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América Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible

María R.
Sahuquillo, El Pais, 14 JUN 2018

El 90% de
las mujeres de la región viven en países que restringen la interrupción del
embarazo. El veto conduce a prácticas clandestinas e inseguras
Manifestación
contra la despenalización del aborto en Argentina, este miércoles en Buenos
Aires. David Fernández EFE

A la
dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada
de siete semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían
en peligro la vida del feto. Murió a los 16 años. A los 19, Ida quedó encinta
tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicaragüenses
le impidieron abortar, y la joven, con discapacidad intelectual, se vio forzada
a dar a luz. Teodora
cumplió casi 11 años de cárcel en un penal de El Salvador
, condenada
tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. Y
sus casos se repiten constantemente en América Latina, una región en
la que se concentran los países con algunas de las legislaciones más severas
del mundo en materia de derechos reproductivos

Alrededor
del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive
en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras,
Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám—, la interrupción voluntaria
del embarazo está completamente prohibida. No se permite ni siquiera para
salvar la vida de la mujer, como en el caso de Rosaura —conocida como ‘Esperancita’—.
Otros ocho
Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer
,
y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y
Chile, por ejemplo) y anomalías fetales graves. Se cuentan por decenas las
presas por abortar; por miles las obligadas a seguir con la gestación o las
forzadas a recurrir a un aborto clandestino; y por cientos las muertas por la
negativa de los sanitarios a interrumpir su embarazo, como denuncian las
organizaciones de derechos humanos.
“Está
claro que en la mayoría de países de Latinoamérica la vida de las mujeres tiene
poco valor o ninguno”, lamenta Morena Herrera, histórica activista y miembro de
la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Para las
organizaciones de derechos civiles, la despenalización aborto en tres casos en
Chile (riesgo para la vida de la mujer, violación y anomalías fetales) el año
pasado fue una gran esperanza, como lo ha sido Argentina, que este
jueves ha dado un paso clave hacia la legalización de esta intervención
sanitaria.
Pasos que pueden ir transformando la realidad de un
continente ultraconservador y con un problema descomunal de desigualdad de
genero.
En El
Salvador, las organizaciones de mujeres llevan años tratando de sacar adelante
una ley que permita el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer,
violación o anomalías fetales graves. Aún no han logrado que se debata, pese a
las críticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que considera que
legislaciones como la salvadoreña son un riesgo para la salud y la vida de las
mujeres.
El 
pequeño país centroamericano es para muchos uno de los ejemplos más extremos

de lo que supone la prohibición total de esta prestación sanitaria. En este
país hay al menos una veintena de mujeres presas condenadas por homicidio
agravado por delitos relacionados con el aborto, aunque en la mayoría de los
casos alegaron una pérdida involuntaria. Muchas, ni
siquiera sabían que estaban encintas.
Como Imelda, de 19 años y
presa desde hace casi dos en una cárcel del Oriente del país. La joven, violada
por su padrastro, desconocía que estaba embarazada hasta que se puso de parto
en la letrina de su casa. La criatura vivió, pero los médicos que atendieron a
Imelda la denunciaron. La joven pasó del hospital a la cárcel, acusada de
intento de homicidio. Un equipo de abogadas ha recurrido el caso.

La
prohibición de abortar, además, no ha hecho disminuir estas intervenciones.
Sólo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos e inseguros,
como concluyen dos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del
Instituto Guttmacher publicados en la revista especializada
The Lancet en 2012 y 2017
. Y son casi siempre las mujeres más pobres
las que se ven afectadas por el veto. “Las ricas salen del país para abortar,
las pobres recurren al aborto clandestino o se ven obligadas a seguir adelante
con el embarazo”, denuncia la activista Cari Gaviria. Su país, Nicaragua,
prohibió el aborto totalmente en 2006; una vuelta atrás que las organizaciones
de derechos humanos consideran dramática.
La severa
restricción del aborto supone un
grave problema de salud pública.
Al menos el 10% de las muertes
maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y
anualmente, unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por
complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas, apunta un estudio
publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.
Internet
y las redes sociales han facilitado el acceso al aborto farmacológico a muchas,
aunque sea adquirido en el mercado negro. También al asesoramiento de organizaciones
especializadas a través de la Red. Sin embargo, en las zonas rurales y las
mujeres con menos recursos se ven empujadas a usar métodos peligrosísimos, como
introducirse una sonda en la vagina, o ácido; o a ingerir medicamentos o
preparados en casa fuera de cualquier control.
Coincide
además, denuncia Herrera, que los países donde
el aborto está restringido o totalmente prohibido
, el acceso a los
anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso está limitado. Tanto, que
alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el
Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepción moderna —aquella no
basada en métodos considerados naturales o tradicionales—, según cálculos de la
ONU con datos de 2017.
Y la
despenalización tampoco es garantía en algunos lugares. Como en Costa Rica,
donde la ley técnicamente permite abortar por riesgo para la salud de la embarazada,
pero en la práctica el acceso a la intervención es casi imposible en la sanidad
pública, alerta la abogada experta en Derechos Humanos Larissa Arroyo
Navarrete. “Las mujeres se ven impedidas de acceder a la interrupción
terapéutica del embarazo debido a los prejuicios del personal de salud, a la
deficiente formación profesional técnica, médica y jurídica, y a la cultura
institucional de los servicios de salud”, reclama Arroyo Navarrete.
Es lo que
les ocurrió a Ana y Aurora, a quienes se impidió abortar pese a estar
embarazadas de fetos con anomalías incompatibles con la vida y alegar riesgo
para su salud física y mental. Ambas han denunciado a Costa Rica ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y aguardan sentencia o un acuerdo.
Esa
institución ya ha condenado a otros países por situaciones similares. Como a
Perú, que no solo obligó a una joven de 17 años encinta a seguir con el
embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) sino que también la forzó a
lactar los cuatro días que permaneció con vida tras el parto. La chica,
conocida como K. L. aún hoy arrastra las consecuencias de lo que vivió. Lo
considera una tortura.