El Gobierno de Estados Unidos ha decidido reunir con sus padres a solo 57 de los 103 niños menores de cinco años que fueron separados de sus padres, inmigrantes ilegales. Los otros 46 han sido declarados “inelegibles” por las autoridades, lo que implica que serán dados en adopción.

Así lo declararon ayer en un comunicado conjunto los secretarios de Vivienda, Alex Azar, y Seguridad Interior, Kristjen Nielsen, y el fiscal general -cargo equivalente al de secretario de Justicia- Jeff Sessions. La reunificación de las familias ha sido ordenada por la Justicia, que ha fijado como fecha límite para llevarla a cabo el 31 de julio. En el caso de los menores de cinco años, el juez Dana Sabraw, que es quien decide el caso, había determinado que debían ser devueltos a sus padres antes del 10 de julio debido al potencial daño psicológico que la separación podría causarles.

Así pues, y a juzgar por el comunicado de ayer, el Gobierno estadounidense ha excedido en 48 horas ese plazo. Aparte, más de 2.500 menores de más de cinco años han sido separados de sus familias. Sabraw ha dado de plazo a las autoridades hasta el 26 de julio para que las reunificaciones se completen.

Pero primero el Gobierno de Donald Trump debe demostrar ante Sabraw que el retraso de 48 horas en completar la reunificación ha sido justificado, y que la decisión de no devolver a esos 46 niños a sus familias tiene justificación. Para ello, el juez había citado anoche (madrugada de hoy en España) a los abogados del estado en una vista en su juzgado de California.

La tesis de las autoridades es que los 46 niños no podían ser devueltos a sus padres por numerosas razones. Entre ellas, que los progenitores ya han sido expulsados de EEUU, que éstos representaban un peligro para la salud física o psicológica de los menores, o que, en realidad, las personas que se hacían pasar por sus padres no lo eran en realidad. En este último caso, las autoridades de inmigración afirman que “no tenemos la autoridad legal para volver a traer a esas personas a EEUU”, con lo que los niños se quedarán en el país.

Dado el caos y el secretismo con el que la Administración Pública estadounidense ha llevado a cabo toda la operación de separación de familias, esos argumentos han sido rechazados por las organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes.

La Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), que es el principal grupo de apoyo a las minorías en EEUU, ya declaró ayer que va a recurrir ante los tribunales la manera en la que el Gobierno de Donald Trump está llevando a cabo el reencuentro de las familias.