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Israel busca modificar la ley para expropiar terrenos de la iglesia en Jerusalén

Monitor De Oriente, June 20, 2018

Una nueva
ley planteada en la Knesset -el parlamento israelí- pretende obligar a la
Iglesia ortodoxa a ampliar el periodo de arrendamiento de sus tierras a
propietarios judíos israelíes.
 
 

Cristianos
ante la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en febrero de 2018 [Mostafa
Alkharouf/Anadolu Agency]

Este
periodo de arrendamiento, firmado hace casi un siglo y cuyo plazo concluirá
dentro de poco, incluye más de 1.000 viviendas en Jerusalén Occidental.

La
miembro de la Knesset, Rachel Azarías, representante del partido centrista
Kulanu, ha presentado de nuevo el proyecto de ley que de aprobarse autorizará a
Israel a confiscar tierras y propiedades pertenecientes desde hace siglos a la
Iglesia y que ésta tiene alquiladas a entidades e individuos israelíes en
Jerusalén Occidental. Este proyecto fue retirado tras la crisis surgida hace
cuatro meses entre la Iglesia y el Estado hebreo, que causó el cierre temporal
de la Iglesia del Santo Sepulcro.

La nueva presentación del proyecto de ley, que ha cambiado de nombre, retira de
sus disposiciones la referencia explícita a los bienes de la Iglesia. Las
negociaciones en torno a estse asunto comenzaron esta semana con los
representantes de la Iglesia ortodoxa y los inversores privados que alquilaron
estos bienes en cuestión, así como representantes del Ministerio de
Finanzas y delegados de la Administración de Tierras de Israel.


Los
patriarcas de las tres iglesias cristianas presentes en los territorios
palestinos han dirigido ayer lunes una misiva al primer ministro israelí
Benjamin Netanyahu en la que le exigen la suspensión del relanzamiento de este
proyecto de ley que pretende confiscar tierras que son de su propiedad. Esto
ocurre cuatro meses después del estallido de la crisis que llevó al cierre
temporal de la Iglesia del Santo Sepulcro. Los bienes en disputa, que están
situados en Jerusalén Oeste, habían sido alquilados a la iglesia a entidades
sociales israelíes por un periodo de 99 años, e incluyen más de mil casas
alquiladas ahora a ciudadanos israelíes. Posteriormente, la Iglesia decidió
vender estos bienes a otras personas antes de la finalización del periodo de
arrendamiento, lo que implicará un desalojo de estos residentes israelíes de
estas residencias tras acabar el mismo.
Los
patriarcas de las iglesias árabes de Israel califican en su misiva el proyecto
de ley que autoriza a Israel la confiscación de estos bienes propiedad de la
iglesia como “vergonzoso”, y afirman en la misma que esto supone la
confirmación de un “ataque sin precedentes contra la población cristiana de
Tierra Santa”. También denuncian que “algunos miembros del gobierno de Israel
intentan promover el racismo y la división y socavar el statu quo al atacar a
la población cristiana utilizando consideraciones populistas”.



El
proyecto de ley, en caso de ser aprobado, concedería al Estado de Israel el
derecho a “la confiscación de las tierras alquiladas por los organismos
cristianos en Jerusalén a cambio del pago de indemnizaciones”.  En
esencia, ello implica que el Estado israelí podría confiscar estos bienes en
disputa o que podría forzar una extensión del periodo de arrendamiento entre
ambas partes.


La
miembro de la Knesset Rachel Azarías ha dicho que el relanzamiento de este
proyecto de ley se ha realizado en coordinación con la oficina del primer
ministro Netanyahu y el ministro Tzachi Hanegbi, que dirige un comité encargado
de resolver la crisis previa con la iglesia cristiana. Mientras tanto, el
diario Haaretz, basándose en fuentes del gobierno israelí, dice que la
abolición de esta ley depende del posible avance de las negociaciones entre la
Iglesia y los inversores sobre esta renovación o ampliación del contrato de
arrendamiento por un período adicional. De ello se infiere un intento obvio por
parte del gobierno israelí de poner a la Iglesia entre la espada y la pared en
lo que a estos bienes en disputa en Jerusalén Oeste se refiere para forzar así
una renovación o ampliación de estos contratos, al obligar a la Iglesia a
elegir entre esa ampliación “pactada” de los mismos y la pérdida de esas
propiedades por confiscaciones a golpe de decreto.