandia y Alemania también es similar. “Ahí [en el solo sí es un sí] es donde está preservada su autonomía, su libertad y el respeto a su persona y a su sexualidad”, ha defendido Calvo.

Tras la polémica sentencia de La Manada, la vicepresidenta ve necesario mejorar “algunas circunstancias” de la ley de enjuiciamiento criminal, algo que el Ejecutivo hará a través de la incorporación de un grupo de juristas feministas “avezadas en violencia de género” para acometer “una revisión solvente”. “No podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra las mujeres, no se considere como tal”, según Calvo. El Ministerio de Justicia acaba de aplazar recientemente hasta noviembre el informe solicitado a la comisión de juristas que debía revisar los delitos sexuales.

Además, ha dicho que “con el respeto debido al Ministerio Fiscal”, que rechazó la propuesta del Ejecutivo de que la Abogacía del Estado se persone en las causas de agresión sexual, el Gobierno está “reflexionando” sobre cómo acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas, debido a las situaciones “complicadísimas” a las que en ocasiones se enfrentan las víctimas desde que lo son hasta que pueden tener una sentencia justa y restitutoria de los derechos que les han sido atropellados.

Calvo ha anunciado también “un esfuerzo presupuestario mayor” para luchar contra la violencia machista, sin especificar cantidades. Hace ya casi un año, el pasado septiembre, que el anterior Gobierno aprobó un pacto de Estado contra la Violencia de Género que prevé 211 medidas y 200 millones de euros anuales para combatir la violencia machista y frenar los asesinatos. También ha dicho que a finales de julio las comunidades se reunirán para “recibir las líneas de trabajo” autonómicas relacionadas con el pacto.