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La Iglesia católica, incapaz de librarse del estigma de los casos de abusos sexuales

Jesús
Bastante, El Diario, 10/05/2018

La
coincidencia de la petición de 66 años de cárcel para el líder de los
Miguelianos, el cierre del caso Romanones o el juicio al cardenal Pell
evidencian cómo las agresiones siguen marcando a la institución. En España, aun
hoy, es imposible cuantificar la verdadera magnitud de los abusos a menores en
la Iglesia. Está claro es que la Iglesia española no ha hecho casi nada para
que las víctimas se sientan acogidas y atendidas, dice el investigador Juan
Ignacio Cortés
El líder
de los “miguelianos” vuelve al juzgado EFE

Miguelianos,
Romanones, Astorga… El sexo sigue persiguiendo a la Iglesia católica. En
España, y el resto del mundo. También en el Vaticano donde, pese a los intentos
del papa Francisco, se sigue poniendo trabas al fin de los abusos y la dinámica
de silencio. En España, a pesar de los focos que se han ido poniendo, todavía
es imposible conocer la dimensión exacta de este problema

En los
últimos días, distintas noticias han vuelto a traer al primer paso las causas
de las víctimas de la Iglesia. Así, el miércoles pasado, la Fiscalía de
Pontevedra ha solicitado una pena de 66 años de prisión para el líder de los
Miguelianos, Miguel Rosendo,
acusado de delitos de asociación
ilícita, agresión sexual, abusos sexuales continuados y coacciones.
Según el
escrito de la acusación, Rosendo fundó la asociación Orden y Mandato de San
Miguel Arcángel “con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para
someterlos a su voluntad, por el uso de violencia o intimidación mediante
técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva, bajo la excusa
de la religión que profesaban, y así satisfacer tanto sus deseos sexuales como
ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo”. En la causa, afirma el
Ministerio Fiscal, ha de incluirse al Obispado de Tui-Vigo como responsable
civil subsidiario, pues Rosendo “encontró el cobijo del aparato oficial de
la Iglesia Católica en el Obispado”.
Pocos
días antes, se ponía el cierre al caso Romanones, después de que el Tribunal
Supremo admitiera la apelación de Daniel y le librara del pago de las
costas. El padre Román no fue condenado por los hechos de Granada pero, tal y
como a punta el Alto Tribunal, no existió “mala fe o temeridad” en el
denunciante, por lo que corrige el fallo de la Audiencia Provincial de Granada,
que condenaba a Daniel al pago de las costas del juicio. Aunque no entra en el
fondo de lo juzgado por la Audiencia Provincial, el Supremo indica que la
absolución del padre Román no implica que “la imputación sea falsa”.
Se cierra
así el último capítulo de un proceso que motivó la intervención del papa
Francisco y que permitió que otras víctimas de abusos, como los de Astorga o
del caso ‘Gaztelueta’ se atrevieran a poner sus denuncias en manos de la
Justicia. El caso Romanones sirvió, además, para que la Iglesia española
abriera sus protocolos de actuación, aprobados en 2010 pero que no se hicieron
públicos hasta que eldiario.es los
publicara en 2015.
Y es que,
a día de hoy, en España, es imposible cuantificar la verdadera magnitud de los
abusos a menores en la Iglesia. En las próximas semanas, la editorial San Pablo
publicará Lobos con piel de pastor, escrito por el periodista Juan Ignacio
Cortés, y que supone la primera investigación periodística sobre la pederastia
en la Iglesia española.
Para su
autor, “se conocen públicamente cincuenta casos de abusos de menores
a manos de sacerdotes, pero se estima que podrían ser muchos más. Lo que sí
está claro es que la Iglesia española no ha hecho casi nada para que las
víctimas se sientan acogidas y atendidas”. En su opinión, “la Iglesia
española no está dando muchos pasos en esta dirección. Sus directrices para
afrontar los casos de abusos son realmente pobres y defensivas. No hablan casi
de las víctimas y sí de las posibles consecuencias jurídicas de sus
denuncias”.
“Muchas
personas que han sufrido abusos sexuales de manos de sacerdotes y que han
acudido a la Iglesia española en busca de acogida y justicia se han visto
decepcionadas. Hay algunos signos de cambio de actitud, pero demasiado
tímidos como para considerar que se ha operado una verdadera conversión en este
terreno”, sostiene el periodista.
Sin
arrepentimiento
Quien no
ha dado muestras de dicha conversión es el cardenal australiano George Pell, quien
esta semana conoció que, finalmente, será juzgado por abusos a menores en su
país de origen. La relevancia del caso estriba en que Pell es el eclesiástico
de mayor rango en la historia de la Iglesia católica en tener que rendir
cuentas ante la justicia.
Pese a
estar en excedencia, Pell es el máximo responsable de las finanzas del
Vaticano, una suerte de superministro de Economía. En la práctica, el número 3
del Vaticano… y una china en el zapato de Francisco, quien confió en el
purpurado para acometer las reformas en materia financiera y ahora ve cómo uno
de sus principales colaboradores podría ser condenado por encubrimiento, pero
también por posibles abusos durante dos décadas.
Un Papa
que, pese a todo, sigue empeñado en que las víctimas vuelvan a confiar en la
Iglesia. Así, esta semana ha recibido en la residencia papal a los tres
denunciantes de Fernando Karadima, el sacerdote chileno cuyos abusos han hecho
estallar a la Iglesia de ese país. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José
Andrés Murillo, que sufrieron abusos cuando eran niños, se atrevieron a
denunciar a Karadima, hoy condenado a reclusión perpetua por la Justicia
canónica. El caso no se pudo juzgar por lo civil, pues había prescrito, algo
que no volverá a pasar pues ayer mismo el presidente de Chile, Sebastián
Piñera, anunció un proyecto de ley para que este tipo de delitos no prescriban.
Durante
su encuentro con Francisco, las víctimas denunciaron el papel de la Iglesia
chilena, que ha sido llamada a consultas por el Papa dentro de dos semanas, y
reclamaron “acciones ejemplares y ejemplarizantes” para poner fin a
la lacra de los abusos y la ocultación. Bergoglio les pidió perdón, en su
nombre y en el de la Iglesia. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos.