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“Tenemos armas y sabemos dónde está tu familia”: se multiplican las amenazas a los constitucionalistas

Ana I.
Gracia y María Peral, El Español, 27 marzo, 2018

La
escalada violenta en Cataluña ha provocado que Interior redoble la seguridad a
cargos que sienten “preocupación” por las intimidaciones que reciben.
Fachada
de los juzgados de Girona.
La deriva
violenta de un sector del bloque
independentista
ha hecho saltar todas las alarmas en el Ministerio
del Interior, que tras la detención
de Carles Puigdemont
 ha activado un plan para redoblar la
seguridad a políticos, jueces y fiscales que defienden con su trabajo diario la
Constitución. Un plus de garantía que se extiende, en algunos casos,
también a familiares, señalados igualmente por los más violentos.
 
Con la
entrada en prisión de los principales líderes del procés, las amenazas de
muerte hacia quienes defienden la unidad de España se han multiplicado.
Solo en un día, el líder de un partido constitucionalista ha
recibido más de una decena de mensajes -en Twitter y Facebook- en
los que le advertían de que acabarían con su vida.
Estas
amenazas y todas las que reciben los políticos están siendo puestas en
conocimiento de los Mossos y de la Policía Nacional para que actúen en
consecuencia. Los afectados se sienten protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero no pueden evitar sentir
“preocupación” ante la escalada de agresividad que se respira en las
calles y en las redes. 
“Tenemos
armas y sabemos dónde está tu familia”. La amenaza le llegó a través de Facebook. La
víctima prefiere permanecer en el anonimato: “Ya está la Policía con
ello”.
Un
diputado catalán describe la situación que se respira entre nacionalistas y
constitucionalistas con un detalle muy gráfico: “Paseaba por mi barrio
hace unos días y unos vecinos de toda la vida que pasaban por mi lado me
negaron por primera vez el saludo. Y son personas normales. Por eso inquieta
cómo pueda reaccionar cualquier exaltado”.
La
situación límite que se vive ha provocado que muchos catalanes ya hayan dejado
de hablar a quien piensa distinto, haciéndose evidente la fractura social y de
convivencia. La propia líder de Cs, Inés Arrimadas, pidió en el pleno
del sábado a los diputados separatistas que, al menos, “saluden en
los pasillos
” del Parlament.
Diferenciar
entre “buenos y malos”
Los
constitucionalistas dicen que la progresión de la tensión se percibe en el
propio lenguaje: “Antes se referían a nosotros, los que defendemos la
unidad de España, como los fachas”. Desde los plenos del 6 y 7 de
septiembre, cuando se aprobó la desconexión, caló la referencia a dos
bandos: “Los buenos, que son ellos, y los malos, los que defendemos las
leyes”. 
Puestos
en contacto con fuentes del PP, PSC y Cs, los tres partidos coinciden en que de
las “pintadas” habituales en las sedes se ha pasado a las
amenazas directas contra las personas y sus entornos más cercanos. Fuentes
socialistas reconocen que “en la Cataluña interior y en pueblos pequeños
donde los militantes están identificados” el acoso es “mayor”
que en las grandes urbes. Antes del referéndum del 1 de octubre, por ejemplo, hubo
quien se encontró debajo de la alfombra de su casa papeletas para votar. 
En Cs,
además de escraches, han recibido más de una treintena de ataques en sedes. Los
ataques vienen de lejos. La primera vez que una afiliada fue agredida fue en
julio de 2013. En las fiestas de El Morell (Tarragona), Victoria Fuentes recibió
un puñetazo en la cara cuando se identificó como miembro del partido naranja.
La agresión  se denunció ante los Mossos d´Esquadra, pero en noviembre
atacaron su coche y le pegaron restos de excrementos en la puerta. 
Fuentes
no es la única que ha sufrido en sus propias carnes la ira independentista. El
portavoz de Cs en Hospitalet, Miguel García, sufrió una agresión en una
carpa en noviembre de 2016. Además del negocio de los padres de Albert
Rivera, la propia Arrimadas recibió un insulto  de una usuaria de Facebook que
le deseaba una “violación en grupo”. Otros cargos públicos y
trabajadores de PP, Cs y PSC han sido intimados y acosados.
Zoido
promete “especial protección”
Interior
ha anunciado este lunes que se pondrán refuerzos de protección en determinadas
instituciones. “Nuestro Estado de Derecho no va a ser amenazado por
nadie”, aseguró el ministro Juan Ignacio Zoido en rueda de
prensa, pero no quiso desvelar qué personas tienen ya “una especial
protección” ni indicar “qué tipo de protección” extra se les iba
a aportar. “Nosotros siempre atendemos y atenderemos todos los
requerimientos que de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nos hagan”,
señaló.
Las
actuaciones judiciales relacionadas con el procés han ido seguidas
frecuentemente de manifestaciones de protesta ante los juzgados. Ocurrió
con ocasión de los registros y detenciones ordenados el 20 de septiembre por el
titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio
Ramírez, que investiga la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Además, su
domicilio en Barcelona y una casa que alquilaba en verano en El Port de la
Selva (cuyo propietario no le renovó el alquiler) han sido objeto de
pintadas ofensivas. Es lo mismo que ocurrió el pasado fin de semana con
el juez Llarena en
un chalé próximo al suyo en Das (Gerona). 
El pasado
noviembre, unos desconocidos entraron en la segunda residencia que la exfiscal
jefa de Barcelona, Ana Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo,
causando distintos desperfectos.
Tuit
contra la familia de Llarena
Este
lunes, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado a
los Mossos d’Esquadra que investiguen quién está detrás de un tuit aparecido en
el perfil @csaune, en el que se afirma que “la mujer del hijo de puta de
Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial a
Vallvidrera (al lado del Observatorio Fabra). Vive en Sant Cugat (donde
viene el hdp los fines de semana). Hay que difundirlo porque han de saber que
no podrán ir por la calle a partir de ahora”.
 
Tuit
contra la esposa del juez Pablo Llarena./ María Peral

El fiscal
superior considera que el mensaje puede constituir un delito de amenazas o de
coacciones “puesto que de su texto no se desprende sino la intención
de provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en las personas que se
designan o la de impedirles o dificultarles su libertad de obrar”.
Bañeres
también ordena a los Mossos que disponga medidas para la protección personal
del magistrado y de su familia.