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Paraguay, donde la fe le gana la batalla a los derechos humanos

Enrique
Anarte, DW, 20.04.2018

Este
domingo se celebran elecciones en un país en el que la religión es cada vez más
influyente en la esfera política. Feministas y activistas LGBTI temen que la
situación vaya a peor.
Como
muchas otras ciudades del mundo, Asunció se tiñó de morado el pasado 8 de marzo
para protestar contra el machismo y exigir la igualdad de género
El
progreso no es un camino de una sola dirección. Cada vez son más los países
que, progresivamente, van reconociendo a las personas LGBTI (lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales) el derecho a ser libres e iguales a
cualquier ser humano. Derechos humanos, como reconocen ya numerosas
organizaciones internacionales, entre ellas, Naciones Unidas. En el mismo
sentido, el movimiento feminista poco a poco va revirtiendo siglos de historia
de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Pero no en
Paraguay. Aquí la religión, o al menos ciertas interpretaciones radicales de la
fe cristiana, lleva tiempo ganándole la batalla a los derechos.
 
Las
alarmas llevan meses sonando. En el país con mayor porcentaje de personas que
profesa la fe de toda América, la influencia de las iglesias, sobre todo de la
católica y la evangélica, en la esfera política son evidentes. La gota que
colmó el vaso fue cuando, en octubre del año pasado, el ministro de Educación
paraguayo se plegó a las demandas de los religiosos y prometió “quemar los
libros” sobre “ideología de género” en una plaza, para ganarse su confianza.
La polémica que generaron estas declaraciones le llevó a argumentar, horas
después, que solo exageraba. Aunque no decepcionó a los religiosos: al día
siguiente prohibió la “difusión y utilización de materiales impresos o
digitales referentes a la teoría y/o ideología de género” en todo el sistema
educativo.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos calificó la medida de “retroceso”,
tanto para las mujeres y las personas LGBTI como para la educación de niños y
niñas, e instó a Paraguay a dejar sin efecto la prohibición. Asunción, sin
embargo, hizo oídos sordos al llamado.
Varios
países latinoamericanos
han reconocido ya
el matrimonio igualitario
“El
fenómeno es similar al de otros países de la región, solo que en Paraguay la
avanzada es mucho más fuerte, porque el discurso se da desde el propio
gobierno”, explica en una entrevista con DW la directora ejecutiva de Amnistía
Internacional en Paraguay, Rosalía Vega. En efecto, otros países
latinoamericanos han experimentado un fuerte auge de movimientos
ultrarreligiosos, principalmente evangélicos, con una gran capacidad de
movilización social y política. Abanderan la lucha una supuesta “ideología
de género”, lo que en la práctica significa que se oponen a cuestiones como la
legalización del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este
último asunto fue el que catapultó al predicador Fabricio Alvarado a la segunda
ronda de las elecciones presidenciales de Costa Rica, si bien fue finalmente
derrotado por un candidato favorable al matrimonio igualitario
.
El ámbito
educativo no es el único en el que las iglesias, unidas en una plataforma con
una agenda conservadora, han logrado imponer su perspectiva en Paraguay. Vega
cuenta cómo lograron que se retirase el término “género” de una ley de
protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia:
“Lograron demonizar esa palabra en nuestro país”. Y ahora su objetivo es
ganar las elecciones, sea cual sea la alternativa política que tenga éxito.
Retroceder
desde la casilla de salida
Este
domingo (22.04.2018), la ciudadanía paraguaya acudirá a las urnas para elegir
presidente y representantes parlamentarios. El oficialista Mario Abdo Benítez,
del conservador Partido Colorado, y Efraín Alegre, de la opositora Alianza
Ganar, se disputan la presidencia. Desde las asociaciones LGBTI paraguayas
lamentan que ninguno de los dos defienda los derechos humanos de este grupo
social. El primero ya tiene una larga trayectoria en defensa de los valores
cristianos tradicionales. El segundo, que teóricamente representa a sectores
progresistas, firmó la semana pasada un compromiso con las iglesias para
proteger “la familia conformada por el hombre, la mujer y los hijos”.
Los
activistas LGBTI alertan sobre el alto número de asesinatos de personas trans,
especialmente de mujeres trans que ejercen la prostitución

Desde
Amnistía critican este discurso homófobo y machista. “Nosotros defendemos
la vida y la familia, pero de todas las personas. Quienes sostienen este
discurso solo pretenden defender los derechos de algunas familias”, sostiene
Vega. En su opinión, además, las iglesias están aprovechando la polarización
social que generan estas cuestiones para situarlas en el centro del debate
público y dejar de lado otros problemas más importantes, como el embarazado
forzoso de las niñas o el asesinato de mujeres trans en las calles.

“Es
un retroceso respecto a los pocos pasos que el Paraguay pudo dar”, incide la
activista. El país sigue siendo el único de toda América Latina que carece por
completo de legislación contra estas formas de discriminación. Por otra parte,
su sistema educativo sigue en la cola de la clasificación de 140 países
evaluada por el Foro Económico Mundial.
El Estado
da la espalda a los derechos humanos
Simón
Cazal, que dirige la importante ONG Somosgay, cree que las iglesias evangélicas
“muy bien financiadas” están detrás de esta radicalización de las
actitudes religiosas, mientras que las católicas suelen ser “más
tolerantes y menos agresivas” contra las personas LGBTI. Aunque, en cualquier
caso, en esta partida juegan en el mismo equipo.
Cazal
subraya a DW cómo la connivencia de las autoridades resulta en una
“validación social” de las actitudes discriminatorias. Según relata, las
candidaturas independientes se han visto presionadas a suscribir estas
posturas, de forma que ahora mismo son solo algunos partidos situados a la
izquierda del espectro político los que defienden los derechos de las minorías
sexuales. Todo apunta, por tanto, a que no tendrán muchos aliados en el
Parlamento.
En este
contexto, la directora paraguaya de Amnistía Internacional confía en que, una
vez pasadas las elecciones, la situación pueda volver a encauzarse. Vega
critica igualmente a los poderes públicos: “Los que están en el poder no
están asumiendo la responsabilidad de que ellos son los garantes de los
derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción y anteponen a ese
rol que les corresponde como estado sus convicciones religiosas”.
Pese a
que la visibilidad puede suponer un peligro para la propia integridad física,
el colectivo LGBTI paraguayo no pierde la oportunidad de reivindicar el derecho
a ser y amar libremente en las calles
Optimismo
frente al odio
Está por
ver, no obstante, si las plataformas religiosas enterrarán sus estandartes de
combate tras los comicios. Y qué rol jugarán los representantes públicos.
Cazal, en cualquier caso, se niega a que le roben el optimismo. Aunque las
cúpulas políticas cedan a las presiones de estas confesiones, aunque el
escenario parezca cada vez más adverso, la sociedad paraguaya ha cambiado mucho
en los últimos años. “A nivel social hay muchos cambios que no se pueden
deshacer de un plumazo”, afirma convencido.
Y es que
el activista no llega a las cuatro décadas de edad, pero guarda el recuerdo de
tiempos peores. “Antes éramos dos o tres, y el precio personal que
pagábamos era muy alto”, rememora Cazal. Ahora, cuenta emocionado, cada vez son
más los de jóvenes LGBTI, así como de chicas feministas, que trabajan día a día
por la igualdad, en multitud de rincones del país. El progreso no cae del
cielo, sino que se labra: “No es la primera vez que vemos retrocesos
sociales o políticos como estos, ni será la última”.