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Divulgan plan de gobierno británico para expulsar a migrantes

Prensa Latina, 20 abril 2018

La
titular británica de Interior, Amber Rudd, prometió expulsar a más de cuatro
mil migrantes ilegales cada año en carta enviada a la primera ministra Theresa
May en 2017, develó hoy el diario The Guardian.

Londres –
Según el rotativo, en el documento de cuatro páginas Rudd asegura que
supervisaría el incremento de los controles y las acciones para lograr la
salida obligada o voluntaria de una cifra de indocumentados un 10 por ciento
superior a la de los expulsados por May cuando ocupaba ese cargo.



‘Los
migrantes ilegales y todo el mundo deben saber que nuestro sistema tiene
dientes y que si no lo hacen por decisión propia, los obligaremos a irse,
aunque tengamos que detenerlos.
Por eso,
reorientaremos el trabajo y nos concentraremos en las expulsiones forzadas’,
señala un fragmento de la misiva publicado por el diario.


El texto
es divulgado poco después de que se conociera que más de 50 mil personas
originarias de países miembros de la Mancomunidad de Naciones fueron amenazadas
con una posible deportación, pese a vivir durante décadas en el Reino Unido.


May pidió
disculpas el martes a las naciones caribeñas representadas en la cumbre de esa
organización por el maltrato a ciudadanos de esa región residentes en este país
desde 1948.


Desde ese
año hasta 1971, miles de migrantes, incluidos niños, arribaron a territorio
británico para cubrir la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial y
en la actualidad son conocidos como la generación Windrush por el nombre de la
embarcación en que llegó el primer grupo.


Luego de
más de cinco décadas viviendo y trabajando en esta nación, la estabilidad de
esas personas y de sus hijos se vio interrumpida por reformas impulsadas por
May en 2012, cuando era ministra de Interior.


Tras el
recrudecimiento de las leyes migratorias, muchas de ellas fueron consideradas
ilegales y se les exigió pruebas documentales por cada año de permanencia en el
Reino Unido.


Al no
poder demostrar lo anterior y ante la ausencia de registros oficiales,
perdieron su trabajo y el acceso a servicios básicos, además de ser deportados
o amenazados con esa medida.


Rudd
también aseguró lamentar que su Ministerio ‘olvidara el lado humano del asunto,
se preocupara demasiado por la política y tratara de manera horrible a esas
personas’.


Además,
anunció la creación de una comisión especial para solucionar el problema de
manera rápida.