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Cuando el cáncer se trata por Skype: sanidad ‘low cost’ en las cárceles de EEUU

José
Gallego Espina, El Español, 16 mayo, 2018

Las
prisiones norteamericanas tratan de mejorar y abaratar una atención médica que
no evita que la mayoría de presos muera por enfermedad o suicidio, incluso
antes de ser condenados.

Vista
exterior de una cárcel de Carolina del Sur. Reuters
Doce
muertes entre rejas cada día, muchas de ellas de personas aún a la espera de
una condena firme. Ser sentenciado o confinado a una prisión en Estados
Unidos no sólo supone perder la libertad. La salud también puede estar en juego
si la cárcel a la que te asignan está alejada de un hospital decente o si el
centro carece de recursos suficientes para controlar el estado de los presos.
Como casi siempre en este país, todo depende del estado en que nos encontremos
e, incluso, del condado, ya que el sistema penitenciario norteamericano no es
uniforme.
En este
país existen presidios federales, estatales, correccionales de condados y otras
variedades, ofreciendo cada una de ellas unos estándares de calidad dispares y,
en ocasiones, discutibles, sobre todo en lo que se refiere a la atención médica
de los reos, muchas veces privatizada. El ejemplo más reciente lo encontramos
en el estado de Arizona, que acaba de recibir una advertencia federal de
posibles sanciones si no mejora los servicios sanitarios que presta a sus
reclusos.
Como
alternativa al elevado coste que acarrea atender a los presos en un país
geográficamente inmenso, donde el derecho a la sanidad ya es de por sí un
problema para la población libre, muchos centros penitenciarios están
aprovechando la tecnología reducir este gasto y mejorar sus servicios a través
de la telemedicina. Sin embargo, eso de ser diagnosticado y tratado vía Skype
no convence a todos.
Para
conocer la situación actual de muchos encarcelados, volvamos a dirigir nuestra
atención a Arizona, donde las cárceles estatales podrían enfrentarse a multas
federales de prosperar una investigación judicial iniciada gracias a la
denuncia de una doctora exempleada de la compañía que brinda atención sanitaria
a los presos. Esta médica ha acusado a su antigua empresa de retener
deliberadamente los tratamientos y medicinas que necesitaban algunos enfermos
para reducir costes. Y no es la primera acusación de este tipo en este estado.
Neil
Wiles es un recluso con sida en una cárcel de Arizona. Su caso ha ayudado a
sacar a la luz la situación. En una entrevista en la radio pública,
este reo denunciaba que no se le administra correctamente su tratamiento. “Tomo
tres tipos de medicamentos que deben ser administrados juntos o no sirven de
nada”, explicaba el enfermo, que asegura que algunos días le llegaba sólo una
pastilla y que no había tenido acceso a un especialista en meses.
Quejas
como ésta no son puntuales. En el año 2012, 33.000 presos ya presentaron una
demanda contra el estado de Arizona que terminó en un acuerdo entre las partes
que se debía traducir en mejoras en los servicios sanitarios. Sin embargo,
ahora el problema vuelve en los tribunales. Según las denuncias de los
afectados, la empresa adjudicataria no contrata a suficiente personal ni
especialistas para llegar a todos los pacientes.
La
doctora que ha sacado nuevamente a la luz los problemas del sistema
penitenciario de este estado es Jan Watson, quien asegura que no había visto
algo así en toda su carrera. Según recoge la NPR, incluso sus peticiones
urgentes para prisioneros con ataques cardíacos eran rechazadas por la
empresa. La médica ha proporcionado correos electrónicos y otras pruebas
que ahora servirán de base para la investigación de la que se hará cargo un
juez federal.
La
factura de la visita
Para
evitar situaciones de ese tipo, las administraciones penitenciarias se ven
obligadas a invertir fondos en personal médico y recursos. Esto es especialmente
costoso teniendo en cuenta que las cárceles a menudo están ubicadas en áreas
rurales alejadas de los hospitales donde se encuentran los especialistas.
Organizar una simple visita a un oncólogo o un psiquiatra supone para muchas
prisiones movilizar un equipo de vigilancia que acompañe al reo, lo que dispara
la factura y puede desincentivar que compañías como la de Arizona se animen a
responder a cada alerta médica.
Algunas
administraciones penitenciarias han visto en la tecnología una oportunidad de
abaratar costes y mejorar el servicio sanitario. Una simple videoconferencia
puede permitir que los encarcelados tengan acceso a médicos sin tener que
abandonar las instalaciones donde cumplen su pena, especialmente en casos
relacionados con enfermedades mentales.
Pero esto
de la telemedicina no es algo nuevo y, hasta ahora, los resultados han sido muy
desiguales. Florida fue el primer estado en experimentar con esta tecnología en
prisión, presentándola en las cárceles estatales a finales de la década de
1980. No obstante, se trataba de un sistema primitivo y costoso que no cuajó.
Otro
estado del sur, Texas, comenzó a usarlo en sus cárceles a principios de la
década de 1990. Entonces el rudimentario equipo audiovisual y la poca velocidad
en el envío de los fotogramas producían imágenes deficientes que impedían a los
médicos realizar un diagnóstico acertado. Sin embargo, pese al poco éxito
inicial, desde entonces la tecnología ha avanzado y se ha abaratado.
Ahora una
unidad de telemedicina estándar, que incluye una pequeña consola de audio, una
cámara de vídeo y un monitor, cuesta menos de 2.000 dólares, un precio que
puede multiplicarse por cuatro si se incorporan aparatos auxiliares
como estetoscopios u otoscopios especiales con capacidad de enviar imágenes. No
obstante, esta cantidad puede llegar a compensar si se compara con los gastos
de derivar pacientes hacia hospitales.
Sin
embargo, los centros que ya utilizan este sistema aseguran que la telemedicina
no sustituye la atención primaria. Según explican la mayoría de empresas
dedicadas a prestar este servicio, los médicos de prisiones examinan in situ a
los pacientes y, en caso de identificar una posible afección que requiera un
especialista, se hace uso de la videoconferencia. El doctor de atención primaria
permanece junto al reo para ayudar a su examen. Si después de la sesión se
estima necesario una prueba presencial, ésta se programa, según asegura Ross
MacDonald, director médico del Health + Hospitals / Correctional Health
Services de Nueva York. “Esto no pretende reemplazar las visitas en persona,
sino complementarlas”.
Aunque no
todos lo ven tan claro. Algunas organizaciones de defensa de los derechos de la
población reclusa han alertado del creciente uso de la telemedicina, tal y como
recoge la publicación
sanitaria KHN
.
Críticas
al Skype
La
Fortune Society, una organización sin ánimo de lucro de apoyo a los presos,
avisa de que este sistema, pese a ahorrar costes, incrementa el aislamiento de
los reclusos. Su vicepresidente, Khalil Cumberbatch, que también pasó por los
centros correccionales, considera que se “está eliminando el contacto con el
mundo exterior”. A su juicio, “el nivel de compromiso [de los médicos] se puede
reducir cuando se hace el diagnóstico a través de una pantalla”.
El Centro
para la Salud de los Presos y los Derechos Humanos tampoco lo tiene claro. Esta
organización considera que la telemedicina no resuelve los problemas frecuentes
en las cárceles, como son la respuesta en atención primaria o el seguimiento
adecuado de los casos.  “Nuestra esperanza es que los ahorros obtenidos de
la telemedicina se destinen a una mejor atención y diagnóstico, facilitar el
acceso a la medicación a los servicios terapéuticos”, sostiene su director,
Bradley Brockman, que no obstante recalca que este sistema abre las puertas a
que los presos reciban una  atención de especialistas que de lo contrario
tendrían más difícil.
Uso
prioritario en psiquiatría
A pesar
de estas reticencias, el uso de este sistema se va extendiendo progresivamente
por un país que, por otra parte, no garantiza la atención médica a toda su
población de rejas para afuera. Una encuesta realizada por
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la atención
médica en la prisión en 2011 concluyó que al menos 30 estados ya usaban esta
técnica, mayoritariamente para psiquiatría (62,2%) y la cardiología (26,6%),
según la investigación que se publicó en 2016.
El
resultado, más allá de los supuestos beneficios para el reo, son también para
el contribuyente. Texas tiene la mayor población carcelaria del país, con más
de 150.000 reclusos y es uno de los estados donde más se usa la telemedicina,
más de 125.000 consultas al año. Además, se practica desde hace décadas.
Aproximadamente tres cuartas partes de las visitas son para salud mental o
atención primaria. Según un informe
de Pew Charitable Trusts, este estado gastó 3.805 dólares por preso en atención
médica en 2011, en comparación con un promedio nacional de 6.047 dólares. Casi
un 40% de ahorro.
“Debido a
que la telemedicina es menos costosa, existe una tendencia a usarla de manera
excesiva e inapropiada. No se usa como un complemento para el personal sino
como un sustituto”, opina David Fathi, director del Proyecto de Prisión
Nacional de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, que defiende que si bien la
telemedicina puede mejorar el acceso a la salud, con demasiada frecuencia se
usa para sustituir a un personal médico inadecuado en las cárceles.
Morir
antes de la condena
Más allá
de debates éticos o económicos, están los datos. Su interpretación deja poca
duda de que existe un problema. Cada día mueren 12 presos en EEUU, es decir,
4.446 al año sin contar con las ejecuciones, según las últimas
estadísticas
disponibles del Departamento de Justicia, que sitúa el
número de reos total en más de dos millones.
La
mayoría de los fallecimientos ocurren en las prisiones estatales, que poseen la
mayor población reclusa, aproximadamente la mitad de todo el país. Aquí la
primera causa de muerte es el cáncer, seguida de los problemas de corazón y
otras enfermedades. En los centros locales, en cambio, la principal razón es el
suicidio -sin que en este dato se tenga en cuenta el estado de salud mental del
suicida-, seguido de los problemas de salud. En este último caso, resulta más
que llamativo que el 70 por ciento de los presos que perdieron la vida no
estaban aún condenados.