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Un fallo cambiaría los derechos en tierras comunales de Sudáfrica

Por Mark
Olalde, IPS, 6 jun 2018

Un fallo
judicial podría sentar un importante precedente en Sudáfrica si hace lugar a la
demanda de las comunidades rurales que reclaman poder de decisión sobre
proyectos mineros en sus tierras.
  

Residentes
del área costera de Amadiba, en la provincia de Cabo Oriental se reunieron en
septiembre de 2015. Muchos temen que la minería ponga en riesgo su modo de vida
tradicional al destruir su tierra y generar fisuras en la comunidad. Crédito:
Cortesía Nonhle Mbuthuma
PRETORIA
– Conocido como un referendo sobre el “derecho a decir no”, varias poblaciones
rurales de la costa oriental del país reclaman a la justicia que reinterprete
la legislación sobre la extracción minera para obligar a las compañías a
solicitar su consentimiento antes de empezar a operar.
El caso,
cuyos argumentos se
presentaron al tribunal a fines de abril en Pretoria
, nació tras una
disputa por un proyecto de extracción de titanio, la que ya lleva más de una
década, en la provincia de Cabo Oriental, en una zona llamada Costa Salvaje.
El
proyecto enfrentó a la compañía australiana Mineral
Commodities Ltd
contra cinco poblados, conocidos como Amadiba. La
población local impidió que la compañía comenzara a operar. Pero hubo varios
episodios de violencia, que dejaron a numerosas personas muertas.
“Su modo
de vida está intrínsecamente relacionado con la tierra. Las costumbres
tradicionales sufren consecuencias desproporcionadas por la minería”, arguyeron
los demandantes, y acotaron la degradación ambiental, el desplazamiento y la
pérdida de tierras agrícolas.
“Sin
consentimiento libre, previo e informado, corren un grave peligro, no solo de
perder derechos a la tierra, sino su propia existencia”, añadió.
Nonhle
Mbuthuma es la secretaria y líder del Comité de Crisis de
Amadiba
, que representa a todos los residentes de las aldeas.
Mbuthuma
asumió el liderazgo tras la muerte de Sikhosiphi “Bazooka” Radebe, quien
recibió un disparo frente a su casa en marzo de 2016; se estima que fue por sus
actividades de ambientalista. Y también se dice que Mbuthuma está en una lista
de personas a eliminar, junto al nombre de él.
“La
tierra es nuestra identidad. Cuando perdemos esa tierra, perdemos nuestra
esencia. Y cuando pierdes tu esencia, es muy parecido a que te maten”, explicó
Mbuthuma.
Nonhle
Mbuthuma, del Comité de Crisis de Amadiba, podría estar en una lista de blancos
a eliminar por su oposición al proyecto minero de extracción de titanio en la
costa oriental de Sudáfrica. Crédito: Mark Olalde/IPS.
Las
comunidades y las organizaciones sociales que colaboraron con los demandantes
pidieron al tribunal que si no hacía lugar a sus reclamos, que por lo menos les
concediera la posibilidad de negociar algunos términos como las regalías antes
de la extracción. Si el tribunal también les niega eso, los demandantes
reclamaron la inconstitucionalidad de la ley actual.

Una
filial de la Mineral Commodities arguyó que los demandantes malinterpretaron la
ley, extendiendo su alcance con el fin de frenar a la minera, que ya obtuvo los
permisos. La compañía señaló que “si se les concede, (la demanda) afectará los
derechos a la tierra y la minería en todo el país”.
“Esperamos
que si el juez falla a nuestro favor, servirá a todas las comunidades
africanas, no solo a Xolobeni, porque el problema de la minería que expulsa a
la gente de sus tierras se da en toda África”, explicó Mbuthuma, refiriéndose a
uno de los poblados que se volvió sinónimo del conflicto.
Tras el
opresivo apartheid (régimen de segregación racial de la minoría blanca en
perjuicio de la mayoría negra), Sudáfrica eligió democráticamente un nuevo
gobierno en 1994, que se esforzó por devolver la riqueza minera a la ciudadanía
a la vez que se incorporaba a los mercados internacionales.
Según la
legislación actual, el Estado reclamó los derechos mineros con el fin de
impulsar el desarrollo económico.
Pero con
el otorgamiento de licencias de extracción, crecieron los conflictos entre las
compañías mineras y las comunidades rurales que viven de las tierras comunitarias.
Alrededor
de 13 por ciento del territorio nacional corresponde a tierras comunales,
vestigios de las “patrias” de la época del apartheid, creadas como especies de
estados independientes para sacar a los sudafricanos negros de las ciudades.
Unos 18
millones de sudafricanos viven en esas tierras en la actualidad.
Los
líderes tradicionales, como jefes, reyes y reinas y consejeros presiden las
tierras comunales, pero su mandato deriva de la gente, según los derechos
consuetudinarios, que les impiden tomar decisiones sin contar con el
consentimiento de los pobladores.
Pero en
muchos casos, los líderes tradicionales suscriben acuerdos con las compañías
mineras que abren la tierra para la extracción, sin contar con el
consentimiento popular. Eso ocurrió en Amadiba, cuyo jefe apoyó la propuesta de
la compañía, que lo nombró director de la misma vinculado al proyecto.
A cambio,
el jefe declaró a la policía que le prometieron que las discrepancias hacia su
jefatura desaparecerían y que obtendría ganancias de la mina.
El
gerente general de Mineral Commodities, Mark Caruso, no quiso hacer
declaraciones a IPS.
Esos
conflictos son comunes en las zonas rurales, explicó Johan Lorenzen, socio de
la firma Richard Spoor Inc. Attorneys, representante legal de la comunidad, que
como todas las otras, no logra beneficiarse del todo de la democracia
sudafricana.
“La
mayoría de los campesinos sudafricanos viven en tierras comunales, como la de
Amadiba”, precisó Lorenzen.
“Como
mayor productor mundial de platino, Sudáfrica registró una ola de concesiones
de derechos de extracción en tierras comunales y, sin claridad sobre si tienen
derecho o no, ha tenido efectos contundentes sobre decenas de miles de personas
en las áreas rurales”, explicó.
El fallo
demorará varios meses, estimó Lorenz.
El
ministro del Departamento de Recursos Minerales anunció una moratoria de 18
meses que interrumpió de forma temporal ambos proyectos, y tampoco emite ningún
permiso de extracción en la zona. La medida durará hasta fines de este año y no
está claro qué pasará después.
En ese
contexto, el departamento se comprometió a solicitar a “especialista/s
social/es independiente/s que investigue/n las causas de raíz de los problemas,
y documente/n las posibles soluciones” del conflicto con las mineras.
En
respuesta a las consultas de IPS, el departamento reconoció haber evitado esa
medida, y señaló: “No hubo una investigación independiente por las dificultades
bien conocidas entre las partes en el área”. También señaló que el organismo
estaba por decidir si renovaría la moratoria.
Por otra
parte, como forma de elevar la voz de las comunidades damnificadas, el
fotógrafo británico Thom Pierce realizó una serie de retratos de residentes de
Xolobeni e hizo postales
que enviará por correo electrónico al
ministro del Departamento de Recursos Minerales.
En las
postales, la pobladores describen la importancia de tener la última palabra en
lo que respecta a sus propias tierras.
Themba
Yalo recordó la Revuelta de Pondoland, un levantamiento de los años 60, cuando
los residentes de Amadiba y sus alrededores se alzaron en armas contra el
apartheid.
“Mis
abuelos lucharon por su tierra para que yo viviera en libertad. Nunca apoyaré
la extracción minera aquí ni la destrucción de la tierra ni de las sepulturas
de mi familia”, escribió.
Otros
como Mamthithala Yalo, pidieron agricultura, en vez de minería. “Tengo cerdos,
vacas y cabras. También cultivo alimentos necesarios. Nunca permitiré que
llegue la minería y cambie nuestra forma de vida. Esta tierra no está a la
venta”, sentenció.